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Drogas DF: los mercados de drogas ilícitas de la Ciudad de México. Cuadernos CUPIHD 6

Drogas DF, Cuaderno 6 de CuPIHD, tiene la intención de presentar un análisis estadístico y cualitativo, informativo y de calidad, sobre las dinámicas y características de los mercados de drogas ilegales y de sus usuarios en nuestro país, particularmente en el Distrito Federal.

Drogas DF describe el tamaño y las características del mercado de drogas en la Ciudad de México, así como la percepción y las relaciones de los usuarios de tales sustancias con su entorno legal, económico, institucional y social.

Adicionalmente, esta investigación de Carlos Zamudio señala las características más importantes que deben ser tomadas en cuenta para comprender y enfrentar el fenómeno de las drogas en nuestra sociedad de forma más efectiva, con un énfasis muy especial en la capital del país, en la que se concentran muchas de las dinámicas que también se observan en otras partes México.

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Un lustro de la Ley contra el narcomenudeo

Confusión

Se cumple un lustro de la Ley contra el narcomenudeo y dos años de su implementación en el Distrito Federal.

Basada en umbrales de posesión, ésta ley intenta diferenciar a usuarios de ciertas drogas ilícitas de los comerciantes de ellas; e involucra a las dependencias locales de procuración y administración de justicia en la persecución de los delitos previstos en el “narcomenudeo”: posesión, comercio y suministro, cuando éstas conductas involucran cantidades entre una y mil veces la del umbral máximo de posesión estipulado por la propia ley.

En el caso de la cannabis, la Ley establece un límite de 5 gramos para no ejercer acción penal en contra de quienes sean detenidos en posesión o consumo de drogas en la vía pública, y no se les pruebe comercio ni suministro. Es bueno señalar aquí que, sin embargo, el usuario debe ser presentado ante la autoridad hasta que ésta lo acredite como tal y le abra un registro, ya que si se repite la conducta tres veces, recibirá tratamiento forzoso. También se establece una pena de 10 a 36 meses de prisión si esta posesión rebasa el umbral, pero no los 5000 gramos.

Así, esta Ley, que ha sido interpretada en numerosos debates nacionales e internacionales como una despenalización de la posesión para uso personal, en la práctica ha facilitado la criminalización de los usuarios -tanto la formal como la informal- mientras que ha sido muy poco útil para contener la expansión de los mercados locales de drogas y para evitar la presentación de usuarios de drogas como presuntos delincuentes.

La ley supone una criminalización formal del usuario al propiciar que, cuando éste es sorprendido consumiendo en vía pública sea detenido por lo que técnicamente constituye una falta administrativa, pero sea presentado ante Ministerio Público por presunción de delitos contra la salud en la modalidad de posesión y en cantidad de “narcomenudeo”. Mientras se define si es el caso, será procesado y sentenciado como narcomenudista.

Una comparación que ilustra la discriminación del usuario de drogas ilícitas, por ejemplo, es el alcohol consumido en vía pública: también se considera una falta administrativa y se debe presentar al infractor ante un juez cívico, pero a quienes son sorprendidos bebiendo no se les acusa de posesión de alcohol, con lo que pueden optar por multa o arresto administrativo. Adicionalmente, la noción de “ser sorprendido en posesión” sin que exista consumo, implica casi por obligación una detención arbitraria, muchas veces motivada por aspecto, identidad cultural, edad u otras consideraciones discriminatorias.

La criminalización informal, en cambio, sucede porque propicia que distintas autoridades corruptas aprovechen la vulnerabilidad jurídica de los usuarios ante la ley, para extorsionarlos a ellos y/o a sus familias. Para tales autoridades es sencillo aprovechar el tiempo de determinación del status jurídico del detenido, o bien aumentar las cantidades de posesión cuando el usuario es detenido individuamente; como lo constatan la 1ª Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en la Ciudad de México y el Informe Especial sobre drogas y derechos humanos en la Ciudad de México, de la CDHDF.

Por otro lado, la Ley no establece elementos secundarios de guía que ayuden a las autoridades a diferenciar entre usuarios y vendedores de drogas, lo que facilita la vulneración de los derechos de las personas usuarias. En la práctica, la prueba del delito se limita a la cantidad de droga.

