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Drogas DF: los mercados de drogas ilícitas de la Ciudad de México. Cuadernos CUPIHD 6

Drogas DF, Cuaderno 6 de CuPIHD, tiene la intención de presentar un análisis estadístico y cualitativo, informativo y de calidad, sobre las dinámicas y características de los mercados de drogas ilegales y de sus usuarios en nuestro país, particularmente en el Distrito Federal.

Drogas DF describe el tamaño y las características del mercado de drogas en la Ciudad de México, así como la percepción y las relaciones de los usuarios de tales sustancias con su entorno legal, económico, institucional y social.

Adicionalmente, esta investigación de Carlos Zamudio señala las características más importantes que deben ser tomadas en cuenta para comprender y enfrentar el fenómeno de las drogas en nuestra sociedad de forma más efectiva, con un énfasis muy especial en la capital del país, en la que se concentran muchas de las dinámicas que también se observan en otras partes México.

Descarga aquí Drogas DF

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Mariguana DF y Clubes Sociales de Cannabis: Cuaderno 5 de CuPIHD

Marihuana DF presenta un acercamiento al mercado de la cannabis en la Ciudad de México, a las distintas maneras en que los usuarios se suman como consumidores, y a cómo se relacionan con su entorno y con otras sustancias ilegales. Este Cuaderno ofrece además una respuesta viable a distintos problemas planteados por la dimensión del mercado: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad.

Las actuales políticas, sin haber alcanzado su objetivo de reducir el consumo, tampoco han conseguido acercar a los usuarios de sustancias ilegales a las instituciones a las que tienen derecho a recurrir en busca de apoyo.

Este ensayo pone en entredicho a las políticas tradicionales y la efectividad de la Ley contra el Narcomenudeo, cuya aplicación termina por criminalizar a los usuarios cuando su espíritu, en teoría, es diferenciarlos del mundo delictivo.

Mariguana DF presenta un ángulo de análisis poco frecuente en los textos tradicionales sobre el tema, dado que incluye la opinión del usuario de la droga ilegal más consumida en la Ciudad; una voz que había sido sistemáticamente excluida de toda investigación sobre el tema.

Índice:

página 3: Presentación

página 5: El mercado de la mariguana en la Ciudad de México

página 22: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Autores: Carlos Zamudio Angles y Jorge Hernández Tinajero
Noviembre de 2012

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF, completo)

Extracto:

Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Como ha sido posible constatar, el mercado de cannabis de la Ciudad de México se puede caracterizar como uno fundamentalmente estable, en el que el consumo de mariguana es el denominador común a la mayoría de los usuarios adultos de drogas ilegales de la ciudad.

Si, como lo muestra el anterior análisis, consideramos que los usuarios de mariguana conforman nueve de diez partes del mercado negro de drogas ilícitas, la regulación del mercado de cannabis se presenta como una oportunidad para establecer relaciones formales, institucionales, con ellos. Fuera de la órbita delictiva y a través de un enfoque de derechos humanos, se podría garantizar un acceso seguro a la mariguana y evitar al máximo la vinculación con los dealers, para que de esta forma se inhiban las relaciones entre usuarios y actores de la delincuencia organizada.

Visto como un mercado, el de la cannabis en la Ciudad de México goza de sistemas de distribución muy eficaces, que hacen prácticamente imposible la eliminación de la oferta por la vía policiaca. Esto hace que su disponibilidad sea muy alta y la variedad de la oferta muy amplia y al alcance de cualquier bolsillo.

A pesar de su extensión y comercio continuo, la ilegalidad de este mercado genera constantes conflictos de sus usuarios con la ley, dada la ambigüedad jurídica de estos últimos, y el bajo umbral establecido en ella para la posesión no criminal, lo que a su vez contribuye a su marginación y a la desconfianza del usuario hacia las instituciones del Estado que pueden ayudarlo en caso de necesidad. La falta de acceso seguro y legal a la planta, así, obliga a quienes deciden usarla a recurrir a circuitos delictivos, en los que también se encuentra disponibilidad para drogas más peligrosas.

Dadas las características anteriormente descritas, este documento propone considerar a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como modelo de un nuevo sistema regulatorio para esta planta en la Ciudad de México, que contribuya a proporcionar un acceso seguro a ella para los adultos de plenos derechos, que decidan usarla por razones lúdicas o médicas.

