Skip to Content

tag

Tag Archives: Marihuana

post

Mariguana DF y Clubes Sociales de Cannabis: Cuaderno 5 de CuPIHD

Marihuana DF presenta un acercamiento al mercado de la cannabis en la Ciudad de México, a las distintas maneras en que los usuarios se suman como consumidores, y a cómo se relacionan con su entorno y con otras sustancias ilegales. Este Cuaderno ofrece además una respuesta viable a distintos problemas planteados por la dimensión del mercado: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad.

Las actuales políticas, sin haber alcanzado su objetivo de reducir el consumo, tampoco han conseguido acercar a los usuarios de sustancias ilegales a las instituciones a las que tienen derecho a recurrir en busca de apoyo.

Este ensayo pone en entredicho a las políticas tradicionales y la efectividad de la Ley contra el Narcomenudeo, cuya aplicación termina por criminalizar a los usuarios cuando su espíritu, en teoría, es diferenciarlos del mundo delictivo.

Mariguana DF presenta un ángulo de análisis poco frecuente en los textos tradicionales sobre el tema, dado que incluye la opinión del usuario de la droga ilegal más consumida en la Ciudad; una voz que había sido sistemáticamente excluida de toda investigación sobre el tema.

Índice:

página 3: Presentación

página 5: El mercado de la mariguana en la Ciudad de México

página 22: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Autores: Carlos Zamudio Angles y Jorge Hernández Tinajero
Noviembre de 2012

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF, completo)

Extracto:

Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Como ha sido posible constatar, el mercado de cannabis de la Ciudad de México se puede caracterizar como uno fundamentalmente estable, en el que el consumo de mariguana es el denominador común a la mayoría de los usuarios adultos de drogas ilegales de la ciudad.

Si, como lo muestra el anterior análisis, consideramos que los usuarios de mariguana conforman nueve de diez partes del mercado negro de drogas ilícitas, la regulación del mercado de cannabis se presenta como una oportunidad para establecer relaciones formales, institucionales, con ellos. Fuera de la órbita delictiva y a través de un enfoque de derechos humanos, se podría garantizar un acceso seguro a la mariguana y evitar al máximo la vinculación con los dealers, para que de esta forma se inhiban las relaciones entre usuarios y actores de la delincuencia organizada.

Visto como un mercado, el de la cannabis en la Ciudad de México goza de sistemas de distribución muy eficaces, que hacen prácticamente imposible la eliminación de la oferta por la vía policiaca. Esto hace que su disponibilidad sea muy alta y la variedad de la oferta muy amplia y al alcance de cualquier bolsillo.

A pesar de su extensión y comercio continuo, la ilegalidad de este mercado genera constantes conflictos de sus usuarios con la ley, dada la ambigüedad jurídica de estos últimos, y el bajo umbral establecido en ella para la posesión no criminal, lo que a su vez contribuye a su marginación y a la desconfianza del usuario hacia las instituciones del Estado que pueden ayudarlo en caso de necesidad. La falta de acceso seguro y legal a la planta, así, obliga a quienes deciden usarla a recurrir a circuitos delictivos, en los que también se encuentra disponibilidad para drogas más peligrosas.

Dadas las características anteriormente descritas, este documento propone considerar a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como modelo de un nuevo sistema regulatorio para esta planta en la Ciudad de México, que contribuya a proporcionar un acceso seguro a ella para los adultos de plenos derechos, que decidan usarla por razones lúdicas o médicas.

La propuesta busca delimitar y limitar al mercado negro, aumentando incentivos para que los usuarios no tengan que recurrir al mismo; así como generar actividad económica e ingreso público evitando el mercado abierto e indiscriminado de la planta y, al mismo tiempo, busca abrir un espacio de vinculación institucional con el usuario fuera del ámbito de la justicia penal.

Consideraciones

Los Clubes Sociales de Cannabis son una propuesta regulatoria para la producción y el uso de la planta en México que, si bien requiere de algunos cambios legislativos, puede ajustarse a las disposiciones del sistema internacional de control de drogas comprendido en los tratados y otros instrumentos internacionales firmados por el país.

Los Clubes suponen un mecanismo vinculatorio entre el derecho a la autonomía de los adultos en cuanto al uso de cannabis, que se encuentra contemplado en nuestras leyes, y la posibilidad de producirlo de manera comunitaria y privada para fines recreativos o con propósitos médicos. La propuesta soluciona, de esta manera, las contradicciones que supone contar con derecho al uso, pero la imposibilidad de ejercer tal derecho sin recurrir en algún momento a alguna actividad considerada como delictiva, como es por ejemplo la adquisición.

