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Mariguana DF y Clubes Sociales de Cannabis: Cuaderno 5 de CuPIHD

Marihuana DF presenta un acercamiento al mercado de la cannabis en la Ciudad de México, a las distintas maneras en que los usuarios se suman como consumidores, y a cómo se relacionan con su entorno y con otras sustancias ilegales. Este Cuaderno ofrece además una respuesta viable a distintos problemas planteados por la dimensión del mercado: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad.

Las actuales políticas, sin haber alcanzado su objetivo de reducir el consumo, tampoco han conseguido acercar a los usuarios de sustancias ilegales a las instituciones a las que tienen derecho a recurrir en busca de apoyo.

Este ensayo pone en entredicho a las políticas tradicionales y la efectividad de la Ley contra el Narcomenudeo, cuya aplicación termina por criminalizar a los usuarios cuando su espíritu, en teoría, es diferenciarlos del mundo delictivo.

Mariguana DF presenta un ángulo de análisis poco frecuente en los textos tradicionales sobre el tema, dado que incluye la opinión del usuario de la droga ilegal más consumida en la Ciudad; una voz que había sido sistemáticamente excluida de toda investigación sobre el tema.

Índice:

página 3: Presentación

página 5: El mercado de la mariguana en la Ciudad de México

página 22: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Autores: Carlos Zamudio Angles y Jorge Hernández Tinajero
Noviembre de 2012

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF, completo)

Extracto:

Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Como ha sido posible constatar, el mercado de cannabis de la Ciudad de México se puede caracterizar como uno fundamentalmente estable, en el que el consumo de mariguana es el denominador común a la mayoría de los usuarios adultos de drogas ilegales de la ciudad.

Si, como lo muestra el anterior análisis, consideramos que los usuarios de mariguana conforman nueve de diez partes del mercado negro de drogas ilícitas, la regulación del mercado de cannabis se presenta como una oportunidad para establecer relaciones formales, institucionales, con ellos. Fuera de la órbita delictiva y a través de un enfoque de derechos humanos, se podría garantizar un acceso seguro a la mariguana y evitar al máximo la vinculación con los dealers, para que de esta forma se inhiban las relaciones entre usuarios y actores de la delincuencia organizada.

Visto como un mercado, el de la cannabis en la Ciudad de México goza de sistemas de distribución muy eficaces, que hacen prácticamente imposible la eliminación de la oferta por la vía policiaca. Esto hace que su disponibilidad sea muy alta y la variedad de la oferta muy amplia y al alcance de cualquier bolsillo.

A pesar de su extensión y comercio continuo, la ilegalidad de este mercado genera constantes conflictos de sus usuarios con la ley, dada la ambigüedad jurídica de estos últimos, y el bajo umbral establecido en ella para la posesión no criminal, lo que a su vez contribuye a su marginación y a la desconfianza del usuario hacia las instituciones del Estado que pueden ayudarlo en caso de necesidad. La falta de acceso seguro y legal a la planta, así, obliga a quienes deciden usarla a recurrir a circuitos delictivos, en los que también se encuentra disponibilidad para drogas más peligrosas.

Dadas las características anteriormente descritas, este documento propone considerar a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como modelo de un nuevo sistema regulatorio para esta planta en la Ciudad de México, que contribuya a proporcionar un acceso seguro a ella para los adultos de plenos derechos, que decidan usarla por razones lúdicas o médicas.

La propuesta busca delimitar y limitar al mercado negro, aumentando incentivos para que los usuarios no tengan que recurrir al mismo; así como generar actividad económica e ingreso público evitando el mercado abierto e indiscriminado de la planta y, al mismo tiempo, busca abrir un espacio de vinculación institucional con el usuario fuera del ámbito de la justicia penal.

Consideraciones

Los Clubes Sociales de Cannabis son una propuesta regulatoria para la producción y el uso de la planta en México que, si bien requiere de algunos cambios legislativos, puede ajustarse a las disposiciones del sistema internacional de control de drogas comprendido en los tratados y otros instrumentos internacionales firmados por el país.

Los Clubes suponen un mecanismo vinculatorio entre el derecho a la autonomía de los adultos en cuanto al uso de cannabis, que se encuentra contemplado en nuestras leyes, y la posibilidad de producirlo de manera comunitaria y privada para fines recreativos o con propósitos médicos. La propuesta soluciona, de esta manera, las contradicciones que supone contar con derecho al uso, pero la imposibilidad de ejercer tal derecho sin recurrir en algún momento a alguna actividad considerada como delictiva, como es por ejemplo la adquisición.

El esquema se basa en la construcción de un circuito cerrado de producción-consumo, fiscalizado estrictamente por el Estado, y que se circunscribe al ámbito de lo privado, con lo que la publicidad, el uso público y la admisión quedan reservadas estrictamente a los miembros de la asociación, quienes por definición deben cumplir con requisitos específicos para ser admitidos al circuito. Entre ellos se cuentan la mayoría de edad, el ser invitado por otro socio, conocer los riesgos del uso del cannabis y el compromiso de evitar todo contacto con otras fuentes de abastecimiento.

