Informe Drogas y DDHH

Resumen ejecutivo

Planteamiento y propósito

  • Las personas usuarias de drogas se encuentran en una situación adversa por el estigma y los prejuicios que enfrentan, los cuales están vinculados a la percepción dominante en la sociedad que relaciona las drogas con la enfermedad, la adicción y/o la delincuencia.
  • Este estigma se ha reproducido y reforzado en el contexto de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, las cuales han establecido un enfoque punitivo hacia el uso de estas sustancias cuando no es para fines médicos o científicos.
  • Se propone una reflexión desde la perspectiva de los derechos humanos, reafirmando que las personas usuarias son sujetos plenos de derecho, y que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover sus derechos, sin distinción alguna.
  • Se busca generar conocimiento especializado, actualizado y confiable sobre la situación de los derechos humanos de las personas usuarias de drogas; y se apela a la formulación de medidas legislativas y políticas públicas que garanticen una mayor protección.

 

Sobre el uso del vocablo droga y la dependencia a estas sustancias

  • La palabra droga se refiere a las sustancias psicoactivas o psicotrópicas capaces de actuar sobre el sistema nervioso central, y que pueden provocar una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones y/o la modificación de un estado psíquico.
  • Las sustancias psicoactivas son numerosas, su composición variable y sus efectos en las personas que las usan, también muy diversos; algunas son estimulantes, otras tienen efectos psicodélicos, otras más son de tipo depresores.
  • El uso de drogas no necesariamente implica la dependencia a éstas. No todas las personas que las usan se vuelven dependientes, ni necesitan tratamiento.

 

Tendencias sobre uso de drogas

  • En 2010, 5% de la población mundial de 15 a 64 años de edad había consumido drogas una vez durante ese año; 0.6% eran consumidoras habituales, y menos de 0.1% desarrollaban patrones de dependencia (Organización de los Estados Americanos [oea], 2013).
  • En México, 1.5% de la población de 12 a 65 años de edad consumió una droga ilegal por lo menos una vez durante 2011. La marihuana fue la droga de mayor consumo, seguida de la cocaína, los estimulantes de tipo anfetamina (eta), y los inhalables y alucinógenos. Se reporta un incremento de 0.6% a 0.7% en el total de personas usuarias con dependencia (Encuesta Nacional de Adicciones [ena] 2011).
  • En el Distrito Federal, la prevalencia es de 1.7%, por arriba del promedio nacional. En orden de prevalencia, el consumo de inhalables se encuentra en segundo lugar después de la marihuana, por encima de la cocaína, alucinógenos y eta (ena 2011).
  • En la población estudiantil, la prevalencia de consumo alcanza 18.2% con respecto al uso en el último año, muy por arriba del indicador observado en la población de 12 a 65 años de edad a nivel nacional y en la entidad (Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2012).

 

El sistema internacional de fiscalización de drogas

  • Nace con la firma de las convenciones de 1961, 1971 y 1988, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (onu); se conforma por 10 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Informe especial. Drogas y derechos humanos en la ciudad de México 2012-2013 la Comisión de Estupefacientes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
  • El propósito principal es limitar el uso de estupefacientes a fines médicos y científicos, y encomendar a los Estados que adopten disposiciones penales para perseguir y castigar toda actividad relacionada con sustancias psicoactivas (enfoque punitivo).
  • La Convención de 1988 especifica que la posesión, la adquisición o el cultivo de droga para uso personal deben ser objeto de la regulación penal y estar tipificados como delito.
  • Tradicionalmente, los derechos humanos han sido excluidos de este sistema; no son considerados como principios rectores para la aplicación de medidas de fiscalización, ni tampoco han sido prioridad para los órganos de monitoreo de esos tratados.