El esquema se basa en la construcción de un circuito cerrado de producción-consumo, fiscalizado estrictamente por el Estado, y que se circunscribe al ámbito de lo privado, con lo que la publicidad, el uso público y la admisión quedan reservadas estrictamente a los miembros de la asociación, quienes por definición deben cumplir con requisitos específicos para ser admitidos al circuito. Entre ellos se cuentan la mayoría de edad, el ser invitado por otro socio, conocer los riesgos del uso del cannabis y el compromiso de evitar todo contacto con otras fuentes de abastecimiento.

Ventajas

El sistema de los CSC ofrece ventajas reales e inmediatas para el usuario, ya que le garantiza seguridad jurídica en ejercicio de sus derechos, lo aleja de las redes del comercio ilegal y del mundo del delito, al eliminar la necesidad de acudir a los traficantes ilegales; le garantiza estándares de calidad que no obtiene en el mercado negro y puede acercarse, a través de la propia asociación, a servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de su salud.

Beneficia también al cultivador y/o productor de la planta, que encuentra en este espacio una actividad más de sustento como actividad agraria y económica. De este modo, el productor tiene contacto directo con el usuario y se elimina entre ellos al intermediario, quien cumple en la actualidad con el papel ilegal del proceso.

Por último, los CSC benefician a las autoridades y todos los miembros de la sociedad que no son usuarios, ya que generan actividad económica fiscalizable, disminuyen la contribución de los usuarios a los mercados y redes ilegales, reducen la disponibilidad de la cannabis exclusivamente a los socios y a su uso en los ámbitos privados. Además, los CSC hacen posible generar mejores mejores vínculos institucionales con sus miembros, de modo tal que sea posible ampliar el espectro de oferta de servicios de salud e informativos para ellos. De este modo, proponemos diseñar y llevar a la práctica un modelo legal de circuito cerrado para la regulación del uso de cannabis en la Ciudad de México, que responda a las necesidades específicas de organización del mercado de la mariguana en México a través de clubes sociales del cannabis.

Un sistema de organización del mercado de cannabis en la ciudad, a través de los CSC, presentaría importantes ventajas en materia de salud, ya que a través de ellos sería posible conocer de mejor manera el número y características de los usuarios de la ciudad, tener control sanitario sobre el producto, ayudar a la investigación científica y garantizar al mismo tiempo los derechos de los usuarios; dar acceso seguro y legal a pacientes que usan cannabis medicinal y desarrollar entre los asociados mejores programas de reducción de riesgos y daños.

Adicionalmente, los CSC ayudan a separar el mercado de la cannabis del de otras drogas de mayor potencial conflictivo o peligrosidad, social y personal, como el crack o la cocaína, y a reducir los riesgos de violencia social y de salud de las comunidades.

Económicamente, los CSC reducen los incentivos para recurrir al mercado negro creando una relación directa entre el usuario y el productor, ya que eliminan la intermediación que realiza por definición el mercado, legal o ilegal. Al eliminar todo comercio abierto de la planta en el mercado, los clubes pueden ajustarse al sistema internacional de control de drogas.

En el mismo sentido, y dado que los CSC carecen de propósito de lucro, no hay posibilidades de publicidad abierta para ellos; generan actividad económica e impuestos, pero no participan en ningún mercado abierto; conforma un circuito cerrado fiscalizado directamente por el Estado, crean alternativas para productores privados e independientes, y toda su operación, desde la producción hasta el consumo son transparentes y fácilmente fiscalizables.

Asimismo, en la medida que los clubes producen la totalidad de la planta y no sólo la flor utilizada como mariguana, los CSC permitirían aprovechar, también, los productos industriales del cáñamo derivados de las fibras, las semillas y todas las partes de la planta que son aprovechables por una actividad industrial prevista en los tratados internacionales de drogas y de libre comercio firmados por México, como son el TLCAN, TLCUE, Chile, etc.

Por último, en términos de seguridad y combate al crimen vinculado a las actividades ilegales del tráfico de drogas, los CSC contribuyen a desplazar al crimen organizado por una vía no violenta, al crear nuevos incentivos para el usuario, la comunidad y la autoridad. El consumo puede ser realizado en el club como parte de una actividad privada, y en caso de no ser en ese lugar, el asociado se compromete a utilizarla exclusivamente en espacios privados y nunca en la vía pública, lo que ayudaría a no distraer recursos policíacos en la persecución de este tipo de faltas cívicas.