Hay que considerar, también, que la Ley omite la dinámica de los mercados locales, que en el caso de México, que sucede en cantidades superiores a las dispuestas por los umbrales, lo que aumenta la vulnerabilidad de los usuarios. En el caso de la mariguana, por ejemplo, las “onzas mexicanas” (de 25 gramos) suelen ser una unidad de venta corriente. Que las unidades de mercado continúen por encima de los umbrales es un indicio, además, de que la delincuencia vinculada al tráfico no ha sido impactada de modo que hayan tenido que adecuar sus estrategias de mercado o compraventa.

Si los objetivos básicos de la Ley contra el Narcomenudeo eran el diferenciar usuarios de delincuentes, así como el de combatir el mercado a pequeña escala de drogas, a 5 años de su existencia sus resultados no solo han sido muy escasos, sino más bien, sumamente contraproducentes.

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Crónica de un fracaso anunciado: el crecimiento de los mercados locales

Absurdo

Cada vez resulta más difícl negar que el Estado ha perdido la guerra contra el mercado de drogas en todos sus frentes. Y ésta no es la excepción al nivel de los mercados locales, donde también se están perdiendo de todas todas: no sólo continúan boyantes los mercados de drogas convencionales como la mariguana y la cocaína, sino que se han expandido mercados recientes, como son los de Estimulantes Tipo Anfetamínico (ETA) y LSD, e incluso mercados de drogas legales, tales como drogas médicas, disolventes industriales y algunas de las Nuevas Sustancias Psicocativas (NSP).

A pesar de la evidencia, la trama y las medidas continúan siendo las mismas: detención masiva de usuarios que son presentados ante el MP por posesión de mariguana, cocaína, crack, y a veces, otras drogas, con la intención de que se inicie una averiguación previa que lo consigne ante un juez. La diferencia es que ahora es un MP local, y no el federal, quien determina el delito imputado y, por tanto, la suerte del inculpado.

Un dato importante es el que señala la fiscalía especializada contra el narcomenudeo respecto los enormes esfuerzos en la persecución de usuarios: el 83.4% de las averiguaciones previas iniciadas, entre agosto de 2012 y mayo de 2014, refiere a personas en presunción de posesión simple –sin fines de comercio-, lo que deja inferir que no son vendedores, sino usuarios o clientes. El número de detenciones por posesión convierte a la ciudad de México en la tercera entidad con más detenciones por presunción de narcomenudeo, sólo detrás de Baja California y Jalisco.

El 72% de los detenidos (9,571) y de los consignados (6,539), lo fueron por posesión simple; 6,891 y 4,706 respectivamente, lo que significa la detención de un narcomenudista por cada tres usuarios, muestra de quiénes son los principales afectados en la estrategia nacional contra las drogas.

Igual de significativo que el alto número de consumidores detenidos, es el alto número de presuntos vendedores detenidos: 2,680, de los cuáles fueron consignados 1,833; lo que se vuelve significativo si consideramos que el número de usuarios habituales en el DF es de 115 mil según la encuesta nacional de adicciones 2011, por lo que podemos pensar en no más de 5,000 comerciantes, suponiendo que éstos se conformasen con poco más de 20 clientes en promedio.

Bajo este supuesto, 2 mil narcomenudistas detenidos significaría un importante golpe al mercado local de droga. Sin embargo, éste parece tener no sólo más vigor que nunca, sino también mayor intervención de distintos grupos delictivos. Y es que los grupos tradicionalmente vinculados al narcomenudeo ya se han apoderado, también, de gran cantidad de puntos de venta semifijos; lugares de reunión de usuarios de drogas donde los comerciantes llegan a ofertar sus productos.

Además, es para vender en este tipo de mercados que los grupos delictivos requieren subemplear a más jóvenes, tanto para que su participación pase desapercibida entre la población que llega a estos lugares, como porque son usuarios elegidos por conocer a más usuarios a los cuales extender su negocio; lo que incluye a menores de edad. Ejemplo de esto nos lo da la Encuesta sobre uso de drogas entre estudiantes de nivel medio de la Ciudad de México 2012, donde se observa que uno de cada cuatro estudiantes ya ha consumido alguna droga ilegal (24.4%) y uno de cada cinco lo hizo en el año reciente (18.2%).

De ésta manera, si bien compartimos la necesidad de emprender esfuerzos en los puntos de venta fijos -ya que éstos no solo impactan en el mercado de droga y en la percepción del delito, sino también a más personas del barrio por la exposición a las drogas; dada la actual aplicación de la ley, se puede prever que continuará el aumento de la participación de mujeres y jóvenes en las actividades del narcomenudeo y, al mismo tiempo, el aumento de éstas poblaciones en el sistema carcelario.

