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Drogas DF: los mercados de drogas ilícitas de la Ciudad de México. Cuadernos CUPIHD 6

Drogas DF, Cuaderno 6 de CuPIHD, tiene la intención de presentar un análisis estadístico y cualitativo, informativo y de calidad, sobre las dinámicas y características de los mercados de drogas ilegales y de sus usuarios en nuestro país, particularmente en el Distrito Federal.

Drogas DF describe el tamaño y las características del mercado de drogas en la Ciudad de México, así como la percepción y las relaciones de los usuarios de tales sustancias con su entorno legal, económico, institucional y social.

Adicionalmente, esta investigación de Carlos Zamudio señala las características más importantes que deben ser tomadas en cuenta para comprender y enfrentar el fenómeno de las drogas en nuestra sociedad de forma más efectiva, con un énfasis muy especial en la capital del país, en la que se concentran muchas de las dinámicas que también se observan en otras partes México.

Descarga aquí Drogas DF

Drogas DFDRUGS DF

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Mariguana DF y Clubes Sociales de Cannabis: Cuaderno 5 de CuPIHD

Marihuana DF presenta un acercamiento al mercado de la cannabis en la Ciudad de México, a las distintas maneras en que los usuarios se suman como consumidores, y a cómo se relacionan con su entorno y con otras sustancias ilegales. Este Cuaderno ofrece además una respuesta viable a distintos problemas planteados por la dimensión del mercado: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad.

Las actuales políticas, sin haber alcanzado su objetivo de reducir el consumo, tampoco han conseguido acercar a los usuarios de sustancias ilegales a las instituciones a las que tienen derecho a recurrir en busca de apoyo.

Este ensayo pone en entredicho a las políticas tradicionales y la efectividad de la Ley contra el Narcomenudeo, cuya aplicación termina por criminalizar a los usuarios cuando su espíritu, en teoría, es diferenciarlos del mundo delictivo.

Mariguana DF presenta un ángulo de análisis poco frecuente en los textos tradicionales sobre el tema, dado que incluye la opinión del usuario de la droga ilegal más consumida en la Ciudad; una voz que había sido sistemáticamente excluida de toda investigación sobre el tema.

Índice:

página 3: Presentación

página 5: El mercado de la mariguana en la Ciudad de México

página 22: Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Autores: Carlos Zamudio Angles y Jorge Hernández Tinajero
Noviembre de 2012

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF, completo)

Extracto:

Los Clubes Sociales de Cannabis: una propuesta contra la informalidad

Como ha sido posible constatar, el mercado de cannabis de la Ciudad de México se puede caracterizar como uno fundamentalmente estable, en el que el consumo de mariguana es el denominador común a la mayoría de los usuarios adultos de drogas ilegales de la ciudad.

Si, como lo muestra el anterior análisis, consideramos que los usuarios de mariguana conforman nueve de diez partes del mercado negro de drogas ilícitas, la regulación del mercado de cannabis se presenta como una oportunidad para establecer relaciones formales, institucionales, con ellos. Fuera de la órbita delictiva y a través de un enfoque de derechos humanos, se podría garantizar un acceso seguro a la mariguana y evitar al máximo la vinculación con los dealers, para que de esta forma se inhiban las relaciones entre usuarios y actores de la delincuencia organizada.

Visto como un mercado, el de la cannabis en la Ciudad de México goza de sistemas de distribución muy eficaces, que hacen prácticamente imposible la eliminación de la oferta por la vía policiaca. Esto hace que su disponibilidad sea muy alta y la variedad de la oferta muy amplia y al alcance de cualquier bolsillo.

A pesar de su extensión y comercio continuo, la ilegalidad de este mercado genera constantes conflictos de sus usuarios con la ley, dada la ambigüedad jurídica de estos últimos, y el bajo umbral establecido en ella para la posesión no criminal, lo que a su vez contribuye a su marginación y a la desconfianza del usuario hacia las instituciones del Estado que pueden ayudarlo en caso de necesidad. La falta de acceso seguro y legal a la planta, así, obliga a quienes deciden usarla a recurrir a circuitos delictivos, en los que también se encuentra disponibilidad para drogas más peligrosas.

Dadas las características anteriormente descritas, este documento propone considerar a los Clubes Sociales de Cannabis (CSC) como modelo de un nuevo sistema regulatorio para esta planta en la Ciudad de México, que contribuya a proporcionar un acceso seguro a ella para los adultos de plenos derechos, que decidan usarla por razones lúdicas o médicas.