La propuesta busca delimitar y limitar al mercado negro, aumentando incentivos para que los usuarios no tengan que recurrir al mismo; así como generar actividad económica e ingreso público evitando el mercado abierto e indiscriminado de la planta y, al mismo tiempo, busca abrir un espacio de vinculación institucional con el usuario fuera del ámbito de la justicia penal.

Consideraciones

Los Clubes Sociales de Cannabis son una propuesta regulatoria para la producción y el uso de la planta en México que, si bien requiere de algunos cambios legislativos, puede ajustarse a las disposiciones del sistema internacional de control de drogas comprendido en los tratados y otros instrumentos internacionales firmados por el país.

Los Clubes suponen un mecanismo vinculatorio entre el derecho a la autonomía de los adultos en cuanto al uso de cannabis, que se encuentra contemplado en nuestras leyes, y la posibilidad de producirlo de manera comunitaria y privada para fines recreativos o con propósitos médicos. La propuesta soluciona, de esta manera, las contradicciones que supone contar con derecho al uso, pero la imposibilidad de ejercer tal derecho sin recurrir en algún momento a alguna actividad considerada como delictiva, como es por ejemplo la adquisición.

El esquema se basa en la construcción de un circuito cerrado de producción-consumo, fiscalizado estrictamente por el Estado, y que se circunscribe al ámbito de lo privado, con lo que la publicidad, el uso público y la admisión quedan reservadas estrictamente a los miembros de la asociación, quienes por definición deben cumplir con requisitos específicos para ser admitidos al circuito. Entre ellos se cuentan la mayoría de edad, el ser invitado por otro socio, conocer los riesgos del uso del cannabis y el compromiso de evitar todo contacto con otras fuentes de abastecimiento.

Ventajas

El sistema de los CSC ofrece ventajas reales e inmediatas para el usuario, ya que le garantiza seguridad jurídica en ejercicio de sus derechos, lo aleja de las redes del comercio ilegal y del mundo del delito, al eliminar la necesidad de acudir a los traficantes ilegales; le garantiza estándares de calidad que no obtiene en el mercado negro y puede acercarse, a través de la propia asociación, a servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de su salud.

Beneficia también al cultivador y/o productor de la planta, que encuentra en este espacio una actividad más de sustento como actividad agraria y económica. De este modo, el productor tiene contacto directo con el usuario y se elimina entre ellos al intermediario, quien cumple en la actualidad con el papel ilegal del proceso.

Por último, los CSC benefician a las autoridades y todos los miembros de la sociedad que no son usuarios, ya que generan actividad económica fiscalizable, disminuyen la contribución de los usuarios a los mercados y redes ilegales, reducen la disponibilidad de la cannabis exclusivamente a los socios y a su uso en los ámbitos privados. Además, los CSC hacen posible generar mejores mejores vínculos institucionales con sus miembros, de modo tal que sea posible ampliar el espectro de oferta de servicios de salud e informativos para ellos. De este modo, proponemos diseñar y llevar a la práctica un modelo legal de circuito cerrado para la regulación del uso de cannabis en la Ciudad de México, que responda a las necesidades específicas de organización del mercado de la mariguana en México a través de clubes sociales del cannabis.

Un sistema de organización del mercado de cannabis en la ciudad, a través de los CSC, presentaría importantes ventajas en materia de salud, ya que a través de ellos sería posible conocer de mejor manera el número y características de los usuarios de la ciudad, tener control sanitario sobre el producto, ayudar a la investigación científica y garantizar al mismo tiempo los derechos de los usuarios; dar acceso seguro y legal a pacientes que usan cannabis medicinal y desarrollar entre los asociados mejores programas de reducción de riesgos y daños.

Adicionalmente, los CSC ayudan a separar el mercado de la cannabis del de otras drogas de mayor potencial conflictivo o peligrosidad, social y personal, como el crack o la cocaína, y a reducir los riesgos de violencia social y de salud de las comunidades.

Económicamente, los CSC reducen los incentivos para recurrir al mercado negro creando una relación directa entre el usuario y el productor, ya que eliminan la intermediación que realiza por definición el mercado, legal o ilegal. Al eliminar todo comercio abierto de la planta en el mercado, los clubes pueden ajustarse al sistema internacional de control de drogas.