Consecuencias del modelo punitivo en el ejercicio de derechos humanos

  • En 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) resaltó las consecuencias no intencionadas de las políticas internacionales de fiscalización de drogas, entre ellas, la aparición de un lucrativo mercado negro de drogas, generador de corrupción y violencia.
  • Organismos internacionales han denunciado las estrategias de combate al tráfico de drogas por las prácticas extremas que sustentan y que comúnmente redundan en violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, los abusos de poder en el marco de las investigaciones e interrogatorios y el uso excesivo o indebido de la fuerza contra poblaciones en situación de vulnerabilidad.
  • Al convertir la posesión, la adquisición y el cultivo de drogas para uso personal en conductas delictivas, las convenciones internacionales tienden a marginalizar a las personas usuarias, al reforzar una visión estigmatizadora y situaciones de discriminación y criminalización.
  • Este modelo no ha alcanzado su propósito de acercar la atención médica a personas con dependencia. Al contrario, propicia el consumo en la clandestinidad y disuade a las personas de acudir a los servicios de salud ante la amenaza de ser discriminadas o denunciadas.
  • Ha impedido que se genere información amplia y veraz sobre las sustancias psicoactivas, los distintos usos que se hacen de ellas, así como la posibilidad de poner en marcha políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.

 

Los distintos modelos de regulación

  • La mayoría de los países han aplicado con cierto rigor las convenciones internacionales, reformando sus códigos penales y estrategias de persecución del delito hacia un enfoque punitivo, con la consecuente penalización de la posesión, cultivo y consumo personal de drogas.
  • No obstante, existen modelos regulatorios alternativos que buscan reducir o eliminar los controles estrictos sobre la posesión, consumo y, en algunos casos, el cultivo.

Despenalización: la posesión, consumo y/o cultivo constituyen delitos, pero las sanciones penales se reducen y se eliminan las penas privativas de la libertad.

Descriminalización de facto: la posesión, consumo y/o cultivo siguen siendo conductas tipificadas en la legislación penal, pero en la práctica no se persiguen estos delitos.

Descriminalización o destipificación: se refiere a la revocación de las leyes que definen el consumo, posesión y/o cultivo de drogas para uso personal como un delito penal; se pueden aplicar sanciones administrativas o no.

Legalización: se elimina todo tipo de sanciones penales o administrativas para la producción, el suministro y el uso de drogas. 11 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Resumen ejecutivo

Regulación legal: estrategia que prevé normas administrativas estrictas para controlar las actividades de producción, suministro y uso de drogas, manteniendo un control sobre los productos, vendedores, establecimientos, acceso y lugares para el uso.

Régimen jurídico para el control de drogas en México

  • En México, toda persona que posee una cantidad de droga superior hasta en mil veces a los umbrales muy restrictivos establecidos en la Ley General de Salud (Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, artículo 479), es considerada narcomenudista y es sancionada con penas de privación de la libertad.
  • Las cantidades autorizadas son sumamente restrictivas y presentan un enfoque poco realista que no responde en forma adecuada a la oferta del mercado y tiene como resultado inmediato la criminalización de las personas usuarias.
  • La tabla se convirtió, además, en la base para distinguir entre personas usuarias, personas narcomenudistas o personas narcotraficantes, tomando sólo en cuenta la cantidad de la sustancia que posean al momento de su detención.
  • La utilización del sistema penal como instrumento principal para combatir y reducir el uso de drogas presenta contradicciones en su interior que lo hace incompatible con un régimen democrático de derechos humanos.