Ventajas

El sistema de los CSC ofrece ventajas reales e inmediatas para el usuario, ya que le garantiza seguridad jurídica en ejercicio de sus derechos, lo aleja de las redes del comercio ilegal y del mundo del delito, al eliminar la necesidad de acudir a los traficantes ilegales; le garantiza estándares de calidad que no obtiene en el mercado negro y puede acercarse, a través de la propia asociación, a servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de su salud.

Beneficia también al cultivador y/o productor de la planta, que encuentra en este espacio una actividad más de sustento como actividad agraria y económica. De este modo, el productor tiene contacto directo con el usuario y se elimina entre ellos al intermediario, quien cumple en la actualidad con el papel ilegal del proceso.

Por último, los CSC benefician a las autoridades y todos los miembros de la sociedad que no son usuarios, ya que generan actividad económica fiscalizable, disminuyen la contribución de los usuarios a los mercados y redes ilegales, reducen la disponibilidad de la cannabis exclusivamente a los socios y a su uso en los ámbitos privados. Además, los CSC hacen posible generar mejores mejores vínculos institucionales con sus miembros, de modo tal que sea posible ampliar el espectro de oferta de servicios de salud e informativos para ellos. De este modo, proponemos diseñar y llevar a la práctica un modelo legal de circuito cerrado para la regulación del uso de cannabis en la Ciudad de México, que responda a las necesidades específicas de organización del mercado de la mariguana en México a través de clubes sociales del cannabis.

Un sistema de organización del mercado de cannabis en la ciudad, a través de los CSC, presentaría importantes ventajas en materia de salud, ya que a través de ellos sería posible conocer de mejor manera el número y características de los usuarios de la ciudad, tener control sanitario sobre el producto, ayudar a la investigación científica y garantizar al mismo tiempo los derechos de los usuarios; dar acceso seguro y legal a pacientes que usan cannabis medicinal y desarrollar entre los asociados mejores programas de reducción de riesgos y daños.

Adicionalmente, los CSC ayudan a separar el mercado de la cannabis del de otras drogas de mayor potencial conflictivo o peligrosidad, social y personal, como el crack o la cocaína, y a reducir los riesgos de violencia social y de salud de las comunidades.

Económicamente, los CSC reducen los incentivos para recurrir al mercado negro creando una relación directa entre el usuario y el productor, ya que eliminan la intermediación que realiza por definición el mercado, legal o ilegal. Al eliminar todo comercio abierto de la planta en el mercado, los clubes pueden ajustarse al sistema internacional de control de drogas.

En el mismo sentido, y dado que los CSC carecen de propósito de lucro, no hay posibilidades de publicidad abierta para ellos; generan actividad económica e impuestos, pero no participan en ningún mercado abierto; conforma un circuito cerrado fiscalizado directamente por el Estado, crean alternativas para productores privados e independientes, y toda su operación, desde la producción hasta el consumo son transparentes y fácilmente fiscalizables.

Asimismo, en la medida que los clubes producen la totalidad de la planta y no sólo la flor utilizada como mariguana, los CSC permitirían aprovechar, también, los productos industriales del cáñamo derivados de las fibras, las semillas y todas las partes de la planta que son aprovechables por una actividad industrial prevista en los tratados internacionales de drogas y de libre comercio firmados por México, como son el TLCAN, TLCUE, Chile, etc.

Por último, en términos de seguridad y combate al crimen vinculado a las actividades ilegales del tráfico de drogas, los CSC contribuyen a desplazar al crimen organizado por una vía no violenta, al crear nuevos incentivos para el usuario, la comunidad y la autoridad. El consumo puede ser realizado en el club como parte de una actividad privada, y en caso de no ser en ese lugar, el asociado se compromete a utilizarla exclusivamente en espacios privados y nunca en la vía pública, lo que ayudaría a no distraer recursos policíacos en la persecución de este tipo de faltas cívicas.

Estructura

Los CSC son asociaciones civiles sin fines de lucro, a las que sólo se puede acceder siendo mayor de edad e invitado por otro socio y mediante declaración de voluntad personal para aceptar las condiciones de la membresía.

El socio declara que ha decidido consumir de forma libre y por propia iniciativa, formula una solicitud de participación de cultivo comunitario, abona cuotas que sufragan una parte de la cosecha comunitaria, se da por informado de los riesgos de su decisión y renuncia a participar de cualquier otro CSC.

El socio asume un compromiso para limitarse al uso personal y para no derivar ninguna parte de la cosecha hacia el mercado negro o tercero alguno.