La propuesta busca delimitar y limitar al mercado negro, aumentando incentivos para que los usuarios no tengan que recurrir al mismo; así como generar actividad económica e ingreso público evitando el mercado abierto e indiscriminado de la planta y, al mismo tiempo, busca abrir un espacio de vinculación institucional con el usuario fuera del ámbito de la justicia penal.

Consideraciones

Los Clubes Sociales de Cannabis son una propuesta regulatoria para la producción y el uso de la planta en México que, si bien requiere de algunos cambios legislativos, puede ajustarse a las disposiciones del sistema internacional de control de drogas comprendido en los tratados y otros instrumentos internacionales firmados por el país.

Los Clubes suponen un mecanismo vinculatorio entre el derecho a la autonomía de los adultos en cuanto al uso de cannabis, que se encuentra contemplado en nuestras leyes, y la posibilidad de producirlo de manera comunitaria y privada para fines recreativos o con propósitos médicos. La propuesta soluciona, de esta manera, las contradicciones que supone contar con derecho al uso, pero la imposibilidad de ejercer tal derecho sin recurrir en algún momento a alguna actividad considerada como delictiva, como es por ejemplo la adquisición.

El esquema se basa en la construcción de un circuito cerrado de producción-consumo, fiscalizado estrictamente por el Estado, y que se circunscribe al ámbito de lo privado, con lo que la publicidad, el uso público y la admisión quedan reservadas estrictamente a los miembros de la asociación, quienes por definición deben cumplir con requisitos específicos para ser admitidos al circuito. Entre ellos se cuentan la mayoría de edad, el ser invitado por otro socio, conocer los riesgos del uso del cannabis y el compromiso de evitar todo contacto con otras fuentes de abastecimiento.

Ventajas

El sistema de los CSC ofrece ventajas reales e inmediatas para el usuario, ya que le garantiza seguridad jurídica en ejercicio de sus derechos, lo aleja de las redes del comercio ilegal y del mundo del delito, al eliminar la necesidad de acudir a los traficantes ilegales; le garantiza estándares de calidad que no obtiene en el mercado negro y puede acercarse, a través de la propia asociación, a servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de su salud.

Beneficia también al cultivador y/o productor de la planta, que encuentra en este espacio una actividad más de sustento como actividad agraria y económica. De este modo, el productor tiene contacto directo con el usuario y se elimina entre ellos al intermediario, quien cumple en la actualidad con el papel ilegal del proceso.

Por último, los CSC benefician a las autoridades y todos los miembros de la sociedad que no son usuarios, ya que generan actividad económica fiscalizable, disminuyen la contribución de los usuarios a los mercados y redes ilegales, reducen la disponibilidad de la cannabis exclusivamente a los socios y a su uso en los ámbitos privados. Además, los CSC hacen posible generar mejores mejores vínculos institucionales con sus miembros, de modo tal que sea posible ampliar el espectro de oferta de servicios de salud e informativos para ellos. De este modo, proponemos diseñar y llevar a la práctica un modelo legal de circuito cerrado para la regulación del uso de cannabis en la Ciudad de México, que responda a las necesidades específicas de organización del mercado de la mariguana en México a través de clubes sociales del cannabis.

Un sistema de organización del mercado de cannabis en la ciudad, a través de los CSC, presentaría importantes ventajas en materia de salud, ya que a través de ellos sería posible conocer de mejor manera el número y características de los usuarios de la ciudad, tener control sanitario sobre el producto, ayudar a la investigación científica y garantizar al mismo tiempo los derechos de los usuarios; dar acceso seguro y legal a pacientes que usan cannabis medicinal y desarrollar entre los asociados mejores programas de reducción de riesgos y daños.

Adicionalmente, los CSC ayudan a separar el mercado de la cannabis del de otras drogas de mayor potencial conflictivo o peligrosidad, social y personal, como el crack o la cocaína, y a reducir los riesgos de violencia social y de salud de las comunidades.

Económicamente, los CSC reducen los incentivos para recurrir al mercado negro creando una relación directa entre el usuario y el productor, ya que eliminan la intermediación que realiza por definición el mercado, legal o ilegal. Al eliminar todo comercio abierto de la planta en el mercado, los clubes pueden ajustarse al sistema internacional de control de drogas.