Criminalización, debido proceso y acceso a la justicia

  • Al enmarcar el uso de drogas en una lógica de carácter penal, las personas usuarias entran en contacto con el sistema judicial, en un contexto en el que sus garantías judiciales y/o su derecho a un juicio igualitario y justo no siempre se encuentran garantizados.
  • Dentro de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) sobre delitos contra la salud (2012-junio de 2013), 76.7% denuncia detenciones arbitrarias (47.8% con uso de violencia física y 36.9% de violencia psicológica); 65% irregularidades en el proceso judicial (violencia física y psicológica, extorsiones y amenazas). Las y los niños y jóvenes, las poblaciones callejeras y comerciantes en vía pública son grupos doblemente vulnerables ante prácticas de criminalización por el uso de drogas.
  • Con respecto a las sentencias dictadas en este periodo, más de 98% de las personas consignadas fueron condenadas por el juez como culpables con cargos relacionados con actividades de narcomenudeo (Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal [tsjdf ], 2013).
  • Las penas determinadas fueron principalmente menores a tres años (83.9%) es decir, la mayoría de las personas sentenciadas lo fue por posesión de drogas en cantidades superiores a las autorizadas por la ley, pero sin haberse comprobado que eran vendedores o comerciantes de éstas (tsjdf, 2013).
  • A partir de ello, surge la hipótesis de una política de drogas enfocada en detener principalmente a consumidores de sustancias y/o traficantes de pequeña escala, es decir, a aquellas personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es mínimo.

Política de salud en el Distrito Federal

  • Con la promulgación de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal se ha avanzado en crear un marco de protección a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas, no obstante, las políticas, los programas y las medidas implementadas resultan dispersas; queda subyacente una concepción asistencialista que considera a las y los usuarios como meros beneficiarios de servicios y no como sujetos plenos de derechos.
  • Muestra de ello es la falta de empoderamiento de las personas usuarias y la inexistencia de mecanismos para garantizar su participación y la de la sociedad en los procesos de toma de decisiones para definir y evaluar las prioridades y estrategias.
  • El enfoque de reducción de riesgos y daños no es asumido con un eje rector de las distintas estrategias y acciones, tampoco el respeto a la autonomía de las personas para decidir seguir consumiendo. Incluso, las dependencias involucradas en la política de prevención y atención manejan y reproducen ciertos estigmas acerca del uso de drogas y de las personas que las consumen.
  • Las estrategias y políticas públicas diseñadas no han sido suficientes ni oportunas para que se tutele debidamente el derecho a la salud de las y los jóvenes, un sector que se encuentra en una particular circunstancia de riesgo.
  • Los desafíos aún son grandes: en 2011 apenas 18.4% de las personas que en el último año tenían un diagnóstico de dependencia a las drogas, habían asistido a tratamiento (ena 2011). Tres de cada cuatro personas entrevistadas en el marco de la primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales (eudi) señalaron conocer algún centro de tratamiento (74.5%), sin embargo, apenas un tercio considera que éstos funcionan (34.4%) (eudi, 2012).

Propuestas. Hacia un modelo de regulación respetuoso de los derechos humanos

  • Promover un debate legislativo a nivel federal, garantizando la participación amplia y efectiva de la sociedad civil para, desde la perspectiva de los derechos humanos, revisar las disposiciones concernientes al consumo, posesión y cultivo de drogas para uso personal, y en particular proponer la modificación a las cantidades restrictivas de la Tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato.
  • Orientar las acciones de las autoridades judiciales del Distrito Federal hacia la persecución de los delitos graves en materia de tráfico de drogas, priorizando las detenciones derivadas de averiguaciones previas que presuman delitos graves contra la salud; proteger a las personas usuarias del uso excesivo de la fuerza y otros abusos que atenten a su dignidad y seguridad.
  • Diseñar e implementar un programa general que logre articular cabalmente las iniciativas desarrolladas por las dependencias, institutos y/o delegaciones en materia de drogas y garantizar que todas las estrategias y los programas compartan un mismo marco conceptual de intervención, basado en el respeto de la autonomía de las personas y de sus derechos humanos.
  • Generar información oportuna y veraz acerca de las distintas drogas, los diversos usos y efectos que tienen, así como sobre las políticas de reducción de riesgos y daños adaptadas a las distintas situaciones de usos y dependencia, que resultan del beneficio tanto de las y los usuarios como de la sociedad en general.

 

Dejamos aquí el enlace para que descarguen el archivo PDF del informe especial: “Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013″ Elaborado junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Open Society Foundations.