Por su lado, el CSC hace una previsión anual de consumo, con un cuota máxima de 60 gramos al mes (si bien puede haber casos especiales de uso terapéutico) con la que cada socio tiene derecho a recoger, de forma controlada su parte respectiva de la cosecha, para uso exclusivo en espacios privados.

El club supervisa y coordina el cultivo de todas las plantas y su procesamiento, se registra toda la información necesaria para las autoridades, y puede crear a su vez relaciones con productores privados, que generan de nueva cuenta transacciones fiscalizables, e impuestos sobre ellas.

Retos, riesgos y oportunidades

La experiencia internacional en cuanto a la operación de este tipo de asociaciones es relativamente reciente, pero de gran expansión en muchas partes del mundo. En España por ejemplo, país que comenzó con su instrumentación, existen más de 200 asociaciones de esta naturaleza, mientras que los movimientos por el autocultivo en Latinoamérica, y especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, así como las autoridades de estos países, ven en los clubes una excelente oportunidad para crear un nuevo ambiente en el uso de la mariguana, en el que se garantizan los derechos de los usuarios, se tiene control e información sobre ellos y se evitan los circuitos delictivos asociados al comercio ilegal de la planta.

Crear CSC en la Ciudad de México, al igual que en otros estados del país, requiere esencialmente de modificar las disposiciones federales que impiden el cultivo de la planta de la cannabis bajo cualquier modalidad, para legalizar la figura del cultivo personal y comunitario sin fines de lucro y para exclusivo uso privado. De no ser posible esto, podría declararse otorgar prioridad cero, para efectos de persecución del delito, al cultivo con tales fines. Es importante señalar, en este sentido, que las convenciones internacionales que regulan a la planta de la cannabis se limitan a considerar su fiscalización sólo en cuanto a la sumidera florida de la planta hembra, y no impiden el aprovechamiento o el cultivo y uso de otras partes de la misma.

En todo caso, al eliminarse las disposiciones que hacen indistintamente ilegal al cultivo se abre la posibilidad de instrumentar regulaciones locales específicas para la instrumentación de cada club. En este sentido, las posibilidades regulatorias pueden considerar a las autoridades federales, pero también disposiciones y adecuaciones de orden estatal o incluso municipal.

Por supuesto, se vuelve necesario también, instrumentar mecanismos que impidan que los clubes se conviertan en una fachada del comercio ilegal de la planta. Sin embargo, limitando el número de socios a uno que permita el equilibrio y la autosuficiencia, así como garantizando la transparencia operativa de los mismos, tales riesgos pueden reducirse significativamente.

Por último, es preciso considerar que los CSC pueden ser una herramienta de gran ayuda para el control de otras sustancias más peligrosas cuyo uso en aumento se presenta ya en la sociedad mexicana. Los clubes garantizan, regulan y limitan el acceso a la cannabis a los adultos de plenos derechos y limitan de forma clara el acceso de los menores a la sustancia. Contribuyen así, también a las tareas y preocupaciones comunes a toda la sociedad.

 

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF)

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La regulación del cannabis avanza

Catarina

La regulación del cannabis en Estados Unidos es irreversible. Apenas ayer los ciudadanos de 3 estados y del distrito de Columbia votaron regulaciones sobre cannabis y volvieron a demostrar los vientos de cambio que soplan, ahora, en este sentido. Con ellos, son ya 23 los estados con regulación de cannabis para uso médico en los Estados Unidos, y 4 más con uso no médico. Adicionalmente, hay 5 estados más que votarán por leyes regulatorias en 2016. Más de la mitad de estados que conforman el pacto federal.

En esta última avanzada, Oregón y Alaska se convirtieron en el tercer y cuarto estado en legalizar el consumo sin fines médicos, así como toda la cadena productiva de la mariguana, lo que claramente ahonda la incómoda posición de los Estados Unidos ante el sistema internacional de control de drogas que tanto ha promovido.

Además, el que tales estados sean gobernados por los dos grandes partidos nacionales evidencia que la reforma de drogas trasciende a las fuerzas políticas tradicionales e involucra a la sociedad en general. Aun así, el caso de Florida es un ejemplo de que aun hay muchas resistencias qué superar: la propuesta para regular mariguana con fines medicinales no prosperó, aun cuando contó con 58% de los votos, ya que las disposiciones establecían que para hacerse efectiva, tendría que contar con al menos 60% de ellos.

Por otras razones, sin embargo, en este panorama destaca para México el caso de Washington D.C. que aprobó con el 65% de los votos la Iniciativa 71, a través de la cual sus ciudadanos podrán cultivar hasta 6 plantas de cannabis, portar hasta 58 gramos de mariguana y suministrar hasta 25 gramos a otra persona, sin tener consecuencias legales por ello.

La iniciativa votada no contempla el comercio de cannabis, pero la alcaldía estaría considerando un acuerdo que podría regular y tasar, en un segundo momento, un estricto comercio de mariguana para adultos.