En el mismo sentido, y dado que los CSC carecen de propósito de lucro, no hay posibilidades de publicidad abierta para ellos; generan actividad económica e impuestos, pero no participan en ningún mercado abierto; conforma un circuito cerrado fiscalizado directamente por el Estado, crean alternativas para productores privados e independientes, y toda su operación, desde la producción hasta el consumo son transparentes y fácilmente fiscalizables.

Asimismo, en la medida que los clubes producen la totalidad de la planta y no sólo la flor utilizada como mariguana, los CSC permitirían aprovechar, también, los productos industriales del cáñamo derivados de las fibras, las semillas y todas las partes de la planta que son aprovechables por una actividad industrial prevista en los tratados internacionales de drogas y de libre comercio firmados por México, como son el TLCAN, TLCUE, Chile, etc.

Por último, en términos de seguridad y combate al crimen vinculado a las actividades ilegales del tráfico de drogas, los CSC contribuyen a desplazar al crimen organizado por una vía no violenta, al crear nuevos incentivos para el usuario, la comunidad y la autoridad. El consumo puede ser realizado en el club como parte de una actividad privada, y en caso de no ser en ese lugar, el asociado se compromete a utilizarla exclusivamente en espacios privados y nunca en la vía pública, lo que ayudaría a no distraer recursos policíacos en la persecución de este tipo de faltas cívicas.

Estructura

Los CSC son asociaciones civiles sin fines de lucro, a las que sólo se puede acceder siendo mayor de edad e invitado por otro socio y mediante declaración de voluntad personal para aceptar las condiciones de la membresía.

El socio declara que ha decidido consumir de forma libre y por propia iniciativa, formula una solicitud de participación de cultivo comunitario, abona cuotas que sufragan una parte de la cosecha comunitaria, se da por informado de los riesgos de su decisión y renuncia a participar de cualquier otro CSC.

El socio asume un compromiso para limitarse al uso personal y para no derivar ninguna parte de la cosecha hacia el mercado negro o tercero alguno.

Por su lado, el CSC hace una previsión anual de consumo, con un cuota máxima de 60 gramos al mes (si bien puede haber casos especiales de uso terapéutico) con la que cada socio tiene derecho a recoger, de forma controlada su parte respectiva de la cosecha, para uso exclusivo en espacios privados.

El club supervisa y coordina el cultivo de todas las plantas y su procesamiento, se registra toda la información necesaria para las autoridades, y puede crear a su vez relaciones con productores privados, que generan de nueva cuenta transacciones fiscalizables, e impuestos sobre ellas.

Retos, riesgos y oportunidades

La experiencia internacional en cuanto a la operación de este tipo de asociaciones es relativamente reciente, pero de gran expansión en muchas partes del mundo. En España por ejemplo, país que comenzó con su instrumentación, existen más de 200 asociaciones de esta naturaleza, mientras que los movimientos por el autocultivo en Latinoamérica, y especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, así como las autoridades de estos países, ven en los clubes una excelente oportunidad para crear un nuevo ambiente en el uso de la mariguana, en el que se garantizan los derechos de los usuarios, se tiene control e información sobre ellos y se evitan los circuitos delictivos asociados al comercio ilegal de la planta.

Crear CSC en la Ciudad de México, al igual que en otros estados del país, requiere esencialmente de modificar las disposiciones federales que impiden el cultivo de la planta de la cannabis bajo cualquier modalidad, para legalizar la figura del cultivo personal y comunitario sin fines de lucro y para exclusivo uso privado. De no ser posible esto, podría declararse otorgar prioridad cero, para efectos de persecución del delito, al cultivo con tales fines. Es importante señalar, en este sentido, que las convenciones internacionales que regulan a la planta de la cannabis se limitan a considerar su fiscalización sólo en cuanto a la sumidera florida de la planta hembra, y no impiden el aprovechamiento o el cultivo y uso de otras partes de la misma.

En todo caso, al eliminarse las disposiciones que hacen indistintamente ilegal al cultivo se abre la posibilidad de instrumentar regulaciones locales específicas para la instrumentación de cada club. En este sentido, las posibilidades regulatorias pueden considerar a las autoridades federales, pero también disposiciones y adecuaciones de orden estatal o incluso municipal.

Por supuesto, se vuelve necesario también, instrumentar mecanismos que impidan que los clubes se conviertan en una fachada del comercio ilegal de la planta. Sin embargo, limitando el número de socios a uno que permita el equilibrio y la autosuficiencia, así como garantizando la transparencia operativa de los mismos, tales riesgos pueden reducirse significativamente.