Estructura

Los CSC son asociaciones civiles sin fines de lucro, a las que sólo se puede acceder siendo mayor de edad e invitado por otro socio y mediante declaración de voluntad personal para aceptar las condiciones de la membresía.

El socio declara que ha decidido consumir de forma libre y por propia iniciativa, formula una solicitud de participación de cultivo comunitario, abona cuotas que sufragan una parte de la cosecha comunitaria, se da por informado de los riesgos de su decisión y renuncia a participar de cualquier otro CSC.

El socio asume un compromiso para limitarse al uso personal y para no derivar ninguna parte de la cosecha hacia el mercado negro o tercero alguno.

Por su lado, el CSC hace una previsión anual de consumo, con un cuota máxima de 60 gramos al mes (si bien puede haber casos especiales de uso terapéutico) con la que cada socio tiene derecho a recoger, de forma controlada su parte respectiva de la cosecha, para uso exclusivo en espacios privados.

El club supervisa y coordina el cultivo de todas las plantas y su procesamiento, se registra toda la información necesaria para las autoridades, y puede crear a su vez relaciones con productores privados, que generan de nueva cuenta transacciones fiscalizables, e impuestos sobre ellas.

Retos, riesgos y oportunidades

La experiencia internacional en cuanto a la operación de este tipo de asociaciones es relativamente reciente, pero de gran expansión en muchas partes del mundo. En España por ejemplo, país que comenzó con su instrumentación, existen más de 200 asociaciones de esta naturaleza, mientras que los movimientos por el autocultivo en Latinoamérica, y especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, así como las autoridades de estos países, ven en los clubes una excelente oportunidad para crear un nuevo ambiente en el uso de la mariguana, en el que se garantizan los derechos de los usuarios, se tiene control e información sobre ellos y se evitan los circuitos delictivos asociados al comercio ilegal de la planta.

Crear CSC en la Ciudad de México, al igual que en otros estados del país, requiere esencialmente de modificar las disposiciones federales que impiden el cultivo de la planta de la cannabis bajo cualquier modalidad, para legalizar la figura del cultivo personal y comunitario sin fines de lucro y para exclusivo uso privado. De no ser posible esto, podría declararse otorgar prioridad cero, para efectos de persecución del delito, al cultivo con tales fines. Es importante señalar, en este sentido, que las convenciones internacionales que regulan a la planta de la cannabis se limitan a considerar su fiscalización sólo en cuanto a la sumidera florida de la planta hembra, y no impiden el aprovechamiento o el cultivo y uso de otras partes de la misma.

En todo caso, al eliminarse las disposiciones que hacen indistintamente ilegal al cultivo se abre la posibilidad de instrumentar regulaciones locales específicas para la instrumentación de cada club. En este sentido, las posibilidades regulatorias pueden considerar a las autoridades federales, pero también disposiciones y adecuaciones de orden estatal o incluso municipal.

Por supuesto, se vuelve necesario también, instrumentar mecanismos que impidan que los clubes se conviertan en una fachada del comercio ilegal de la planta. Sin embargo, limitando el número de socios a uno que permita el equilibrio y la autosuficiencia, así como garantizando la transparencia operativa de los mismos, tales riesgos pueden reducirse significativamente.

Por último, es preciso considerar que los CSC pueden ser una herramienta de gran ayuda para el control de otras sustancias más peligrosas cuyo uso en aumento se presenta ya en la sociedad mexicana. Los clubes garantizan, regulan y limitan el acceso a la cannabis a los adultos de plenos derechos y limitan de forma clara el acceso de los menores a la sustancia. Contribuyen así, también a las tareas y preocupaciones comunes a toda la sociedad.

 

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF)

post

La regulación del cannabis avanza

Catarina

La regulación del cannabis en Estados Unidos es irreversible. Apenas ayer los ciudadanos de 3 estados y del distrito de Columbia votaron regulaciones sobre cannabis y volvieron a demostrar los vientos de cambio que soplan, ahora, en este sentido. Con ellos, son ya 23 los estados con regulación de cannabis para uso médico en los Estados Unidos, y 4 más con uso no médico. Adicionalmente, hay 5 estados más que votarán por leyes regulatorias en 2016. Más de la mitad de estados que conforman el pacto federal.

En esta última avanzada, Oregón y Alaska se convirtieron en el tercer y cuarto estado en legalizar el consumo sin fines médicos, así como toda la cadena productiva de la mariguana, lo que claramente ahonda la incómoda posición de los Estados Unidos ante el sistema internacional de control de drogas que tanto ha promovido.