Los legisladores mexicanos deberían tomar nota no sólo de la ola reguladora en general y de los distintos modelos que adopta en lo particular, sino también de la existencia de alternativas que regulan mariguana sin que ello implique el comercio con lucro de la misma, algo estrictamente limitado en los tratados.

Dicho de otro modo: es el cultivo, y no el mercado, el elemento sine qua non para cualquier regulación de la cannabis.

Es notable, en este sentido, que todas las iniciativas aprobadas en los Estados Unidos coinciden en la regulación del cultivo, sea a través de la descriminalización del autocultivo –caso Washington D.C.- o de la legalización de la producción –casos Alaska y Oregón-.

En México el cultivo solo puede regularse a nivel federal, por lo que extraña no ver estrategias legislativas que exploren con detenimiento esta vía, que a fin de cuentas puede ajustarse incluso a las normatividades internacionales.

Pero mientras esto sucede, el representante del Poder Ejecutivo en este tema parece tener la misión de nadar a contracorriente: el Dr. Mondragón, nuevo comisionado contra las adicciones del país, declaró tajante en su primera entrevista pública: “No quiero ver un país mariguanero”. Es decir: no quiere ver, ni oler, nuestra propia realidad.

 

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Una nueva amenaza para la DEA: la regulación

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Como era de esperarse, la lupa del prohibicionismo se ha vuelto hacia los nuevos ensayos regulatorios que experimenta la mariguana alrededor del mundo, y los poderes fácticos y públicos que lo sustentan no pierden el tiempo para influir en la opinión pública por todos los medios posibles.

Este es el caso de la Drug Enforcment Agency (DEA) de los Estados Unidos, una de las instituciones más interesadas en impedir que la guerra contra las drogas termine, y que ahora se ha convertido en crítica a las regulaciones de los estados de Colorado y Washington, en los Estados Unidos.

Como se lee en esta nota, la directora de la DEA Michelle Leonhart compareció recientemente ante distintos Comités de la Cámara de Representantes para defender el presupuesto de la agencia para el año 2015, aduciendo que cárteles de la droga de México y Estados Unidos estaban planeando competir con los precios de la mariguana regulada en Colorado y Washington con el fin de consolidar un mercado negro en ciernes.

Según la funcionaria, la regulación de la mariguana está abriendo nuevos espacios para el comercio ilegal de mariguana, y añade que el experimento no disminuirá el poder de las organizaciones criminales. La interpretación de la DEA, sin embargo, omite mencionar algunas piezas clave de este entramado.

En primer lugar. El mercado ilegal de mariguana no está llegando a Colorado y a Washington debido a la regulación, sino que por el contrario, era el único que ya estaba ahí: justamente, antes de la regulación de la mariguana sin fines médicos, el mercado era controlado únicamente por agentes ilegales. La diferencia, tal vez, es que ahora éstos luchan por sobrevivir en un mercado con reglas del juego distintas.

A esto hay que agregar que los mercados ilegales no se acaban, como por arte de magia, con la regulación, y los menores de edad seguirán siendo una población objetivo de los traficantes que intentarán convertirlos en sus clientes. Sin embargo, con la regulación los esfuerzos punitivos se concentran en quienes suministran a menores –u otras poblaciones vulnerables- y en quienes trafican sustancias cuyo consumo genera mayores problemas de salud.

En segundo lugar, en esta ocasión se le olvida a la DEA la cantaleta largamente repetida de que la mariguana legal y regulada bajaría de precio y sería más accesible para todo público. Sucede exactamente al revés: los mercados regulados de mariguana ofrecen garantías de calidad al usuario y pagan impuestos, lo que eleva su costo de manera significativa. Fumar mariguana legal en los Estados Unidos puede resultar, así, nada barato: 1/8 de onza (3.8 gramos) de hierba de buena calidad puede llegar a costar 60 USD dólares, o más.

Y por último, la DEA no parece tomar mucho en cuenta que los usuarios, al tener canales legales y garantías de calidad para obtener el producto que quieren, no están forzados a contribuir con los mercados ilegales, que a fin de cuentas dejan de percibir esos ingresos.

Pareciera ser, así, que la DEA, más que alertarnos sobre las consecuencias negativas que podría traer a la sociedad el mercado regulado de mariguana, revela un temor mucho más profundo: que esas consecuencias sean negativas para la política punitiva, y que el desplazamiento de los cárteles por la vía del mercado, y no únicamente de la confrontación directa, pueda convertir a las agencias contra las drogas, en el mediano plazo, en instituciones irrelevantes para la sociedad, al menos a los ojos de los contribuyentes que las financian con sus impuestos.