Por último, es preciso considerar que los CSC pueden ser una herramienta de gran ayuda para el control de otras sustancias más peligrosas cuyo uso en aumento se presenta ya en la sociedad mexicana. Los clubes garantizan, regulan y limitan el acceso a la cannabis a los adultos de plenos derechos y limitan de forma clara el acceso de los menores a la sustancia. Contribuyen así, también a las tareas y preocupaciones comunes a toda la sociedad.

 

Cuaderno 5 CuPIHD (en PDF)

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“¿Qué es la iniciativa Mérida?” y “La propuesta de Bolivia” Cuadernos CUPIHD 4

La producción, comercio y consumo de las sustancias psicoactivas ilegales conocidas genéricamente como “drogas” son aspectos de un mercado que rebasa las fronteras nacionales debido a la manera de actuar de los grupos de la delincuencia organizada en busca de los altos beneficios económicos que representa el comercio ilegal de estas sustancias.

La violencia con la que estos grupos están dispuestos a defender este millonario negocio propicia que un tema claramente relacionado con la salud de las personas se convierta en un asunto de seguridad. De ahí que los intentos por controlar este fenómeno se basen en iniciativas tendentes a usar la fuerza como medio para contener el crecimiento del llamado narcotráfico.

Es el caso de la Iniciativa Mérida, un acuerdo bilateral del cual Jonathan González, en esta entrega de los Cuadernos Cupihd, hace un análisis preciso y muy bien documentado para ubicar con claridad el momento histórico en el que nos encontramos con respecto a este acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos.

Por su parte, Brenda Pérez pone sobre la mesa los intentos que Bolivia ha realizado frente a la comunidad internacional para regular una sustancia que forma parte de su cultura: la hoja de coca, que también es la materia prima para la elaboración de cocaína. El caso de Bolivia sienta un precedente porque es un intento por preservar su autonomía frente a la comunidad internacional sin contradecir las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes.

Ambos casos reflejan las implicaciones que la política prohibicionista ha tenido de manera particular en las naciones que signan los acuerdos internacionales para el control de los estupefacientes.

El cuaderno 4 lo puedes descargar dando click aquí.

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La posesión umbral en México: garbanzos de a libra.

Garbanzos

Diversos países han realizado reformas políticas en materias de drogas en la década reciente cuyo objetivo ha sido incluir umbrales de posesión no criminal para distinguir entre los actores de los mercados locales; a saber: usuarios, narcomenudistas y traficantes.

Las políticas de umbrales suele incluir disminución de penas para narcomenudistas y usuarios, que previamente eran procesados y penados como traficantes, por lo que se considera una política de despenalización.

En algunos lugares el interés ha sido penal, en muchos de los estados de la Unión americana los objetivos recurrentes para considerar la portación de cannabis como felony y no como crime, se funda en la necesidad penal de ya no sobrepoblar las cárceles con usuarios de drogas. En otros, como los Países Bajos, la idea ha sido posibilitar al usuario el acceso a una sustancia sin tener que vincularse al mercado negro y, con ello, a la delincuencia organizada.

México también ha intentado seguir un modelo parecido. En 2009 se promulgó la llamada Ley contra el narcomenudeo, que incluye una Tabla de orientación de dosis máximas permitidas para consumo personal (Art. 479, LGS) que, a su vez, contempla 8 sustancias y sus “dosis máximas”: 2 gr. para opio, 50mg. para heroína, 5gr. para cannabis, 500 mg. para cocaína, 15 microgramos para LSD y 40 mg. o una tableta para MDA, MDMA y metanfetamina.

Establecer una medida umbral de posesión para distinguir a unos actores de otros, sin embargo, puede resultar riesgoso si no se consideran dos condiciones: La primera se relaciona con las cantidades o unidades de venta con que suele comerciarse en los mercados locales de menudeo: éstas pueden ser bajas,  con lo que se propicia confundir a consumidores con narcomenudistas; o por el contrario, pueden ser altas, y beneficiar a los minoristas de la droga, que se hacen pasar por usuarios.

En el caso de México, las medidas son bajas. Prácticamente cualquier persona que decida usar una droga, además de verse obligada a participar de delitos como el comercio o el suministro, se pone en riesgo de ser encontrado en posesión de cantidades mayores al umbral legal, debido a que no hay posibilidades de acceso más allá del mercado negro y éste maneja, por lo regular, cantidades mayores a la establecidas en la ley.