Ante esta realidad, sería importante redirigir la política que se concentra de forma casi exclusiva en los puntos de venta fijos, que sólo ha derivado en el desplazamiento de los comerciantes hacia espacios de reunión de usuarios o posibles usuarios, así como explorar alternativas que consideren, al menos la vulnerabilidad evidente de ciertos grupos sociales: mujeres con poca preparación y familia que mantener, así como jóvenes en un entorno de magro crecimiento económico.

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La posesión umbral en México: garbanzos de a libra.

Garbanzos

Diversos países han realizado reformas políticas en materias de drogas en la década reciente cuyo objetivo ha sido incluir umbrales de posesión no criminal para distinguir entre los actores de los mercados locales; a saber: usuarios, narcomenudistas y traficantes.

Las políticas de umbrales suele incluir disminución de penas para narcomenudistas y usuarios, que previamente eran procesados y penados como traficantes, por lo que se considera una política de despenalización.

En algunos lugares el interés ha sido penal, en muchos de los estados de la Unión americana los objetivos recurrentes para considerar la portación de cannabis como felony y no como crime, se funda en la necesidad penal de ya no sobrepoblar las cárceles con usuarios de drogas. En otros, como los Países Bajos, la idea ha sido posibilitar al usuario el acceso a una sustancia sin tener que vincularse al mercado negro y, con ello, a la delincuencia organizada.

México también ha intentado seguir un modelo parecido. En 2009 se promulgó la llamada Ley contra el narcomenudeo, que incluye una Tabla de orientación de dosis máximas permitidas para consumo personal (Art. 479, LGS) que, a su vez, contempla 8 sustancias y sus “dosis máximas”: 2 gr. para opio, 50mg. para heroína, 5gr. para cannabis, 500 mg. para cocaína, 15 microgramos para LSD y 40 mg. o una tableta para MDA, MDMA y metanfetamina.

Establecer una medida umbral de posesión para distinguir a unos actores de otros, sin embargo, puede resultar riesgoso si no se consideran dos condiciones: La primera se relaciona con las cantidades o unidades de venta con que suele comerciarse en los mercados locales de menudeo: éstas pueden ser bajas,  con lo que se propicia confundir a consumidores con narcomenudistas; o por el contrario, pueden ser altas, y beneficiar a los minoristas de la droga, que se hacen pasar por usuarios.

En el caso de México, las medidas son bajas. Prácticamente cualquier persona que decida usar una droga, además de verse obligada a participar de delitos como el comercio o el suministro, se pone en riesgo de ser encontrado en posesión de cantidades mayores al umbral legal, debido a que no hay posibilidades de acceso más allá del mercado negro y éste maneja, por lo regular, cantidades mayores a la establecidas en la ley.

La segunda condición refiere a la debilidad de Estado para aplicar las leyes. A diferencia de países con instituciones fuertes, donde la despenalización de la posesión ha dado paso al pago de multas a cambio de penas privativas de la libertad; en países con instituciones débiles como el  nuestro, la despenalización por umbrales suele dificultarse por la implicación de policías en el mercado: para ellos, la imposición de umbrales funciona solo para determinar el volumen a “sembrar” entre los usuarios. De este modo, las policías suelen aprovechar esta debilidad y coludirse con narcomenudistas, para remitir como éstos a usuarios en posesión de drogas y así justificar un inoperante combate al mercado negro.

A causa de esta segunda condición, determinada por la propia realidad de los mercados, los estados que apliquen la política de umbrales deberían incluir lugares de acceso seguro, puesto que ello no sólo desarticula el vínculo entre usuarios y mercado negro, sino también el pretexto por el cual la mayor parte de usuarios de drogas llega a ser presentada ante un M.P.

Ejemplo de esto, son las políticas de acceso seguro a ciertas drogas, cada vez más socorridas por algunos gobiernos tanto nacionales como regionales, para contener las consecuencias colaterales negativas causadas por el crecimiento de los mercados locales. Ejemplo de ellos es Ecuador, que ha descriminalizado el cultivo de cannabis para uso privado y sin fines de comercio. En el País Vasco y en Cataluña, mientras tanto, comienzan a regularse los clubes sociales de cannabis. El caso de Estados Unidos, ya sea como mariguana medicinal o con fines no médicos, apunta en la misma dirección.