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Cannabis a nivel federal: el camino correcto

Legal Marijuana
Aun cuando ha recibido menos publicidad mediática que la presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la iniciativa para reclasificar la planta de la cannabis presentada por el Senador Mario Delgado en la Cámara alta, contiene tres elementos clave que la hacen digna de consideración.
El primero de ellos es la reclasificación de la cannabis dentro de la Ley General de Salud, de modo tal que pueda ser considerada como una sustancia con valor terapéutico para la salud pública; algo imposible hoy en día y una disposición necesaria e indispensable si es que realmente quiere avanzarse en su regulación terapéutica. Contrario a las voces que claman que la mariguana carece de potencial benéfico para la salud, la evidencia científica cada día apunta más hacia la exploración de sus posibilidades, como lo demuestra la existencia de medicamentos certificados hechos con ella. Pensar que una planta, por su mera condición jurídica, no puede ser considerada como un potencial agente terapéutico simplemente atenta contra el sentido común y los principios de la ciencia médica. La iniciativa también propone, en este sentido, descriminalizar la prescripción de la cannabis en la práctica médica.
La segunda clave se encuentra en la modificación –a la alza– de las cantidades de posesión no sujeta a la acción penal contenidas en la Ley General de Salud. Las cantidades propuestas son más realistas frente a las dinámicas del mercado, toda vez que las cantidades actuales –5 gramos para el caso de la mariguana– no sólo no diferencian al usuario del menudista, sino que en la práctica colocan al usuario en una posición de vulnerabilidad más grande frente al ejercicio de la acción policiaca. Cualquier política efectiva hacia las drogas, ya sea de salud o de seguridad, tiene por fuerza que ser capaz de distinguir y de tratar de manera diferenciada, al uso de drogas de su comercio.
La tercera clave de esta iniciativa se encuentra en su intención de regular el cultivo de la cannabis, dándole competencias específicas a las entidades federativas, ya que sin una producción fiscalizada por la autoridad difícilmente se podría hablar de una regulación integral hacia ella. De este modo, se propone hacer consideraciones especiales a quien cultive por necesidad económica, otorgar a las entidades el control sanitario de la producción y reconsiderar el cultivo con fines privados y no comerciales, lo que se ajusta al sistema internacional de control de la planta.
Desde luego, la iniciativa no agota todas las complicaciones que una reconversión de la política de drogas en México implica. Sin embargo, la iniciativa atina decididamente a señalar en dónde se encuentran algunos de sus más importantes nudos gordianos. Desenredar éstos, y algunos otros, será la tarea que los próximos años depara a nuestra sociedad una política de drogas más humana, más eficaz, más segura y más saludable para todos: usuarios y no usuarios.
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Drogas en las altas esferas del poder

Leviatán

Recientemente, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en entrevista a la revista The New Yorker, declaró que ha fumado mariguana y que “no creo que (fumar marihuana) sea más peligroso que el alcohol”. Señalamiento que hace ver que fumar mariguana no impide el funcionamiento social de las personas, cuando menos no como insisten en declarar las dependencias de salud mexicanas.

Más importante aún es la consideración que tiene respecto a la seguridad de los usuarios: “los niños de clase media no van a prisión por fumar marihuana, pero los niños pobres, sí. Y… son menos propensos a disponer de recursos y apoyos como para evitar penas excesivamente duras”. Una realidad que también vivimos en otros países.

Al mismo tiempo, Obama saludó las nuevas legislaciones de Colorado y Washington, no sin decir que estas no serán la panacea que muchos esperan… Algo que está por verse.

En México, otra expresión reciente a favor de la regulación de la mariguana la presenta el sub procurador de control regional de la PGR, Renato Sales, quien señaló que urge debatir sobre mariguana y aunque descarta que nuestro país deba seguir el mismo camino de Uruguay, agregó que “la realidad es que México ha pagado un precio muy alto por combatir al narcotráfico e impedir el cultivo de marihuana en su territorio y ahora resulta que en varias ciudades ya se legalizó”.

De este modo, es importante observar que cada vez son más las personas que operan –y tienen altas responsabilidades- en las dependencias de seguridad y justicia y que, al observar no sólo el fracaso, sino lo contraproducente de intentar regular un mercado en base a la represión, han decidido alzar la voz a favor de una mejor política de drogas. Esperamos que su voz sea escuchada y sean más quienes se sumen a un debate basado en la evidencia y no en ideologías.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló apenas la semana pasada una disposición legal que permite la geolocalización en tiempo real y sin orden judicial previa de los teléfonos celulares que estén vinculados a delitos graves, una disposición que pone en riesgo la privacidad de las personas, aunque dicen que solo será usada cuando se trate de casos de “extrema urgencia”.

Sin embargo, entre los delitos “graves” incluyen, junto al secuestro, la extorsión, las amenazas y la delincuencia organizada, a los delitos contra la salud; y ello sin distinguir la modalidad de posesión, del tráfico o la producción ni ninguna otra.