Además, el que tales estados sean gobernados por los dos grandes partidos nacionales evidencia que la reforma de drogas trasciende a las fuerzas políticas tradicionales e involucra a la sociedad en general. Aun así, el caso de Florida es un ejemplo de que aun hay muchas resistencias qué superar: la propuesta para regular mariguana con fines medicinales no prosperó, aun cuando contó con 58% de los votos, ya que las disposiciones establecían que para hacerse efectiva, tendría que contar con al menos 60% de ellos.

Por otras razones, sin embargo, en este panorama destaca para México el caso de Washington D.C. que aprobó con el 65% de los votos la Iniciativa 71, a través de la cual sus ciudadanos podrán cultivar hasta 6 plantas de cannabis, portar hasta 58 gramos de mariguana y suministrar hasta 25 gramos a otra persona, sin tener consecuencias legales por ello.

La iniciativa votada no contempla el comercio de cannabis, pero la alcaldía estaría considerando un acuerdo que podría regular y tasar, en un segundo momento, un estricto comercio de mariguana para adultos.

Los legisladores mexicanos deberían tomar nota no sólo de la ola reguladora en general y de los distintos modelos que adopta en lo particular, sino también de la existencia de alternativas que regulan mariguana sin que ello implique el comercio con lucro de la misma, algo estrictamente limitado en los tratados.

Dicho de otro modo: es el cultivo, y no el mercado, el elemento sine qua non para cualquier regulación de la cannabis.

Es notable, en este sentido, que todas las iniciativas aprobadas en los Estados Unidos coinciden en la regulación del cultivo, sea a través de la descriminalización del autocultivo –caso Washington D.C.- o de la legalización de la producción –casos Alaska y Oregón-.

En México el cultivo solo puede regularse a nivel federal, por lo que extraña no ver estrategias legislativas que exploren con detenimiento esta vía, que a fin de cuentas puede ajustarse incluso a las normatividades internacionales.

Pero mientras esto sucede, el representante del Poder Ejecutivo en este tema parece tener la misión de nadar a contracorriente: el Dr. Mondragón, nuevo comisionado contra las adicciones del país, declaró tajante en su primera entrevista pública: “No quiero ver un país mariguanero”. Es decir: no quiere ver, ni oler, nuestra propia realidad.

 

post

Una nueva amenaza para la DEA: la regulación

dea-agents

Como era de esperarse, la lupa del prohibicionismo se ha vuelto hacia los nuevos ensayos regulatorios que experimenta la mariguana alrededor del mundo, y los poderes fácticos y públicos que lo sustentan no pierden el tiempo para influir en la opinión pública por todos los medios posibles.

Este es el caso de la Drug Enforcment Agency (DEA) de los Estados Unidos, una de las instituciones más interesadas en impedir que la guerra contra las drogas termine, y que ahora se ha convertido en crítica a las regulaciones de los estados de Colorado y Washington, en los Estados Unidos.

Como se lee en esta nota, la directora de la DEA Michelle Leonhart compareció recientemente ante distintos Comités de la Cámara de Representantes para defender el presupuesto de la agencia para el año 2015, aduciendo que cárteles de la droga de México y Estados Unidos estaban planeando competir con los precios de la mariguana regulada en Colorado y Washington con el fin de consolidar un mercado negro en ciernes.

Según la funcionaria, la regulación de la mariguana está abriendo nuevos espacios para el comercio ilegal de mariguana, y añade que el experimento no disminuirá el poder de las organizaciones criminales. La interpretación de la DEA, sin embargo, omite mencionar algunas piezas clave de este entramado.

En primer lugar. El mercado ilegal de mariguana no está llegando a Colorado y a Washington debido a la regulación, sino que por el contrario, era el único que ya estaba ahí: justamente, antes de la regulación de la mariguana sin fines médicos, el mercado era controlado únicamente por agentes ilegales. La diferencia, tal vez, es que ahora éstos luchan por sobrevivir en un mercado con reglas del juego distintas.

A esto hay que agregar que los mercados ilegales no se acaban, como por arte de magia, con la regulación, y los menores de edad seguirán siendo una población objetivo de los traficantes que intentarán convertirlos en sus clientes. Sin embargo, con la regulación los esfuerzos punitivos se concentran en quienes suministran a menores –u otras poblaciones vulnerables- y en quienes trafican sustancias cuyo consumo genera mayores problemas de salud.