En el mismo sentido, y dado que los CSC carecen de propósito de lucro, no hay posibilidades de publicidad abierta para ellos; generan actividad económica e impuestos, pero no participan en ningún mercado abierto; conforma un circuito cerrado fiscalizado directamente por el Estado, crean alternativas para productores privados e independientes, y toda su operación, desde la producción hasta el consumo son transparentes y fácilmente fiscalizables.

Asimismo, en la medida que los clubes producen la totalidad de la planta y no sólo la flor utilizada como mariguana, los CSC permitirían aprovechar, también, los productos industriales del cáñamo derivados de las fibras, las semillas y todas las partes de la planta que son aprovechables por una actividad industrial prevista en los tratados internacionales de drogas y de libre comercio firmados por México, como son el TLCAN, TLCUE, Chile, etc.

Por último, en términos de seguridad y combate al crimen vinculado a las actividades ilegales del tráfico de drogas, los CSC contribuyen a desplazar al crimen organizado por una vía no violenta, al crear nuevos incentivos para el usuario, la comunidad y la autoridad. El consumo puede ser realizado en el club como parte de una actividad privada, y en caso de no ser en ese lugar, el asociado se compromete a utilizarla exclusivamente en espacios privados y nunca en la vía pública, lo que ayudaría a no distraer recursos policíacos en la persecución de este tipo de faltas cívicas.

Estructura

Los CSC son asociaciones civiles sin fines de lucro, a las que sólo se puede acceder siendo mayor de edad e invitado por otro socio y mediante declaración de voluntad personal para aceptar las condiciones de la membresía.

El socio declara que ha decidido consumir de forma libre y por propia iniciativa, formula una solicitud de participación de cultivo comunitario, abona cuotas que sufragan una parte de la cosecha comunitaria, se da por informado de los riesgos de su decisión y renuncia a participar de cualquier otro CSC.

El socio asume un compromiso para limitarse al uso personal y para no derivar ninguna parte de la cosecha hacia el mercado negro o tercero alguno.

Por su lado, el CSC hace una previsión anual de consumo, con un cuota máxima de 60 gramos al mes (si bien puede haber casos especiales de uso terapéutico) con la que cada socio tiene derecho a recoger, de forma controlada su parte respectiva de la cosecha, para uso exclusivo en espacios privados.

El club supervisa y coordina el cultivo de todas las plantas y su procesamiento, se registra toda la información necesaria para las autoridades, y puede crear a su vez relaciones con productores privados, que generan de nueva cuenta transacciones fiscalizables, e impuestos sobre ellas.

Retos, riesgos y oportunidades

La experiencia internacional en cuanto a la operación de este tipo de asociaciones es relativamente reciente, pero de gran expansión en muchas partes del mundo. En España por ejemplo, país que comenzó con su instrumentación, existen más de 200 asociaciones de esta naturaleza, mientras que los movimientos por el autocultivo en Latinoamérica, y especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, así como las autoridades de estos países, ven en los clubes una excelente oportunidad para crear un nuevo ambiente en el uso de la mariguana, en el que se garantizan los derechos de los usuarios, se tiene control e información sobre ellos y se evitan los circuitos delictivos asociados al comercio ilegal de la planta.

Crear CSC en la Ciudad de México, al igual que en otros estados del país, requiere esencialmente de modificar las disposiciones federales que impiden el cultivo de la planta de la cannabis bajo cualquier modalidad, para legalizar la figura del cultivo personal y comunitario sin fines de lucro y para exclusivo uso privado. De no ser posible esto, podría declararse otorgar prioridad cero, para efectos de persecución del delito, al cultivo con tales fines. Es importante señalar, en este sentido, que las convenciones internacionales que regulan a la planta de la cannabis se limitan a considerar su fiscalización sólo en cuanto a la sumidera florida de la planta hembra, y no impiden el aprovechamiento o el cultivo y uso de otras partes de la misma.

En todo caso, al eliminarse las disposiciones que hacen indistintamente ilegal al cultivo se abre la posibilidad de instrumentar regulaciones locales específicas para la instrumentación de cada club. En este sentido, las posibilidades regulatorias pueden considerar a las autoridades federales, pero también disposiciones y adecuaciones de orden estatal o incluso municipal.

Por supuesto, se vuelve necesario también, instrumentar mecanismos que impidan que los clubes se conviertan en una fachada del comercio ilegal de la planta. Sin embargo, limitando el número de socios a uno que permita el equilibrio y la autosuficiencia, así como garantizando la transparencia operativa de los mismos, tales riesgos pueden reducirse significativamente.