La segunda condición refiere a la debilidad de Estado para aplicar las leyes. A diferencia de países con instituciones fuertes, donde la despenalización de la posesión ha dado paso al pago de multas a cambio de penas privativas de la libertad; en países con instituciones débiles como el  nuestro, la despenalización por umbrales suele dificultarse por la implicación de policías en el mercado: para ellos, la imposición de umbrales funciona solo para determinar el volumen a “sembrar” entre los usuarios. De este modo, las policías suelen aprovechar esta debilidad y coludirse con narcomenudistas, para remitir como éstos a usuarios en posesión de drogas y así justificar un inoperante combate al mercado negro.

A causa de esta segunda condición, determinada por la propia realidad de los mercados, los estados que apliquen la política de umbrales deberían incluir lugares de acceso seguro, puesto que ello no sólo desarticula el vínculo entre usuarios y mercado negro, sino también el pretexto por el cual la mayor parte de usuarios de drogas llega a ser presentada ante un M.P.

Ejemplo de esto, son las políticas de acceso seguro a ciertas drogas, cada vez más socorridas por algunos gobiernos tanto nacionales como regionales, para contener las consecuencias colaterales negativas causadas por el crecimiento de los mercados locales. Ejemplo de ellos es Ecuador, que ha descriminalizado el cultivo de cannabis para uso privado y sin fines de comercio. En el País Vasco y en Cataluña, mientras tanto, comienzan a regularse los clubes sociales de cannabis. El caso de Estados Unidos, ya sea como mariguana medicinal o con fines no médicos, apunta en la misma dirección.

En resumen, las políticas de posesión no delictiva de drogas a través de umbrales como la que prevalece en México, debería acompañarse de otras medidas que garanticen el acceso a ciertas sustancias de forma regulada y ajena a los mercados negros. De otro modo, la posesión no penal continuará siendo, para nosotros, sólo un estímulo para la corrupción y para el desperdicio de recursos a través de la simulación.

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¿Nuevos tiempos para la política de drogas en el país?

Steve CND

Foto: Steve Rolles

Aún es incierto afirmarlo, pero por primera vez en años pareciera asomar en los ámbitos públicos local, nacional e internacional, un tema que ya no es posible evitar con independencia de la posición  —personal o institucional— que se tenga, ante eventuales reformas en el área. Ya no se trata de “estar de acuerdo con el debate”, sino de asumir y defender posiciones en él con argumentos sólidos y evidencia empírica.

Y hay evidencia abrumadora de que los costos que implica sostener un enfoque moral que no admite el más mínimo cambio, una visión que se ha mantenido prácticamente inamovible en 50 años, ya no es inapelable, y ha dado paso a preguntarnos: ¿Qué hacer y cómo hacerlo?

No hay respuestas sencillas. La política de drogas no puede ser la única solución, por sí misma, a condiciones sociales, económicas y políticas estructurales que determinan también sus alcances y margen de acción.

Hasta donde hemos podido constatar, al menos en el terreno internacional, México no tiene una posición definida al respecto, pero su papel en la recientemente terminada Comisión de Estupefacientes (CND) de la Organización de las Naciones Unidas ha dejado en claro, a la comunidad internacional, que se debe reconocer la existencia de debates nacionales y regionales más allá de los márgenes de los órganos de control de la propia ONU (además de la CND, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito), autonombrados todos “guardianes de los tratados” en materia de drogas.

El viraje no es menor. Ante las terribles consecuencias sufridas por nuestro país debido al “sistema internacional de control”, la inexorable y progresiva regulación de la mariguana en los Estados Unidos, y el establecimiento de nuevas políticas hacia ella en Uruguay, las políticas de drogas han comenzado a dejar atrás posiciones morales inamovibles, para sustituirlas con algo más de realismo y pragmatismo.

Pero los desafíos aún son enormes. La Comisión de Estupefacientes es una bóveda hermética de Estados, impermeable al más mínimo cambio, mientras que la UNODC y la JIFE no se muestran nada dispuestos a que otras agencias, como la Organización Mundial de la Salud y los mecanismos de Derechos Humanos, intervengan en el tema de las drogas.