En segundo lugar, en esta ocasión se le olvida a la DEA la cantaleta largamente repetida de que la mariguana legal y regulada bajaría de precio y sería más accesible para todo público. Sucede exactamente al revés: los mercados regulados de mariguana ofrecen garantías de calidad al usuario y pagan impuestos, lo que eleva su costo de manera significativa. Fumar mariguana legal en los Estados Unidos puede resultar, así, nada barato: 1/8 de onza (3.8 gramos) de hierba de buena calidad puede llegar a costar 60 USD dólares, o más.

Y por último, la DEA no parece tomar mucho en cuenta que los usuarios, al tener canales legales y garantías de calidad para obtener el producto que quieren, no están forzados a contribuir con los mercados ilegales, que a fin de cuentas dejan de percibir esos ingresos.

Pareciera ser, así, que la DEA, más que alertarnos sobre las consecuencias negativas que podría traer a la sociedad el mercado regulado de mariguana, revela un temor mucho más profundo: que esas consecuencias sean negativas para la política punitiva, y que el desplazamiento de los cárteles por la vía del mercado, y no únicamente de la confrontación directa, pueda convertir a las agencias contra las drogas, en el mediano plazo, en instituciones irrelevantes para la sociedad, al menos a los ojos de los contribuyentes que las financian con sus impuestos.

post

Drogas en las altas esferas del poder

Leviatán

Recientemente, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en entrevista a la revista The New Yorker, declaró que ha fumado mariguana y que “no creo que (fumar marihuana) sea más peligroso que el alcohol”. Señalamiento que hace ver que fumar mariguana no impide el funcionamiento social de las personas, cuando menos no como insisten en declarar las dependencias de salud mexicanas.

Más importante aún es la consideración que tiene respecto a la seguridad de los usuarios: “los niños de clase media no van a prisión por fumar marihuana, pero los niños pobres, sí. Y… son menos propensos a disponer de recursos y apoyos como para evitar penas excesivamente duras”. Una realidad que también vivimos en otros países.

Al mismo tiempo, Obama saludó las nuevas legislaciones de Colorado y Washington, no sin decir que estas no serán la panacea que muchos esperan… Algo que está por verse.

En México, otra expresión reciente a favor de la regulación de la mariguana la presenta el sub procurador de control regional de la PGR, Renato Sales, quien señaló que urge debatir sobre mariguana y aunque descarta que nuestro país deba seguir el mismo camino de Uruguay, agregó que “la realidad es que México ha pagado un precio muy alto por combatir al narcotráfico e impedir el cultivo de marihuana en su territorio y ahora resulta que en varias ciudades ya se legalizó”.

De este modo, es importante observar que cada vez son más las personas que operan –y tienen altas responsabilidades- en las dependencias de seguridad y justicia y que, al observar no sólo el fracaso, sino lo contraproducente de intentar regular un mercado en base a la represión, han decidido alzar la voz a favor de una mejor política de drogas. Esperamos que su voz sea escuchada y sean más quienes se sumen a un debate basado en la evidencia y no en ideologías.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló apenas la semana pasada una disposición legal que permite la geolocalización en tiempo real y sin orden judicial previa de los teléfonos celulares que estén vinculados a delitos graves, una disposición que pone en riesgo la privacidad de las personas, aunque dicen que solo será usada cuando se trate de casos de “extrema urgencia”.

Sin embargo, entre los delitos “graves” incluyen, junto al secuestro, la extorsión, las amenazas y la delincuencia organizada, a los delitos contra la salud; y ello sin distinguir la modalidad de posesión, del tráfico o la producción ni ninguna otra.

En este sentido, cabe recordar que un poco más del tercio de millón de presuntos delincuentes por delitos contra la salud detenidos durante el gobierno previo, el 73% correspondió a la modalidad de posesión. Y que de las poco más de 70 mil sentencias dictadas en el mismo período, el 80% correspondió a la posesión, modalidad por la cual suelen ser detenidos los usuarios de drogas, muchos de los cuales son consignados y sentenciados como narcomenudistas.

Por todo esto, cabe preguntarse si el permitir la geolocalización de personas que han decidido consumir -y portar- una sustancia ilícita, y que podrían ser perseguidos como a los criminales más peligrosos, será solo una más de las consecuencias no intencionales de las políticas punitivas en materia de drogas, o si será sólo otro golpe al vacío.

post

Recuerdos de 2013, retos de 2014

Flor verdeSe va 2013 y pronto llegará 2104. El que termina ha sido un año de contrastes en términos de políticas de drogas, tanto para México como para el resto del mundo.
Lo anterior resulta, en sí mismo, una novedad. Hace apenas cinco años, la sensación generalizada seguía siendo que, con respecto a las drogas, no había nada qué hacer sin que el sistema internacional de control hacia ellas, así como los tratados que le dan sustento, no cambiaran de un modo u otro por un consenso mundial.
 