Por último, es preciso considerar que los CSC pueden ser una herramienta de gran ayuda para el control de otras sustancias más peligrosas cuyo uso en aumento se presenta ya en la sociedad mexicana. Los clubes garantizan, regulan y limitan el acceso a la cannabis a los adultos de plenos derechos y limitan de forma clara el acceso de los menores a la sustancia. Contribuyen así, también a las tareas y preocupaciones comunes a toda la sociedad.

 

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF)

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Mala copa en la Ciudad

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Mucho alboroto suele causar el consumo de drogas en nuestra sociedad. Sin embargo, existe un doble rasero para valorar y atender los problemas de salud pública derivados de unas, las legales, y otras sustancias, las ilegales. Pareciera ser que, en este campo, preferimos tapar el sol con un dedo.

La Organización Panamericana de la Salud se refiere al alcohol en nuestra región como al “elefante en la habitación”, y en México, la carga de enfermedad que representa al erario la atención de la población que abusa o que depende del alcohol desde temprana edad es cada vez más importante, mientras que nuestra sociedad parece poco dispuesta a reconocer y actuar con medidas concretas una cultura donde los rituales se encuentran estrechamente ligados al consumo de alcohol.

Por ello, México necesita con urgencia de mejores políticas de reducción de daños en materia de consumo de alcohol. No sólo el uso, sino también el abuso y la dependencia continúan siendo significativos en nuestra sociedad, lo que se agrava con un creciente consumo entre menores de edad, muchas veces mezclado con otras sustancias psicoactivas.

En el caso de los menores y de los jóvenes, la dificultad de evitar el consumo se complica por un fácil acceso en fiestas o tardeadas, o bien en espacios públicos y/o privados donde el alcohol llega a menores de edad a través de adultos, casi siempre conocidos suyos. Modificar esto no depende únicamente de cambios legislativos, sino de una campaña enérgica de conciencia social.

Ante el alcohol, el Gobierno de la Ciudad, que tiene atribuciones regulatorias, debe reconocer que se necesita un cambio de paradigma, una nueva política que incluya la participación de todos los actores sociales involucrados, y que establezca responsabilidades claras de éstos y del Estado.

En este sentido, resulta promisoria la apuesta por inhibir la adulteración de alcohol en la ciudad a través de obligar a los centros de consumo a destruir las botellas de licor vacías para evitar la reutilización con fines indebidos.

Sin embargo, la instrumentación de tales medidas no debería correr sólo a cuenta de los particulares, ya que si ésta política no se acompaña por campañas que incluyan a las personas que consumen licor en espacios privados para que hagan su parte, continuará habiendo botellas que reciclar para los mercados ilegales

El reforzamiento de medidas como la del alcoholímetro -ahora convertido en ley-, también es una medida positiva para inhibir el manejo de autos bajo el efecto de la bebida, pero aún hay mucho más por hacer en este campo. Por ejemplo: a quienes ponen en riesgo la vida de terceros por conducir alcoholizados se les podría sancionar en caso de reincidencia, imponiéndoles la obligación de contar con dispositivos de detección alcohólica en sus propios automóviles, de modo tal que se restrinja el encendido del automóvil.  Una medida puesta en marcha ya en otros países.

Igualmente importante sería que el gobierno de la ciudad, o incluso las delegaciones, convoquen a una política en la que los centros nocturnos cuenten con pruebas de alcoholímetro y; en todo caso, con servicios obligatorios de taxi o transporte seguros para los conductores que no superen la prueba de alcoholemia.

En resumen, la capital debe optar por políticas de drogas realistas y efectivas, que incluyan a todos los actores de la sociedad: tanto  a los que participan formalmente de los mercados (distribuidores para consumo in situ o ex situ) como a los usuarios y a sus dinámicas de consumo. De otro modo, podemos seguir simulando que estamos solos en la habitación.

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Marcha Mundial de la Mariguana México 2014

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El próximo sábado 3 de mayo se realizará, por décimo cuarta vez, la Marcha Mundial de la Liberación de la Mariguana en la Ciudad de México.

Lo que hace más de una década comenzó con una reunión pública de 25 personas, es hoy un acto al que acuden un mínimo de 3,000 o 4,000 personas.