Este año, así, el papel de México se centró en hacer que la Declaración Ministerial Conjunta que abre la CND, incluyera un párrafo (No.11) en el que se reconociera un debate regional en curso; y en resaltar la importancia de considerar un mejor balance entre reducción de la oferta de drogas y políticas de salud hacia ellas; así como en proponer una resolución que delineara el camino a seguir para la organización de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 (UNGASS 2016) propuesta por México a fines de 2012, de modo tal que el proceso incluya la participación de otros cuerpos y órganos de la ONU, de distintos organismos regionales, como la OEA, y de la academia y la sociedad civil.

A duras penas, la propuestas mexicanas lograron colarse en medio de distintas muestras de insatisfacción, y evidentes intentos de bloqueo por parte de los países que prefieren el status quo por sobre todas las cosas.

A pesar de todos los obstáculos ahora, sin embargo, la puerta se mantiene abierta a nuevas visiones y experiencias. Una oportunidad que debemos estar dispuestos a aprovechar al máximo.

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Recuerdos de 2013, retos de 2014

Flor verdeSe va 2013 y pronto llegará 2104. El que termina ha sido un año de contrastes en términos de políticas de drogas, tanto para México como para el resto del mundo.
Lo anterior resulta, en sí mismo, una novedad. Hace apenas cinco años, la sensación generalizada seguía siendo que, con respecto a las drogas, no había nada qué hacer sin que el sistema internacional de control hacia ellas, así como los tratados que le dan sustento, no cambiaran de un modo u otro por un consenso mundial.
 
El día de hoy, sin embargo, constatamos que la realidad es más terca que las camisas de fuerza que a veces insistimos en colocarle.
 
Muy a pesar de quienes proclaman que cualquier modificación en la forma en que tratamos con las drogas es equivalente a promoverlas, lo cierto es que cada vez más países disimulan menos su malestar por los resultados y el enfoque general del sistema internacional de control. Mercados ilegales, violencia, violaciones de derechos humanos, persecución indistinta de usuarios, productores y vendedores, desproporcionalidad de las penas, adulteración y sustitución de sustancias, así como diseminación de enfermedades, son algunas de las consecuencias objetivas y reconocidas del actual enfoque del sistema de control.
 
Esta transformación global, conceptual y moral, sin embargo, ha comenzado por la regulación de la marihuana. Uruguay, los estados de Washington y Colorado, más otros 17 estados de la Unión Americana, Canadá, España, República Checa, Italia y Suiza, han comenzado a ensayar distintas formas regulatorias para la planta ilegal más consumida del mundo.
 
México no parece querer ser la excepción. La Ciudad de México, que por más de una década se ha preciado de ser la entidad más progresista y liberal del país, ha comenzado a tomar en serio el tema, una actitud producto, en buena medida, por la inevitabilidad de que la reforma en los Estados Unidos influya en directamente en nuestras circunstancias.
Cada vez son más los legisladores, de distintos partidos y corrientes, que se muestran interesados en legislar sobre marihuana. El asunto, sin embargo, es difícil desde donde se le vea: las competencias locales son limitadas, la rentabilidad política dudosa y los prejuicios grandes.
 
A pesar de ello, nuestros representantes tienen muchas razones para seguir adelante: regular marihuana significaría abrir un canal de comunicación diferente al de la justicia a casi el 85% de todos los usuarios de drogas ilegales de la ciudad, ayudaría a separar los mercados de drogas duras y blandas, a mantener lejos de los circuitos delictivos a los usuarios y a redirigir los esfuerzos de policías u ministerios públicos hacia delitos con víctima, contra la propiedad o violentos.
 
Para ello, el éxito de la regulación de la marihuana en la Ciudad de México tiene que abordar ciertos temas clave, si bien no todos al alcance de su competencia inmediata. Entre las primeras, sin embargo, se pueden mencionar las siguientes:
 
·         Medidas efectivas para separar definitivamente consumo del delito
·         Establecer prioridades para el ejercicio policiaco
·         Establecer nuevos programas de reducción de riesgos y daños
 
En el ámbito federal, mientras tanto, es necesario reclamar y proponer, reformas para:
 
·         Permitir el cultivo sin fines de lucro y dotar a las entidades de la República de capacidades regulatorias sobre el mismo
·         Reclasificar a la planta y sus principios activos en la Ley General de Salud
·         Reconocer el uso terapéutico de la mariguana.
·         Reclasificar y aumentar los umbrales de posesión de cualquier droga cuando ésta se destine al uso personal.
·         Facilitar la investigación científica sobre cannabis y derivados.
 