El día de hoy, sin embargo, constatamos que la realidad es más terca que las camisas de fuerza que a veces insistimos en colocarle.
 
Muy a pesar de quienes proclaman que cualquier modificación en la forma en que tratamos con las drogas es equivalente a promoverlas, lo cierto es que cada vez más países disimulan menos su malestar por los resultados y el enfoque general del sistema internacional de control. Mercados ilegales, violencia, violaciones de derechos humanos, persecución indistinta de usuarios, productores y vendedores, desproporcionalidad de las penas, adulteración y sustitución de sustancias, así como diseminación de enfermedades, son algunas de las consecuencias objetivas y reconocidas del actual enfoque del sistema de control.
 
Esta transformación global, conceptual y moral, sin embargo, ha comenzado por la regulación de la marihuana. Uruguay, los estados de Washington y Colorado, más otros 17 estados de la Unión Americana, Canadá, España, República Checa, Italia y Suiza, han comenzado a ensayar distintas formas regulatorias para la planta ilegal más consumida del mundo.
 
México no parece querer ser la excepción. La Ciudad de México, que por más de una década se ha preciado de ser la entidad más progresista y liberal del país, ha comenzado a tomar en serio el tema, una actitud producto, en buena medida, por la inevitabilidad de que la reforma en los Estados Unidos influya en directamente en nuestras circunstancias.
Cada vez son más los legisladores, de distintos partidos y corrientes, que se muestran interesados en legislar sobre marihuana. El asunto, sin embargo, es difícil desde donde se le vea: las competencias locales son limitadas, la rentabilidad política dudosa y los prejuicios grandes.
 
A pesar de ello, nuestros representantes tienen muchas razones para seguir adelante: regular marihuana significaría abrir un canal de comunicación diferente al de la justicia a casi el 85% de todos los usuarios de drogas ilegales de la ciudad, ayudaría a separar los mercados de drogas duras y blandas, a mantener lejos de los circuitos delictivos a los usuarios y a redirigir los esfuerzos de policías u ministerios públicos hacia delitos con víctima, contra la propiedad o violentos.
 
Para ello, el éxito de la regulación de la marihuana en la Ciudad de México tiene que abordar ciertos temas clave, si bien no todos al alcance de su competencia inmediata. Entre las primeras, sin embargo, se pueden mencionar las siguientes:
 
·         Medidas efectivas para separar definitivamente consumo del delito
·         Establecer prioridades para el ejercicio policiaco
·         Establecer nuevos programas de reducción de riesgos y daños
 
En el ámbito federal, mientras tanto, es necesario reclamar y proponer, reformas para:
 
·         Permitir el cultivo sin fines de lucro y dotar a las entidades de la República de capacidades regulatorias sobre el mismo
·         Reclasificar a la planta y sus principios activos en la Ley General de Salud
·         Reconocer el uso terapéutico de la mariguana.
·         Reclasificar y aumentar los umbrales de posesión de cualquier droga cuando ésta se destine al uso personal.
·         Facilitar la investigación científica sobre cannabis y derivados.
 
¿Se alinearán los astros de la marihuana en la Ciudad de México en 2014?
post

Marihuana en Colorado: el futuro ya está aquí.

La semana pasada CuPIHD asistió, junto a otras organizaciones latinoamericanas y representantes políticos de la región, a la Reform Drug Policy Conference, en Denver Colorado.

Como es posible imaginar, esta Conferencia estuvo fuertemente influida por los cambios legislativos sobre la marihuana en ese estado de los Estados Unidos, uno de los dos primeros en aprobar la regulación del cannabis con fines no médicos.

En medio de muchas celebraciones, animadas en parte también por la decisión de la administración Obama de no entorpecer la regulación siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones mínimas, la Conferencia también abordó muchos otros temas no resueltos aún en materia de drogas no sólo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo: encarcelación masiva, tratamientos alternativos, reducción de riesgos y daños, violencia, experiencias internacionales, el futuro de la ciencia en drogas, y un largo etcétera.