La celebración forma parte de una demostración pública, ciudadana y mundial, para llamar la atención de la ciudadanía sobre las evidentes contradicciones que suponen las leyes internacionales y nacionales sobre la planta de la cannabis y sus usuarios; disposiciones que, si bien distintas en muchos países, comparten elementos discriminatorios, prejuiciosos y estigmatizantes para millones de personas en el mundo.

El movimiento cannábico mexicano, que se ha diversificado y ahora tiene distintas expresiones y corrientes, se ha desarrollado sustancialmente en la última década y ha pasado de ser uno marginal y anecdótico, asociado únicamente a sectores de nuestra sociedad civil tradicionalmente marginados e ignorados, para ampliarse a todas las capas sociales y convertirse en un agente de cambio que no sólo se hace visible y exige sus derechos, sino que también se preocupa por proponer alternativas para toda la sociedad.

Ante los cambios que ahora suceden en Estados Unidos, en Uruguay y en otras partes del mundo, y que en México hemos de enfrentar con independencia de posiciones personales, el movimiento mexicano que propone la regulación de la cannabis adquiere mayor importancia y sus voces demuestran que la razón y el uso de una desobediencia civil constructiva y propositiva ha sido un excelente camino para transformar las injusticias de nuestra sociedad contra los usuarios de la planta.

Las principales propuestas que hace este movimiento son sencillas: impedir la confusión de los usuarios con enfermos o delincuentes; regular el cultivo personal y asociado de cannabis sin fines de lucro para no estar obligados a recurrir al mercado negro, y el respeto para los derechos humanos de todos. Principios democráticos y razonables para cualquier sociedad mínimamente respetuosa de la diversidad cultural y ciudadana.

Este sábado el movimiento espera demostrar, de nueva cuenta, que la única forma de incluir a todos en nuestra vida social es reconocer y respetar nuestras diferencias y estilos de vida. El movimiento ha sido ejemplo de esta civilidad. Ahora lo que espera es, cuando menos, reciprocidad de la sociedad mexicana.

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Análisis antidoping y accidentes: una relación incierta

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El debate de las drogas se extiende por todo el país, y muy especialmente, en diferentes ámbitos de la Ciudad de México.
   En la capital, iniciativas para despenalizar el consumo de mariguana y para enfocar los esfuerzos institucionales hacia mejores políticas de salud y de reducción de riesgos y daños, trascienden ahora como una alternativa práctica al estéril y sobre-ideologizado debate sin fin, de la prohibición versus la legalización.
   Sin embargo, preocupaciones mutuas de todos los que participan o se interesan en esta discusión, tales como los límites de acceso a menores de edad o las posibles consecuencias que el consumo de algunas drogas pueden tener en terceras personas no siempre encuentran soluciones de consenso, ni necesariamente son prácticas para todos… o para alguien.
   Tal es el caso de la más reciente propuesta del asambleísta Eduardo Santillán, quien pretende que se realicen pruebas de consumo de sustancias a los automovilistas en el Distrito Federal.
   Similar al conocido “alcoholímetro”, la propuesta de Santillán pretende instalar controles aleatorios para la detección del consumo de drogas, de modo tal que aquellos que sean sorprendidos con rastros de ellas en el organismo se hagan merecedores de un arresto administrativo similar al que ya opera cuando se detecta alcohol.
   Tal vez sea necesario decir que estamos completamente de acuerdo en que nadie debe de manejar vehículos u operar maquinaria cuando está bajo el influjo de sustancias psicoactivas fuera de prescripción, la mariguana entre ellas. Compartimos este principio, pero el método para hacerlo efectivo nos diferencia claramente.
   Cada sustancia actúa de manera distinta en el organismo, en las habilidades y en la conducta de quien la usa, y hasta el momento no existe ningún estudio concluyente que vincule causalmente de estas drogas con accidentes vehiculares, algo que sí está plenamente comprobado con el alcohol.
   Según se lee en prensa, el diputado Santillán se ufana de contar con equipos de detección rápida para el consumo de mariguana, opio y sus derivados, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas, ¡y metadona! Esta última una sustancia utilizada médicamente para tratar la dependencia a opiáceos y opioides.
   Al respecto, hay que decir que éstos exámenes sólo arrojan un resultado de positivo o negativo, sin identificar de qué sustancia se trata. Generalmente, cuando una prueba da positivo, es necesario realizar una segunda para identificar de cuál se trata. Lo anterior supone que la propuesta del diputado Santillán identificará probablemente alguna sustancia (legal o ilegal) cuyos efectos sobre la conducción de un vehículo son indeterminados, y ello abrirá la puerta a realizar inspecciones para verificar la presencia física de las mismas, dado que algunas son ilícitas.
   En este sentido es preciso recordar que, al menos en la Ciudad de México, los procesos legales en contra de los usuarios de drogas rara vez se originan en el consumo, aun cuando éste haya sido detectado en vía pública (una falta administrativa), y la mayor parte de las veces se realizan por posesión, un acto consustancial al consumo mismo. Con ello se diluye, si no es que desaparece, el objeto último de realizar estas pruebas (evitar accidentes) y se da un incentivo a la autoridad para trasladar un mecanismo administrativo hacia otro de tipo penal.
   Adicionalmente, en el caso de la mariguana, las dificultades prácticas son especialmente importantes para el propósito compartido de evitar accidentes. Los principios activos de la sustancia permanecen en el organismo mucho más tiempo que la intoxicación psicoactiva, misma que representa el verdadero riesgo para la seguridad pública cuando se maneja un vehículo. De este modo, si el examen da positivo para mariguana (algo que requeriría una segunda prueba) no necesariamente estaría revelando una incapacidad para conducir, ya que el efecto psicoactivo podría haber pasado hace horas, e incluso días.
   De este modo, y más allá del elevado costo anunciado para adquirir los equipos y realizar las pruebas, lo cierto es que una medida de esta naturaleza carece de efectos prácticos, mientras que abre la puerta a nuevas arbitrariedades de la autoridad sobre los usuarios de drogas, aun cuando éstos no afecten a terceros.
   Mucho mejor sería que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ocupara de incluir a los bares y restaurantes de la ciudad en el control de clientes que han bebido alcohol, de promover servicios de taxi seguros para aquellos que han bebido y de ofrecer transporte público seguro para todos los que deciden usar  alcohol u otras drogas, de modo tal que no tengan que recurrir a una práctica de riesgo para ellos mismos y para los demás. Ofrecer alternativas para todos debe ser el objeto de la política pública. No señalar con el dedo flamígero de la sanción a un grupo de usuarios de sustancias indeterminadas que, sin duda, tienen muchas responsabilidades consigo mismos y con la comunidad, pero también derechos como todos los demás.
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De la deliberación a la acción

