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El martes 21 de julio se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, y la Comisión Nacional Contra las Adicciones, mediante el cual se busca incluir a las fuerzas armadas en tareas de prevención de las adicciones. La meta es formar, en los próximos tres años, a  más de 770,000 promotores del servicio militar nacional, que asistirán a las comunidades a ejercer labores de prevención como parte del programa Súmate ENFA (Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones). (Foto: Notimex)

 

Preocupa la implementación de un programa que contradice otras declaraciones pronunciadas desde el Gobierno Federal mexicano, principalmente en foros multilaterales; el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, manifestó en el 57 periodo ordinario de sesiones de la CICAD que la postura de México es a favor de políticas públicas con un enfoque de salud, sin embargo dudamos que un programa que otorga tareas de prevención al ejército y la marina, lleve un enfoque de salud basado en evidencia.

 

Incluir a las instituciones encargadas de la seguridad nacional en tareas claramente de salud, es, por decir lo menos, cuestionable, no solamente por la naturaleza de las funciones de instituciones militares, sino porque se trata de instituciones golpeadas en términos de su legitimidad, por diversos eventos recientes en los que su participación ha sido duramente criticada por una parte importante de la opinión nacional e internacional, que les ha acusado de actos como tortura, desaparición forzada y homicidios. Incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el mercado de las drogas ilegales ha traído a México consecuencias sumamente costosas en términos de Derechos Humanos; parece poco congruente que ahora además se les pretenda incluir en labores de prevención

 

Creemos necesario que el cambio de enfoque que ha defendido el gobierno federal en foros internacionales se cristalice en políticas públicas reales; la atención de los usos problemáticos de drogas debe realizarse con un enfoque de salud, que incluya exclusivamente a las instituciones de salud, así como a las de la sociedad civil que dispongan de las capacidades técnicas e intelectuales para brindar servicios de prevención y atención. Plantear un objetivo que persigue “liberar” a una sociedad de las drogas, es más de lo mismo, es sesgado, claramente desactualizado de los objetivos internacionales e ignorante de lo que nos ha enseñado la historia: el uso de drogas es una realidad inextinguible.

 

En este sentido consideramos indispensable un reconocimiento de que no todos los usos son problemáticos de drogas, reconocimiento a partir del cual se construyan políticas que contemplen las múltiples realidades de los usuarios y que se enfoquen en reducir los riesgos y daños asociados a su uso. Es importante tomar el ejemplo de cada vez más naciones y estados que están optando por políticas de drogas abiertas, basadas en la evidencia científica, social e histórica, que promueven la investigación y las prácticas desde la salud y los derechos humanos, para lo cual, es muy importante mantener al margen a instituciones de militares que cuentan con un inmenso record de quejas por violaciones de derechos humanos.