El tema de la marihuana, sin embargo, dominó la reunión. Justo en esos días, además, una encuesta Gallup reveló que el apoyo para la regulación es ya una tendencia irreversible en ese país, toda vez que alcanza ahora el 58% de aprobación, un nuevo récord.

Muchos de los que asistimos pudimos comprobar cómo el estilo norteamericano de producción masiva y diversificación de productos para el mercado, ha moldeado también la experiencia regulatoria de la marihuana.  Toda clase de productos y mecanismos de consumo son los protagonistas de esta revolución. Comestibles, aceites concentrados y vaporizadores electrónicos con dispositivos recargables, parecen ser la opción del futuro para una industria que quiere ofrecer alternativas al tradicional consumo fumado de la planta.

En esta medida, resulta un tanto decepcionante comprobar cómo la sociedad mexicana insiste en perder el tiempo intentando negar, o al menos posponer, una reforma inevitable en nuestro propio sistema de control de drogas, y muy especialmente en cuanto a la regulación de la marihuana, la sustancia ilegal más consumida también en nuestro país. No se trata ya de si es deseable o indeseable, sino de cuándo y cómo debemos enfrentarla.

Entre los asistentes hubo varios legisladores mexicanos, que si bien desde distintas posiciones, cada uno de ellos pudo comprobar el desarrollo de una actividad económica y cultural que, aun cuando muy a la manera americana, es una realidad cada vez más común en todas partes del mundo. Una realidad que al fin y al cabo ofrece una alternativa a la “guerra contra las drogas”.

Esperamos de ellos, ahora, que tras su experiencia en esta Conferencia, trasciendan el lugar común del debate público de las drogas y sean capaces de proponer una reforma profunda y bien articulada, que proteja la salud pública tanto como los derechos de todos, para enfrentar este mismo tema en nuestro país. En estados Unidos, nuestro socio más influyente, el tema ya pasó del debate a las medidas concretas. ¿Cuánto más tendrá que esperar México para deshacerse de una inmovilidad patológica y altamente contaminada por viejas y gastadas fórmulas ideológicas? Mientras eso no suceda, sólo seguiremos estigmatizando y criminalizando a una población usuaria de drogas que como todo el resto, tiene los mismos derechos. Y tan malo como eso: seguiremos dándolo recursos y el control absoluto de un mercado al mismo crimen organizado que decimos combatir.

post

Carta del IDPC en apoyo a la regulación de la marihuana en Uruguay

Bandera Uruguay

Las organizaciones que conformamos parte del Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC, www.idpc.net/es), junto con otras organizaciones de América Latina, deseamos utilizar la presente para hacer llegar un atento  reconocimiento al Grupo Parlamentario del Frente Amplio de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay por el arduo trabajo y compromiso que ha demostrado para promover una reforma en las políticas de drogas del país. Esta reforma representa un paso en el sentido correcto para responder de manera sensata al fenómeno de las drogas, particularmente del cannabis, mientras promueve el respeto a los Derechos Humanos de las y los uruguayos.

Lea la carta completa aquí Carta IDPC-Uruguay

post

Las posiciones fáciles

exitHace apenas unos días, durante su participación en la reunión de la Alianza del Pacífico, el Presidente de la República reiteró que, al igual que su homologo previo, está abierto al debate de la legalización de algunas drogas, pero no a favor de ella.

En la ocasión, el jefe del Ejecutivo Federal mencionó que “ésta puede ser una posición o una forma fácil, quizá y hasta falsa eventualmente de combatir con mayor eficacia al crimen que esta muy vinculado al narcotráfico y a la venta de drogas”. También afirmó que el crimen organizado había diversificado sus actividades, por lo que la “legalización no evitaría el crecimiento de éstos, pudiendo incluso intensificar otros delitos”.

Pero en honor a la verdad la “forma fácil”, al menos para escurrir el bulto, es la de él mismo: parece olvidar que el crimen vinculado al narcotráfico se deriva de las políticas de prohibición de las drogas que propician rutas y mercados negros que son disputados intensamente ante la debilidad de las instituciones del Estado, y la impunidad que esta propicia.

En este sentido, la regulación del mercado de la mariguana si podría tener impactos positivos, pero no solo contra el crimen organizado, al cual se le restaría un tercio de sus ingresos por drogas (cuando menos en la Ciudad de México), sino también en favor de la sociedad, ya que se contendría el contacto entre gran parte de los usuarios y los vendedores de drogas más peligrosas, como son el crack y la anfetaminas.