1240085_400716556694837_513979448_nLas últimas semanas en la Ciudad de México han presentado las más diversas agitaciones.

A pesar de ello, en medio de numerosas protestas sociales, el tema de la regulación alternativa de drogas sigue zumbando como un molesto mosquito a las más diversas fuerzas políticas de la capital, muchas de las cuales ven en este debate una “cortina de humo para evitar temas más importantes”, ya un tema cuyos alcances simplemente no alcanzan a vislumbrar, y en consecuencia, lo desestiman.

A pesar de ello, lo cierto es que la constante realización de foros públicos para tratar el asunto no han tenido reacciones adversas entre la ciudadanía. Antes bien, muy sorprendentemente, las posiciones favorables han sido mucho más sólidas argumentalmente que las negativas. La ciudadanía de la capital pareciera no ver con malos ojos, así, ser la primera entidad del país en intentar una estrategia distinta frente a las drogas en general, y no sólo las ilegales.

Esto se debe, en parte, a que los opositores a cualquier reforma no han podido articular un discurso que convenza por qué no hay que hacer nada para cambiar nuestro enfoque, especialmente cuando se señala que según las propias estadísticas oficiales, el consumo de drogas duras y de todo tipo entre menores de edad es una realidad cotidiana de nuestra ciudad, que los sistemas de prevención y tratamiento tienen serias limitaciones, y que las políticas de reducción de riesgos y daños no han sido suficientemente exploradas e implementadas.

De este modo, los argumentos a favor del status quo se han limitado a reiterar que el consumo de sustancias psicoactivas es riesgoso para la salud, pero callan cuando se les recuerda que justamente el sistema de control actual sobre ellas no ha hecho otra cosa que hacerlas más disponibles para todo público, incluyendo menores de edad, y que la tendencia de las autoridades policiacas sigue siendo la de detener usuarios, sin tocar casi un pelo de las redes delincuenciales. Es decir, nuestra política actual hacia las drogas se da golpes de pecho muy públicos y morales, y al mismo tiempo, intenta negar una realidad que le incomoda.