En este sentido, cabe recordar que un poco más del tercio de millón de presuntos delincuentes por delitos contra la salud detenidos durante el gobierno previo, el 73% correspondió a la modalidad de posesión. Y que de las poco más de 70 mil sentencias dictadas en el mismo período, el 80% correspondió a la posesión, modalidad por la cual suelen ser detenidos los usuarios de drogas, muchos de los cuales son consignados y sentenciados como narcomenudistas.

Por todo esto, cabe preguntarse si el permitir la geolocalización de personas que han decidido consumir -y portar- una sustancia ilícita, y que podrían ser perseguidos como a los criminales más peligrosos, será solo una más de las consecuencias no intencionales de las políticas punitivas en materia de drogas, o si será sólo otro golpe al vacío.

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Mariguana en Santiago y la Ciudad de México

chile-mexicoSantiago y México D.F. son dos importantes mercados de mariguana, cada uno representa el mercado más grande de su país.

Ambas ciudades cuentan con leyes y políticas restrictivas de este mercado en consonancia de los tratados internacionales en la materia, pero la aplicación de las leyes ha sido distinta y, por tanto, sus consecuencias también. Contrastamos ambas realidades.

En lo relativo al mercado negro, es importante señalar la diferencia de precios que paga el consumidor. En Santiago el precio de mariguana de interiores (indoor) es de 10,000 pesos chilenos por gramo (en promedio, unos 20 dólares) mientras que el de mariguana paraguaya, de baja calidad, es cercano a los 2,000 pesos chilenos por gramos, unos 4 dólares.

En México el precio de mariguana indoor es de unos 100 pesos promedio, unos 8 dólares, mientras que el de mariguana tradicional es de unos 10 pesos, menos de 1 dólar.

La diferencia de precio puede explicarse con base en que México es un país productor de mariguana outdoor y existen regiones de cultivo cercanas a la ciudad de México, competencia que no sólo abarata los precios sino que dificulta la aparición de cultivadores indoor. A esto hay que agregar que la ley mexicana penaliza más fuerte a quien cultiva para su propio consumo (mínimo de 10 años) que a quien compra la mariguana en el mercado negro (entre 10 meses y 8 años, dependiendo de la cantidad portada). Ergo, los usuarios optan por comprar en el mercado negro, antes que en cultivar y correr el riesgo de ser juzgado como capo e ir a prisión.

En otras palabras, la legislación mexicana favorece la preminencia de los traficantes en el mercado de mariguana.

Por su parte, el mercado de Santiago no es abastecido por regiones de cultivo cercanas, sino que es abastecido por traficantes paraguayos (prensado paraguayo), al igual que en buena parte de América del Sur. Por ello, los usuarios chilenos se encuentran en un mercado que ofrece dos tipos de mariguana, una “mala” y “cara” y otra “buena” y “muy cara”, ante lo cual optan por cultivar su propia mariguana, actividad que florece en aquellas latitudes. Así, en las calles de Santiago es posible encontrar decenas de grow shops (tiendas de implementos para el cultivo), llenas de personas comprando desde macetas y sustratos, hasta lámparas y semillas, además de cientos de tiendas que ahora agregan parafernalia cannábica entre los productos en venta.

En otras palabras, la diferencia de precio parece corresponder a las características en la disponibilidad de la oferta, antes que al impacto de las políticas contra la mariguana y sus usuarios. Sirvan de ejemplo la llamada guerra contra las drogas y las políticas de combate al narcomenudeo.

En consecuencia, si las políticas actuales no han llevado al debilitamiento del mercado negro, es momento de optar por una política de tolerancia hacia los usuarios que cultiven; de modo tal que éstos ya no se vinculen con la delincuencia y opten por relacionarse con otros usuarios y autoridades en entornos sin violencia. Una perspectiva que permite no sólo dejar de desperdiciar recursos de seguridad pública persiguiendo delitos en los que no hay víctima; sino también abrir un nuevo espacio para políticas de salud más efectivas, como son las encaminadas a reducir los riesgos y daños que el consumo puede producir.

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Las adicciones de la ciencia

 

Ciencia

Hay pocos acuerdos sobre los riesgos y posibilidades del uso de mariguana. Donde algunos estudios científicos observan una terapia inmejorable para ciertos padecimientos y enfermedades, otros estudios encuentran riesgos y daños a la salud de los consumidores, de modo tal que aun cuando posiciones de uno y otro lado escojan distintas fuentes, la ciencia no ha sido concluyente en este tema.

Entre los pocos acuerdos científicos en cuanto  al uso de mariguana, sin embargo, se encuentran los relativos a los menores de edad, especialmente cuando el consumo es intensivo. Un dato que todos debemos tomar en cuenta.

Pero dado este contexto, y aceptando que el uso de la mariguana tiene otro riesgos adicionales, algunas autoridades argumentan que hay que mantener prohibida la mariguana por los riesgos que implica el consumo.

