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La agenda inmediata en política de drogas CUPIHD

Frente a las elecciones del siete de junio, que renovarán a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a buena parte de los Congresos locales, nueve gobiernos estatales y buena parte de los ayuntamientos del país, el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas AC considera necesario llamar la atención de quienes resulten electos para los cargos legislativos y ejecutivos en juego sobre los temas pendientes para el corto plazo en materia de reformas y políticas públicas relacionadas con las drogas.

Es común que la discusión sobre cómo enfrentar los temas relativos al consumo de sustancias hoy prohibidas se sitúe en una perspectiva polar entre legalización y prohibición. Sin embargo, si bien es cierto que el paradigma prohibicionista ha mostrado ya su fracaso como estrategia global y cada día son más las voces ilustradas, las organizaciones de la sociedad civil e incluso los políticos que consideran indispensable su revisión y su sustitución por otro enfoque más orientado hacia la salud, la reducción de daños, la compasión y el reconocimiento de la justa dimensión del tema en las sociedades, se pueden hacer ajustes relevantes que, sin denunciar unilateralmente el sistema internacional de control de drogas del que México forma parte, podrían tener efectos muy positivos sobre la salud y los derechos de los consumidores y ayudarían a reducir la tensión que sobre nuestro arreglo social ha generado la prohibición y la llamada guerra contra las drogas.

Desde hace al menos tres legislaturas federales diversos diputados y senadores, principalmente de partidos de la izquierda, han presentado iniciativas de ley para impulsar un nuevo enfoque de políticas públicas respecto a diversos aspectos vinculados al consumo de sustancias ilícitas. Desde las iniciativas de Elsa Conde sobre la cannabis de 2007 hasta el importante activismo de Fernando Belaunzarán en la Cámara de Diputados federal, de Vidal Llerenas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Mario Delgado en el Senado de la República durante la legislatura que llega a su fin, los temas de reforma de drogas han estado presentes en la discusión parlamentaria. También ha habido reformas relevantes, como las vinculadas al narcomenudeo de la presidencia de Felipe Calderón que han contribuido al debate y que ahora será necesario evaluar y modificar. Por ello, llamamos a quienes sean electos diputados a conocer el estado de la discusión legislativa reciente y a emprender una nueva etapa de reformas que lleven a México a contar con una legislación de drogas cada vez más basada en la evidencia, que aborde el tema desde la perspectiva de la salud y la de los derechos y que abandone los prejuicios que en la materia han predominado.

La agenda legislativa federal que queda pendiente de la legislatura saliente debe ser abordada por los nuevos diputados en el corto plazo. Varios de los temas llevan ya un buen trecho de avance en su negociación con el ejecutivo y son indispensables para resolver temas de derechos humanos y de salud que la política actual ha generado. Los principales temas que están en la mesa hoy son:

1.- Reforma a la tabla de cantidades de portación para uso personal establecida en la Ley General de Salud, con el objetivo de descriminalizar efectivamente al usuario de drogas. Los umbrales actuales establecidos como máximos permitidos para que no se ejerza la acción penal contra los consumidores que porten drogas son extremadamente bajos y no se corresponden con la realidad del mercado. Es necesario plantear umbrales que eviten realmente el encarcelamiento de consumidores que acaban de abastecerse y no tienen ninguna intención de venta. Además, la portación de sustancias dentro de los umbrales de la tabla debe de dejar de ser delito y no solo detener el ejercicio de la acción penal. Además, debe quedar establecido en la ley que rebasar los umbrales de la tabla no implique de manera automática la comisión de delitos de narcomenudeo, por lo que se necesita establecer que el juez tendrá que evaluar los casos y determinar la no configuración de delito.

2.- Reformas a la Ley General de Salud para establecer la prevención, la reducción de daño y el tratamiento basado en la evidencia científica como los ejes rectores de la política de salud en materia de drogas. Las estrategias de atención deberán enfocarse hacia los usos problemáticos, y se debe enfatizar en el reconocimiento de que no todos los usuarios son problemáticos.

3.- Revisión del modelo de Tribunales de Tratamiento de Adicciones, adoptado en el marco de la Iniciativa Mérida, con el objeto de precisar su alcance como programa de derivación al sistema de salud de primodelincuentes con delitos menores, de manera que se evite toda criminalización de los usuarios. El modelo tiende a otorgar a los jueces atribuciones que deben ser exclusivas de los profesionales de la salud y puede derivar en abusos como coerción para aceptar el tratamiento. El nombre mismo refleja un error de concepción que debe ser evaluado, pues las adicciones no se tratan en los tribunales sino en las instancias de salud.

4.- El tema de cannabis medicinal que ha sido planteado ya en diversas iniciativas, una de las cuales está pendiente de dictamen en el Senado. En diversos países del mundo se esta abriendo el debate sobre el uso médico de los cannabinoides y México tiene un enorme potencial de desarrollo en esta materia que se puede desperdiciar por una legislación restrictiva que obstaculiza la investigación.

5.- El acceso a medicamentos esenciales hoy controlados por el sistema internacional de drogas y que hoy impide a muchos enfermos mitigar su sufrimiento. El caso más relevante es el del opio, del que existe en México una escasez recurrente, mientras se cultivan en el país cantidades ingentes para el mercado ilegal. Es indispensable recuperar la soberanía nacional en esta materia y legislar para que el país pueda producir opio de manera legal y regulada para satisfacer la demanda interna de morfina y otros opiáceos terapéuticos, incluida metadona para el tratamiento de la adicción a la heroína.

En cuanto a las agendas legislativas locales, existe un amplio margen para avanzar en la legislación que permita garantizar la seguridad y la salud de los usuarios no problemáticos, como se mostró en las iniciativas para regular el mercado de cannabis en la Ciudad de México y que también quedaron pendientes.

Por lo que toca a las agendas de gobierno local, los estados municipios y delegaciones tienen facultades relevantes para desarrollar programas de prevención, de reducción de daños y atención a usuarios. Es indispensable que los gobiernos locales impulsen la creación de centros de atención ambulatoria y de internamiento para usuarios problemáticos, que se creen opciones terapéuticas no sólo basadas en la abstinencia y se desarrollen programas de prevención informada, basada en la evidencia científica, en los centros escolares de todos los niveles

Las nuevas legislaturas y los nuevos gobiernos deben ser espacios abiertos a la discusión de alternativas en la política de drogas, de manera que deje de ser la prohibición y la persecución policiaca la única respuesta a un problema de múltiples facetas.

México DF, a 28 de mayo del 2015