Por eso, después de los importantes foros hasta hoy realizados, es de suma importancia que el debate tenga resultados. Finalmente, partimos de un acuerdo generalizado en al menos tres cosas: que es fundamental limitar de manera efectiva el acceso a menores a cualquier sustancia psicoactiva, sea esta legal o ilegal; que se debe detener la criminalización del usuario y, finalmente, que es necesario respetar los derechos humanos de todas las personas en la Ciudad de México. Ello implica cambiar estrategias y adoptar nuevos enfoques. Urge ya, por lo tanto, pasar del debate y la deliberación, a las medidas concretas.

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Foro sobre drogas en la Asamblea ¿hacia dónde va la Ciudad de México?

Thousands Of Grave Markers Placed On National Mall To Commemorat

Este lunes comienza el Foro sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas para la Ciudad de México que organiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El foro, que contará con una nutrida y diversa participación de personalidades nacionales e internacionales, representa un paso en firme para analizar lo que funciona y no funciona, y para encontrar mejores enfoques en materia de drogas legales e ilegales en la Ciudad.

No esperamos que el Foro termine con grandes consensos, ya que todos los que combaten fervientemente cualquier regulación alternativa para las drogas parecen sordos a toda evidencia o argumento que no entre dentro de su espectro de convicciones.

Sin embargo, el Foro permitirá también dar voz pública a experiencias y propuestas que hasta la fecha habían sido subestimadas por nuestra sociedad, con lo que los legisladores que asistan podrán constatar, al menos, ideas novedosas, interpretaciones científicas contrastantes, y propuestas de políticas públicas que han demostrado ser más eficaces y prácticas que las tradicionales posiciones morales o la defensa a ultranza del status quo.

El tema de la marihuana está en boca de todos. No es difícil prever, sin embargo, la estrategia del inmovilismo: difundir que la regulación significa mayor disponibilidad (cuando es justo lo contrario), y resaltar los riesgos potenciales de la cannabis interpretando la ciencia con motivaciones políticas para intentar centrar el debate solamente en una visión parcial de la misma.

Por fortuna, habrá visiones muy autorizadas para contrastar puntos de vista en esta materia y para hacer ver, también, que más allá de los riesgos, lo cierto es que nuestro problema principal con respecto a la marihuana no son los riesgos de su consumo, sino la ausencia absoluta de una regulación para ella, algo que afecta a todos los habitantes de la Ciudad de México.

En materia de éstas últimas sustancias, legales, la Ciudad tiene mucho qué hacer, ya que entran directamente en su esfera de responsabilidad y competencias. Aun cuando se ha avanzado en términos de medidas concretas en los últimos años –la ley para el control del tabaco, el alcoholímetro- aún hay mucho que se puede desarrollar, y es necesario hacerlo.

En términos de la marihuana, por otra parte, el Foro llega en un momento perfecto después del anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que no impedirá, bajo ciertas reglas, el desarrollo de las regulaciones para los usos médicos y no médicos de la marihuana en los estados de Washington y Colorado, ni en aquellos otros que decidan seguir este camino. Esta noticia, de gran importancia, puede significar el primer paso en la reclasificación internacional de la cannabis y deja sin ninguna autoridad moral, legítima, a los Estados Unidos para impedir que otros países o estados exploren sus propias alternativas en la materia. Por este lado, la Ciudad de México no tiene excusas para evitar o ignorar una tendencia mundial que crece de manera inexorable.

 

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Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos

Drogas y DDHHComienza una semana clave para el reconocimiento de los derechos de los usuarios de drogas ilegales, para debate de la regulación de las drogas y en especial para el de la regulación de la marihuana en la Ciudad de México.

En el marco de nuestro convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organizamos conjuntamente el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, que contará con mesas de debate sobre experiencias comparadas internacionales, salud, educación, seguridad, justicia y cultura, además de una conferencia magistral de Damon Barret, de Harm Reduction International especialista en ambos sistemas jurídicos internacionales.

El foro busca contestar preguntas largamente aplazadas no sólo por la sociedad, sino incluso por la propia comunidad de defensores de los derechos humanos. Entre ellas.