Ante ello, cabe preguntarse ¿qué no tiene riesgos? Y más importante aún ¿Cuáles son los riesgos de la marihuana en comparación con otras sustancias, toda vez que también existe un consenso amplio en cuanto a la relativa inofensividad de ella con respecto al alcohol, el tabaco y al resto de drogas ilícitas?

He aquí donde se plantea un falso debate. Autoridades, y algunas otras opiniones, quieren utilizar el argumento de esos riesgos como el único factor importante para impedir cualquier regulación de ella, lo que implica, en los hechos, obviar el impacto social que tiene entre usuarios y no usuarios la ausencia de regulación.

No es la primera vez que la ciencia es usada con fines políticos. Un ejemplo histórico es el de la Alemania nazi, en la que la ciencia buscó probar la superioridad de una raza, y con ello, consumidores de drogas fueron encerradosde forma involuntaria en campos de concentración junto a otras minorías: judíos, eslavos, gitanos y homosexuales, entre otras.

Por tal razón, es imprescindible hacer notar que la ciencia no necesariamente es siempre la mejor, ni debe ser la única evidencia a considerar en las políticas de drogas. Vale la pena recordar que la mera prohibición no ha funcionado para evitar que la mariguana llegue a los menores de edad: un ejemplo de ello son los datos sobre uso de drogas entre estudiantes de nivel medio de la Ciudad de México, los cuales señalan que el uso alguna vez en la vida creció de 8.8 a 15.9; un crecimiento del 80% en el reciente sexenio, y ello pese a que el programa federal en materia de adicciones se proponía, en el mismo lapso: “disminuir en 10% la prevalencia de consumo, por primera vez, de drogas ilegales en la población de 12 a 17 años de edad”.

Es decir. En un mercado sin regulación, o peor aún, regulado por la delincuencia, aquellos a los que se pretende proteger de manera especial –los menores de edad- tienen más acceso a la mariguana y a otras sustancias ilegales, del que tienen en sustancias bajo control, aunque éste no sea perfecto. Mientras tanto,  los derechos de los adultos que ejercen su autonomía personal sin molestar a terceros son criminalizados y perseguidos por las fuerzas de seguridad, lo que a su vez causa grandes gastos y distracciones en los recursos institucionales del sistema de justicia por delitos que carecen de víctima y que no atentan contra la propiedad o la seguridad de terceros.

Por ello, insistimos, la política pública debe equilibrar sus decisiones. Los estudios sociales, con perspectiva de derechos humanos, son tan fundamentales en las sociedades democráticas como lo es el conocimiento científico.

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Dándonos las tres en el Centro Fox

Centro Fox

El pasado fin de semana se llevó a cabo el “Primer Simposium EEUU-México sobre Legalización y Uso Médico de Cannabis” en el Centro Fox.

En éste, participaron especialistas de ambos países que, desde sus respectivas disciplinas, aportaron información sobre las posibilidades y riesgos que conllevan las distintas formas de regulación del acceso y uso del cannabis.

Entre los más rescatable figuró Alison Holcomb, autora de la iniciativa 502 en Washington para regular la sustancia en ese estado, quien señaló la necesidad de que la regulación de la producción a partir de licencias debe ir acompañada de la regulación del consumo a partir de establecer cantidades de uso personal adecuadas a la realidad del mercado; y Steph Sherer, directora de American for Safe Access, quien señaló que en Estados Unidos ya hay un millón de pacientes que utilizan el cannabis, una tendencia creciente que viene desde el boom del uso terapeútico en California que se dio durante los años 80, cuando el país enfrentaba la difusión del virus del VIH y los pacientes empezaron a utilizarla para poder consumir alimentos y mejorar su calidad de vida.

Del lado mexicano destacaron Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia, quien señaló las diferentes formas de regulación existentes en el mundo y las posibilidades de México para optar por alguna de estas; y Julio Frenk, secretario de salud durante el período del mismo Fox, quien abundó sobre las posibilidades del uso médico de la mariguana y sobre la necesidad de realizar investigación en la materia, a la vez que enfatizó en que como resultado de la política de drogas actual (y la epidemia de homicidios que ha desatado) por primera vez en 30 años el país tuvo un descenso de casi un año en la esperanza de vida.

También fue de destacar la participación de Dolf Hogewoning, embajador del reino de Holanda, quien además de detallar el modelo holandés y los beneficios que este ha tenido en lograr contener el consumo de drogas duras en niveles menores al promedio europeo, habló sobre el cierre de coffe shops en la frontera sur de Holanda, que se ha debido a que algunos municipios de la región han establecido regulaciones más estrictas debido al turismo de sus vecinos, pero enfatizó que la decisión autónoma de estos municipios no debe ser vista como un retorno a la prohibición, sino como un reforzamiento de la regulación. A su vez, enfatizó en que el incremento de las restricciones aumenta la delincuencia, algo que los holandeses comprobaron con la política de exigir membresías de socios a los clientes de coffe shops, la cual generó el fortalecimiento del mercado negro y razón por la cual se suspendió esta política.