El Presidente se equivoca también cuando señala que la legalización es una posición fácil en el combate a la delincuencia organizada, en tanto que se trata de una alternativa que apuesta por centrarse en la educación y salud de los usuarios de drogas y en el combate al tráfico de las que tienen mayor potencial adictivo. Para el Presidente, al parecer, es mejor combatir frontalmente a un mercado heterógeneo y variado en drogas, combinado con una supuesta oferta de tratamiento para usuarios, que en su mayoría no lo requiere: como lo acepta la misma ONU sólo entre 10 y 20% de los usuarios de drogas llegan a ser dependientes de ellas.

En otras palabras, mientras se continúe simplemente reformulando las políticas de la prohibición, no tendremos sino los mismos resultados: violencia, violaciones de derechos humanos, corrupción y un Estado débil ante el crimen.

post

Humos verdes en la Ciudad de México: Marcha de la Marihuana 2013

 

MarchaEl sábado 4 de mayo tuvo lugar la XIII Marcha Mundial por la Legalización de la Marihuana, tanto en la Ciudad de México como en más de 200 ciudades del mundo.

En nuestra ciudad la marcha fue todo un éxito. Tuvo una asistencia de entre 4 y 5 mil personas, quienes en un ambiente festivo y respetuoso reclamaron su derecho a usar la planta sin molestar a nadie, reclamaron contra la discriminación y criminalización del usuario de marihuana, así como demandaron la posibilidad de practicar el autocultivo.

Por supuesto, no faltó quien en los medios de comunicación intentara menospreciar o denigrar esta manifestación pública.

Sólo algunas poquísimas plumas de esta clase de reacción pública, a falta de argumentos razonables, se decantaron por acusar nuevamente a los usuarios de ser los culpables de la violencia nacional por el solo hecho de ejercer sus derechos. Como en otras ocasiones, a planteamientos razonables y exigencias legítimas esgrimidas en la marcha, la respuesta de estas personas fue discriminatoria, ignorante y malintencionada.

Pero ante estas voces, el grueso de la opinión pública nacional se limitó a constatar -y en no pocos casos a reconocer también- que soplan nuevos vientos en nuestra sociedad. Los usuarios de cannabis salieron públicamente a decir que también tienen derechos, reivindicaron la vía pacífica y respetuosa para hacerse oír, y además propusieron ser parte de la solución a preocupaciones comunes de toda la sociedad.

La Marcha de la marihuana del sábado demostró, así, que si México quiere estar a la altura de los tiempos actuales, más nos conviene estar atentos para entender, de una vez por todas, que el cambio en materia de control de drogas se encuentra sucediendo ya, y que los prejuicios, las calumnias y la ignorancia no harán nada por evitarlo.

 

Multitud

 

 

 

 

 

post

Cannabis, marihuana, mota, ganja, macohna…

hoja-de-marihuanaCada día que pasa, estas palabras se escuchan y leen con mayor frecuencia por todos lados. Ya sea en medios de comunicación masiva, ya en medios políticos y empresariales -no se diga entre sus usuarios- el debate se ha encendido, y generado una curiosidad evidente en el resto de la sociedad para saber por lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, con la planta mejor conocida como mariguana.

Por largo tiempo clasificada como uno de los enemigos públicos más prominentes de los Estados Unidos, 16 de sus estados la han regulado ya con fines medicinales, y dos más incluyendo sus fines recreativos, en lo que constituye una abierta rebelión a las disposiciones federales y a los tratados tan celosamente guardados -e impuestos- que constituyen el sistema internacional de control de drogas.

Uruguay parece que se encuentra, a su vez, a punto de dar un paso histórico, al ser el propio gobierno nacional el que ha propuesto regular el mercado de mariguana para frenar a la pasta base o bazuco y separar ambos mercados, así como para quitar poder económicos a las mafias que lucran con el comercio ilegal de la planta.

España, por su parte, vive una explosión de distintos tipos de cooperativas o clubes de cannabis, una fórmula que parece interesar y expandirse rápidamente entre los usuarios conocedores de la planta, ya que les permite una mayor sofisticación de los productos e importantes beneficios en materia de reducción de riesgos, además de que los aleja de los mercados ilegales.

Holanda, Portugal, España, Checoslovaquia, así como el resto de Europa, han dejado de criminalizar casi por completo el uso del cannabis, y en general en el resto del mundo sus usos tradicionales se mantienen tan vigentes como hace cientos de años.

Ha llegado pues, el momento de la regulación. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la siguiente propuesta.

Descarga aquí el Cuaderno 5 de CuPIHD en PDF