¿Son las drogas un motivo legítimo para violar los derechos humanos? ¿Tienen derechos humanos los usuarios de drogas? ¿Cómo podemos limitar de mejor manera el acceso de los menores de edad a las drogas?¿Qué papel juega la educación y las comunidades educativas frente a la presencia de las drogas entre la población estudiantil? ¿Existe discriminación laboral por uso de drogas en México? ¿Cuáles son los servicios de salud que se requieren para atender el problema del consumo de drogas en el país? ¿Son los usuarios de drogas una población vulnerable en cuanto a sus derechos humanos? ¿Qué papel juegan el estigma y la discriminación en cuanto al uso de drogas? ¿Cuál es la economía de las drogas? ¿Cuál es el papel y el impacto de las drogas entre las personas privadas de su libertad? ¿Necesita México de los tribunales especiales de drogas? ¿Contravienen los derechos de las personas los tratamientos condicionados? Y por último: ¿Qué es más importante respetar y hacer cumplir: las disposiciones internacionales de los derechos humanos o los del sistema internacional de control de drogas?

CuPIHD y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invitan a todos los interesados en averiguar éstas, y otras respuestas, en el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, del 7 al 9 de agosto de 2013, en la CDHDF.

Más información e inscripciones en http://drogasdh.cdhdf.org.mx

¡Allí nos vemos!

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Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos

¿Cuál es la relación de las drogas con los derechos humanos? ¿Es legítimo violar nuestros derechos básicos en nombre del control de drogas? ¿Qué tratados y obligaciones internacionales son más importantes para México?

CuPIHD y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invitan a todos los interesados en averiguar éstas y otras respuestas al Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos del  7 al 9 de agosto de 2013, en la CDHDF.

Más información e inscripciones en http://drogasdh.cdhdf.org.mx

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La disputa violenta de los mercados de drogas en el D.F.

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Con un valor anual aproximado de 100 millones de dólares(1), las ganancias del mercado de drogas ilícitas del D.F. se han convertido en objeto de disputa entre grupos delictivos que encuentran en este mercado una posibilidad de crecimiento económico.
Un dato relativo a esta disputa lo aporta Eduardo Guerrero, al señalar que a partir del cambio de gobierno, el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada en la Ciudad de México ha aumentado un 43% (2).
Sin embargo, la disputa por estos mercados es distinta a las reyertas tradicionales que, por territorios, enfrentan a un grupo X contra un grupo Y.
Ahora, la disputa incluye el mercado de sustancias en espacios de ocio nocturno, mismos que proliferan en zonas de la ciudad con alto número de bares, discotecas y todo tipo de antros; muchas de ellas en zonas de poder adquisitivo alto y que congregan a usuarios de drogas dispuestos a pagar más por la droga con tal de disminuir los riesgos que implica acceder a ella, situación que, en sí misma, propició el desarrollo del mercado de drogas en este tipo de lugares.
Es entonces que el tamaño de la demanda que se acumula los fines de semana en zonas de ocio nocturno ha dejado de ser de interés sólo para usuarios carismáticos que suelen aprovechar el conocimiento de pares usuarios, la dinámica de los lugares de reunión y un conocimiento sobre dónde adquirir la droga a precio económico para obtener sus propias ganancias.
Ahora, estos espacios de la vida nocturna han pasado a ser de interés para grupos de la delincuencia organizada que, en la dialéctica del “coopelas o cuello”, han ido desplazando de la escena a los dealers “amateurs” de estos antros; para apoderarse de los lucrativos mercados de colonias como la Condesa o la Roma, que compiten ya con los de la Morelos y otras zonas tradicionalmente ubicadas como “focos rojos” en los mapas de las dependencias de seguridad.
De este modo, los grupos en disputa, se han ido especializando en los mercados locales, y aun cuando no son los grandes grupos delictivos que se disputan el inmenso mercado norteamericano, tampoco pueden ser independientes a estos: los grupos locales no tienen los operadores ni los contactos para traficar cocaína desde Sudamérica ni para producir ETA de forma independiente.
Son, en cambio, apéndices de los grandes grupos de traficantes que intentan controlar los mercados locales con base en la violencia y a través de grupos locales independientes, que conocen cómo opera la violencia, las reglas informales del juego y a la justicia local, lo que les aporta una ventaja comparativa que aprovechan para operar el creciente mercado de drogas ilegales del Distrito Federal.
Notas:
(1) Zamudio, C. (2013) Drogas DF. Cuadernos Cupihd, no.6.
(2) Guerrero, E. (2013) Nuevas coordenadas de la violencia. Revista Nexos, julio de 2013. pp. 22-26.