En resumen, las políticas de posesión no delictiva de drogas a través de umbrales como la que prevalece en México, debería acompañarse de otras medidas que garanticen el acceso a ciertas sustancias de forma regulada y ajena a los mercados negros. De otro modo, la posesión no penal continuará siendo, para nosotros, sólo un estímulo para la corrupción y para el desperdicio de recursos a través de la simulación.

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Narcomenudeo en las Américas

drug markets

Pareciera que las perspectivas sobre las políticas de drogas en el mundo están cambiando. Algunos países de las Américas se encuentran ahora ante una realidad antes poco reconocida: el crecimiento de los mercados locales de drogas en toda la región.

Y después de décadas de políticas dirigidas casi exclusivamente a interceptar grandes cantidades de drogas con dirección hacia el norte, las autoridades nacionales se cuestionan ahora, también, cómo enfrentar los mercados propios.

La semana anterior tuvo lugar el 55 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) organismo especializado en drogas de la OEA. Varios fueron los temas tratados.

Las delegaciones nacionales analizaron el tráfico en pequeñas cantidades, lo que en México se conoce como narcomenudeo; nuestro mercado interno.

El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Colombia –país que ocupa la presidencia de la CICAD-, Fernando Ruiz Gómez, señaló que: “La primera conclusión que resulta de las deliberaciones consiste en la necesidad de generación de conocimiento sobre el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo cual no ha sido estudiado de manera suficiente, como fenómeno particular, complejo y multi-causal, que afecta a todos los países del hemisferio”.

La autoridad colombiana sostuvo que la experiencia ha demostrado la imposibilidad de contener el mercado de pequeñas cantidades mediante el mero combate a la oferta, y resaltó la importancia de actuar hacia la reducción del daño que el microtráfico genera en nuestras sociedades.

Y es que, al igual que en México, los mercados de drogas de América Latina no sólo han crecido y permanecen a pesar de las políticas de control de la oferta, sino que son cada vez más diversos y lucrativos.

A los ya tradicionales mercados de mariguana y cocaínas – y de heroína en ciertos países-, se han sumado los de estimulantes de tipo anfetamínico, drogas psicodélicas y de diseño e incluso de drogas médicas de comercio restringido, además de los disolventes inhalables.

Los debates sostenidos en la CICAD señalaron que los grupos dedicados al tráfico internacional de drogas han fortalecido su influencia en los mercados locales, y que a su vez éstos controlan parte importante de los distribuidores al menudeo en distintas ciudades del hemisferio.

Pero esos mismos debates revelaron que ni autoridades nacionales ni locales han logrado contener el crecimiento de un fenómeno delictivo que se adapta con facilidad a las políticas de control de la oferta, y lo mismo florecen grupos que distribuyen drogas en zonas abiertamente marginadas de las ciudades, que distribuidores móviles que entregan a domicilio o en determinados espacios de consumo.

Las sesiones de la CICAD también incluyeron debates sobre los desafíos y los posibles impactos de la regulación del cannabis en el Continente, con enfoque especial en los casos de Colorado y Uruguay. Es importante tomar nota de tales experiencias, dado que aportan a la discusión elementos importantes para la reflexión sobre prácticas impositivas, generación de empleos y de actividad económica. Incluso se habló de las dificultades que presenta el cultivo doméstico para controlar la calidad que requiere el uso terapéutico.

Finalmente, otro tema importante en la CICAD fue el de las cortes de drogas o tribunales de tratamientos de adicciones, que son presentados como una alternativa para descongestionar cárceles, evitar el delito y disminuir el consumo de drogas en la sociedad, pero cuya instrumentación también ha generado numerosas suspicacias y desconfianza entre la sociedad civil de la región.

La CICAD ha sido tradicionalmente un espacio dominado por políticas muy conservadoras hacia las drogas, especialmente las de los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, la omnipresencia de éstas en todo el Continente, obliga a los países a replantear estrategias y prioridades.

En relación al narcomenudeo, por lo pronto, las conclusiones parecieron claras:

Contener los mercados locales y la disponibilidad de drogas no ha sido posible, ni es realista.

Es necesario, entonces, crear o redirigir políticas para contener los impactos más negativos de los mercados locales: la violencia, y el abuso en el consumo. No se trata ya de combatir la existencia del mercado mismo, sino de enfocar esfuerzos en sus efectos más negativos, tanto en las personas como en sus comunidades.