Por nuestra parte, como asistentes al evento, desde CuPIHD señalamos la necesidad de incluir en la discusión a los propios usuarios; de recordar que éstos tienen derechos; de eliminar las ambigüedades en la despenalización de la posesión de drogas que existe en la llamada Ley contra el narcomenudeo; y finalmente, externamos nuestra posición con respecto a la regulación comercial de la planta que propuso el propio expresidente: desde nuestro punto de vista se trata de garantizar los derechos, el acceso a la información y a servicios de salud eficientes, no discriminatorios y acordes con las necesidades de los usuarios,no de organizar un negocio a la manera de la industria refresquera.

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Las posiciones fáciles

exitHace apenas unos días, durante su participación en la reunión de la Alianza del Pacífico, el Presidente de la República reiteró que, al igual que su homologo previo, está abierto al debate de la legalización de algunas drogas, pero no a favor de ella.

En la ocasión, el jefe del Ejecutivo Federal mencionó que “ésta puede ser una posición o una forma fácil, quizá y hasta falsa eventualmente de combatir con mayor eficacia al crimen que esta muy vinculado al narcotráfico y a la venta de drogas”. También afirmó que el crimen organizado había diversificado sus actividades, por lo que la “legalización no evitaría el crecimiento de éstos, pudiendo incluso intensificar otros delitos”.

Pero en honor a la verdad la “forma fácil”, al menos para escurrir el bulto, es la de él mismo: parece olvidar que el crimen vinculado al narcotráfico se deriva de las políticas de prohibición de las drogas que propician rutas y mercados negros que son disputados intensamente ante la debilidad de las instituciones del Estado, y la impunidad que esta propicia.

En este sentido, la regulación del mercado de la mariguana si podría tener impactos positivos, pero no solo contra el crimen organizado, al cual se le restaría un tercio de sus ingresos por drogas (cuando menos en la Ciudad de México), sino también en favor de la sociedad, ya que se contendría el contacto entre gran parte de los usuarios y los vendedores de drogas más peligrosas, como son el crack y la anfetaminas.

El Presidente se equivoca también cuando señala que la legalización es una posición fácil en el combate a la delincuencia organizada, en tanto que se trata de una alternativa que apuesta por centrarse en la educación y salud de los usuarios de drogas y en el combate al tráfico de las que tienen mayor potencial adictivo. Para el Presidente, al parecer, es mejor combatir frontalmente a un mercado heterógeneo y variado en drogas, combinado con una supuesta oferta de tratamiento para usuarios, que en su mayoría no lo requiere: como lo acepta la misma ONU sólo entre 10 y 20% de los usuarios de drogas llegan a ser dependientes de ellas.

En otras palabras, mientras se continúe simplemente reformulando las políticas de la prohibición, no tendremos sino los mismos resultados: violencia, violaciones de derechos humanos, corrupción y un Estado débil ante el crimen.

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Humos verdes en la Ciudad de México: Marcha de la Marihuana 2013

 

MarchaEl sábado 4 de mayo tuvo lugar la XIII Marcha Mundial por la Legalización de la Marihuana, tanto en la Ciudad de México como en más de 200 ciudades del mundo.

En nuestra ciudad la marcha fue todo un éxito. Tuvo una asistencia de entre 4 y 5 mil personas, quienes en un ambiente festivo y respetuoso reclamaron su derecho a usar la planta sin molestar a nadie, reclamaron contra la discriminación y criminalización del usuario de marihuana, así como demandaron la posibilidad de practicar el autocultivo.

Por supuesto, no faltó quien en los medios de comunicación intentara menospreciar o denigrar esta manifestación pública.

Sólo algunas poquísimas plumas de esta clase de reacción pública, a falta de argumentos razonables, se decantaron por acusar nuevamente a los usuarios de ser los culpables de la violencia nacional por el solo hecho de ejercer sus derechos. Como en otras ocasiones, a planteamientos razonables y exigencias legítimas esgrimidas en la marcha, la respuesta de estas personas fue discriminatoria, ignorante y malintencionada.

Pero ante estas voces, el grueso de la opinión pública nacional se limitó a constatar -y en no pocos casos a reconocer también- que soplan nuevos vientos en nuestra sociedad. Los usuarios de cannabis salieron públicamente a decir que también tienen derechos, reivindicaron la vía pacífica y respetuosa para hacerse oír, y además propusieron ser parte de la solución a preocupaciones comunes de toda la sociedad.

La Marcha de la marihuana del sábado demostró, así, que si México quiere estar a la altura de los tiempos actuales, más nos conviene estar atentos para entender, de una vez por todas, que el cambio en materia de control de drogas se encuentra sucediendo ya, y que los prejuicios, las calumnias y la ignorancia no harán nada por evitarlo.

 

Multitud