¿Se alinearán los astros de la marihuana en la Ciudad de México en 2014?
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Del clóset al espacio público: la política de drogas en México

Museo Mural Diego Ribera
Vientos de cambio vive la política de drogas en el país, al menos en la arena pública. Lo que antes se hablaba sólo en círculos marginales y de plano se evitaba en público, ahora se convierte en motivo de disputa y oportunidad para la exposición mediática.
 
Algunas encuestas han generado ruido por los cambios en la percepción que la población tiene respecto a las drogas, como la Primera Encuesta Nacional Universitaria (aun no disponible para el público), en la que se hace énfasis en la facilidad que tiene la comunidad de jóvenes universitarios para acceder a distintas drogas, que alcanza el 50%; o bien la dada a conocer por otro diario de circulación nacional en la que se constata un creciente apoyo de 74% para la regulación de la mariguana, (aunque en principio sólo con fines medicinales).
 
Por otro lado, encontramos también la noticia de que en días pasados se realizaron algunas manifestaciones públicas con el objetivo de “crear conciencia en la ciudadanía sobre la inviabilidad política, social y económica de dicha legalización [de la marihuana] en el país”. Para agregar algo de folclor al asunto, las notas de prensa reportan también que tales manifestaciones no solo no fueron muy numerosas, sino que contaron con viejas prácticas de acarreo para rellenarlas.
 
A pesar de estos claroscuros, lo que resulta cada vez más claro es que la sociedad mexicana ya no puede evitar tratar el tema de las drogas, y el de mariguana en especial, lo queramos o no.
 
Y ello se refleja también en la política. Casi al mismo tiempo, en el congreso nacional el PRD, la segunda fuerza parlamentaria a nivel nacional, se acordó impulsar reformas a las actuales políticas de drogas. El senador Mario Delgado y el diputado federal Fernando Belaunzarán introdujeron la moción haciendo énfasis en la progresiva regulación de la mariguana en los Estados Unidos y en la inevitabilidad de la misma en el resto del mundo, misma que se adoptó como uno de sus resolutivos finales.
 
Al reconocer una oportunidad política en el tema, así como un debate que otros partidos simplemente no han querido afrontar, el PRD parece dispuesto, por fin, a avanzar antes que otros sobre la actual política de drogas, así como a buscar alternativas regulatorias para algunas de ellas, especialmente la mariguana Y si bien ese partido aún está por demostrar verdadera voluntad política tanto como definiciones concretas sobre su rumbo en la materia, lo cierto es que esta decisión parece romper, realmente, con la inercia silenciosa de un debate largamente pospuesto por nuestra clase política.
 
¿Qué sigue, pues, para la política de drogas en México en los próximos tiempos? El debate global sobre el fin de la “guerra a las drogas” también se ha intensificado en toda Latinoamérica, debido en buena medida a la intención reguladora de Uruguay sobre la mariguana y a los informes sobre el problema de las drogas de la OEA, que se suman  una creciente presión por la reforma de los tratados que conforman el sistema internacional de fiscalización de drogas. Asimismo, la Sesión Especial de Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar en 2016 y que fue propuesta por México, junto con Guatemala y Colombia, tendrá forzosamente que abordar la tan largamente evitada palabra de “alternativas”. Y para ese entonces México deberá definirse y tener posturas claras al respecto.
 
Las cartas, pues, están sobre la mesa, abiertas para todos; y si se juegan bien, más pronto que tarde podremos hablar de políticas más cercanas al sentido común, al respeto a los derechos humanos y a la protección a la salud desde la evidencia y el pragmatismo, que a los buenos deseos y al dogmatismo que hasta ahora han predominado como el único credo políticamente correcto para referirse a un tema que, hasta hace no mucho tiempo, sólo era posible encontrar en el clóset de nuestra sociedad.
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Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos

Drogas y DDHHComienza una semana clave para el reconocimiento de los derechos de los usuarios de drogas ilegales, para debate de la regulación de las drogas y en especial para el de la regulación de la marihuana en la Ciudad de México.

En el marco de nuestro convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organizamos conjuntamente el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, que contará con mesas de debate sobre experiencias comparadas internacionales, salud, educación, seguridad, justicia y cultura, además de una conferencia magistral de Damon Barret, de Harm Reduction International especialista en ambos sistemas jurídicos internacionales.

El foro busca contestar preguntas largamente aplazadas no sólo por la sociedad, sino incluso por la propia comunidad de defensores de los derechos humanos. Entre ellas.