Una idea mucho más razonable, pero a la que aún le falta comprensión y decisión política.

 

 

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El cambio necesario al enfoque de salud

Doctora arrestadaEn días pasados, el expresidente Calderón declaró que “El problema en México ya no es de narcotráfico, sino de narcomenudeo”. Esta declaración la argumenta aduciendo que el crecimiento de la economía llevó al aumento en el consumo local de drogas, y con ella desliza la idea sobre la posibilidad de que su política represiva contra el tráfico de drogas haya tenido cierto éxito. Sin embargo, el ex presidente se equivoca, cuando menos por dos razones: 1. Porque el crecimiento económico no tiene un correlato directo con la demanda de drogas ilícitas. Por ejemplo, en la Ciudad de México -el principal polo nacional de inversión financiera- el consumo de drogas se ha mantenido relativamente estable durante más de una década, pasando de 1.4% de la población en 1998 a 1.7% en 2011, según datos oficiales. Además, el crecimiento del número de consumidores fue de 20% entre 2008 y 2011 –pasando de 1.5 a 1 .8-, crecimiento muy superior al económico, el cual tuvo un promedio de 3.5% anual para el mismo lapso. 2. Porque el problema de seguridad en México no es de menudeo o mayoreo sino de política de drogas erradas. Así, aunque el consumo de drogas ilícitas ha crecido en una proporción que ha sido catalogada como poco significativa por las autoridades en la materia, durante el sexenio anterior fueron detenidas más de 100 mil personas por posesión de drogas. El presupuesto de miles de millones, que debieron haberse invertido en políticas de reducción de la demanda, fueron desperdiciados en el intento de controlar la oferta. Ante el desastre de las políticas represivas, la respuesta oficial debe ir más allá de continuar la búsqueda de las causas del consumo y actuar en concordancia con la existencia de la práctica del consumo de drogas en parte de la población.

La propuesta es el cambio de enfoque: la salud pública debe desplazar al enfoque de seguridad; el cual no sólo ha sido inútil, sino obsoleto ante el desarrollo de nuevas drogas. Un ejemplo de la obsolescencia de la política de drogas lo pone el NBOM, sustancia vendida en los mercados locales como LSD. Esta sustancia es de alto riesgo pues ha causado problemas de salud y muertes en algunas ciudades europeas, y no se conocen sus efectos secundarios a mediano o largo plazo. Sin embargo, muchos jóvenes mexicanos suelen tomarla creyendo que es LSD, sin conocer los verdaderos riesgos de su consumo. Además, esta sustancia no es ilegal, por lo que los dealers de este “LSD pirata” ni siquiera cometen el delito de narcomenudeo, en todo estaría incurriendo en fraude o publicidad engañosa, pero no en comercio de drogas. En síntesis, los mercados de drogas no son problema de seguridad sino de salud pública.

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Jóvenes en el narcomenudeo: el caso Ciudad de México

El objetivo de este artículo es explicar cómo algunos jóvenes de la Ciudad de México se insertan en el mercado de drogas ilícitas a pequeña escala y cómo su participación influye en la expansión de los mercados locales.

Lea todo el artículo aquí: Jóvenes en el narcomenudeo: el caso Ciudad de México

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La disputa violenta de los mercados de drogas en el D.F.