¿Son las drogas un motivo legítimo para violar los derechos humanos? ¿Tienen derechos humanos los usuarios de drogas? ¿Cómo podemos limitar de mejor manera el acceso de los menores de edad a las drogas?¿Qué papel juega la educación y las comunidades educativas frente a la presencia de las drogas entre la población estudiantil? ¿Existe discriminación laboral por uso de drogas en México? ¿Cuáles son los servicios de salud que se requieren para atender el problema del consumo de drogas en el país? ¿Son los usuarios de drogas una población vulnerable en cuanto a sus derechos humanos? ¿Qué papel juegan el estigma y la discriminación en cuanto al uso de drogas? ¿Cuál es la economía de las drogas? ¿Cuál es el papel y el impacto de las drogas entre las personas privadas de su libertad? ¿Necesita México de los tribunales especiales de drogas? ¿Contravienen los derechos de las personas los tratamientos condicionados? Y por último: ¿Qué es más importante respetar y hacer cumplir: las disposiciones internacionales de los derechos humanos o los del sistema internacional de control de drogas?

CuPIHD y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal invitan a todos los interesados en averiguar éstas, y otras respuestas, en el Foro Internacional sobre Drogas y Derechos Humanos, del 7 al 9 de agosto de 2013, en la CDHDF.

Más información e inscripciones en http://drogasdh.cdhdf.org.mx

¡Allí nos vemos!

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Michoacán: el extremo de los daños colaterales

Michoacán

Hace apenas un par de décadas nadie lo hubiera pensado, pero la negativa de regular los mercados de mariguana ha generado enormes ganancias para aquellos grupos delictivos que luchan por mantener y/o aumentar los recursos económicos derivados del control de los centros de producción, las rutas del tráfico y los mercados de consumo.

Michoacán es hoy el ejemplo más grave. Sus condiciones geográficas no sólo han propiciado el cultivo ilegal de mariguana en parte de su territorio, sino también la importación ilegal de precursores químicos a través de sus costas. De hecho, el mercado negro de drogas químicas (especialmente las de tipo anfetamínico) representa ya mayores ganancias que el de la mariguana.

Para nadie es un secreto que los recursos que estos mercados generan han servido para armar a cientos de células criminales que, con base en su poder de fuego, han ido controlando y expandiendo –ellos sí- la producción, el tráfico y el mercado de las drogas.

Sin embargo, este mismo poder de fuego también ha servido para controlar otras actividades ilícitas y, ya pasados al extremo, lesionar directamente a la sociedad a través de extorsiones, cobros de piso, secuestros, violaciones y asesinatos, así como para derrocar al Estado –a través de controlar decenas de cuerpos de seguridad pública y los recursos de diversas dependencia municipales y locales-.

En otras palabras, las décadas de las mismas políticas antidrogas, basadas casi exclusivamente en el control policiaco de la oferta, han tenido como consecuencia colateral extrema la pérdida total de control estatal de buena parte de Michoacán, ahora en manos de grupos criminales, beneficiados económicamente de los mercados que el Estado se ha negado a regular, simplemente volteando hacia otra parte.

Por ello, es tiempo de pasar de la discusión sobre sí la mariguana es terapéutica o dañina para la salud pública o personal. Los daños colaterales que ha propiciado su prohibición sobrepasan los daños que su consumo pudiese tener.

Michoacán es el ejemplo extremo de los daños colaterales que, por cierto, han sido reconocidos en el Reporte Mundial de Drogas de 2009  por la misma Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).

“El argumento más sólido contra el actual sistema internacional de control de drogas no estriba en el costo económico de su instrumentación, ni siquiera en su efectividad para reducir la disponibilidad de drogas. Estriba en la violencia y la corrupción asociada a los mercados ilegales. El problema principal del sistema de control no se encuentra en las limitaciones de los esfuerzos encaminados a suprimir el uso de drogas, una aspiración similar a las de eliminar la guerra o la pobreza. El problema se encuentra en que, al perseguir estas metas, el sistema ha enriquecido a criminales que asesinan y corrompen en los países productores, así como en aquellos que sirven de tránsito de las drogas hacia los países consumidores.”

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Jóvenes en el narcomenudeo: el caso Ciudad de México

El objetivo de este artículo es explicar cómo algunos jóvenes de la Ciudad de México se insertan en el mercado de drogas ilícitas a pequeña escala y cómo su participación influye en la expansión de los mercados locales.

Lea todo el artículo aquí: Jóvenes en el narcomenudeo: el caso Ciudad de México