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Con un valor anual aproximado de 100 millones de dólares(1), las ganancias del mercado de drogas ilícitas del D.F. se han convertido en objeto de disputa entre grupos delictivos que encuentran en este mercado una posibilidad de crecimiento económico.
Un dato relativo a esta disputa lo aporta Eduardo Guerrero, al señalar que a partir del cambio de gobierno, el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada en la Ciudad de México ha aumentado un 43% (2).
Sin embargo, la disputa por estos mercados es distinta a las reyertas tradicionales que, por territorios, enfrentan a un grupo X contra un grupo Y.
Ahora, la disputa incluye el mercado de sustancias en espacios de ocio nocturno, mismos que proliferan en zonas de la ciudad con alto número de bares, discotecas y todo tipo de antros; muchas de ellas en zonas de poder adquisitivo alto y que congregan a usuarios de drogas dispuestos a pagar más por la droga con tal de disminuir los riesgos que implica acceder a ella, situación que, en sí misma, propició el desarrollo del mercado de drogas en este tipo de lugares.
Es entonces que el tamaño de la demanda que se acumula los fines de semana en zonas de ocio nocturno ha dejado de ser de interés sólo para usuarios carismáticos que suelen aprovechar el conocimiento de pares usuarios, la dinámica de los lugares de reunión y un conocimiento sobre dónde adquirir la droga a precio económico para obtener sus propias ganancias.
Ahora, estos espacios de la vida nocturna han pasado a ser de interés para grupos de la delincuencia organizada que, en la dialéctica del “coopelas o cuello”, han ido desplazando de la escena a los dealers “amateurs” de estos antros; para apoderarse de los lucrativos mercados de colonias como la Condesa o la Roma, que compiten ya con los de la Morelos y otras zonas tradicionalmente ubicadas como “focos rojos” en los mapas de las dependencias de seguridad.
De este modo, los grupos en disputa, se han ido especializando en los mercados locales, y aun cuando no son los grandes grupos delictivos que se disputan el inmenso mercado norteamericano, tampoco pueden ser independientes a estos: los grupos locales no tienen los operadores ni los contactos para traficar cocaína desde Sudamérica ni para producir ETA de forma independiente.
Son, en cambio, apéndices de los grandes grupos de traficantes que intentan controlar los mercados locales con base en la violencia y a través de grupos locales independientes, que conocen cómo opera la violencia, las reglas informales del juego y a la justicia local, lo que les aporta una ventaja comparativa que aprovechan para operar el creciente mercado de drogas ilegales del Distrito Federal.
Notas:
(1) Zamudio, C. (2013) Drogas DF. Cuadernos Cupihd, no.6.
(2) Guerrero, E. (2013) Nuevas coordenadas de la violencia. Revista Nexos, julio de 2013. pp. 22-26.
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Los mercados de drogas en el D.F.

Narcomenudeo DFLos mercados de drogas están cambiando en la Ciudad de México. La demanda y la oferta se han modificado conforme transcurre el nuevo siglo.

Respecto a la demanda, el mayor cambio es el aumento en el uso de drogas inhalables y de los menores usuarios; pero tal vez más significativo sea el aumento en el consumo de Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA), mismos que incluyen las llamadas drogas de club.

Los ETA se han convertido en el tipo de drogas de segundo mayor consumo –solo después de las cannábicas. Según la ENA 2008, la prevalencia anual del consumo de los ETA era de un estimado de 4,640 usuarios (0.1), mientras que la ENA 2011 señala estimados de 5,721 usuarios de anfetaminas (0.1) y de 10, 453 de usuarios de metanfetaminas (0.2). En otras palabras, y considerando los estimados oficiales, la prevalencia anual de usuarios de ETA se triplicó en un trienio, al grado que cerca de 15 mil usuarios que consumieron en el último año.

Dentro de estas drogas, una de las más comunes es el MDMA, comercializado generalmente como “tachas”. “Una “tacha” común vale entre 80 y 150 pesos, aunque puede haber más caras. Por supuesto, no se puede asegurar que todas las “tachas” contengan la sustancia ni la calidad que los dealers dicen vender. Sin embargo, considerando que 15 mil usuarios comprasen esta noche una “tacha” de 120 pesos, el gasto sería de un millón ochocientos mil pesos.

Ahora bien, no todos los usuarios consumen con la misma intensidad, según la EUDI, alrededor del 40% consume mensualmente ETA, un 18% lo hace semanalmente y un 12% los consume diariamente; el resto consume menos de una vez al mes. Con base en estas cifras, 6,000 usuarios gastarían 720 mil pesos al mes, 2,700 usuarios gastarían 1,296,000 en ese mismo periodo, y 1,800 gastarían unos 5 millones, aunque quizás éstos consigan mejor precio. En suma, el gasto aproximado de los usuarios de ETA estaría cerca de los 9 millones de pesos al mes. Y, como vimos en los datos de la ENA, la demanda sigue creciendo.

Por el otro lado, respecto a la oferta encontramos una mayor disponibilidad de sustancias lícitas e ilícitas, así como una mayor difusión de modalidades de venta y diversidad de grupos organizados. Y es que, el aumento en la demanda conlleva mayores ganancias y, en consecuencia, mayor competencia, incluso violenta, entre los grupos dedicados a este negocio.

Adicionalmente, y pese al crecimiento del mercado, de su valor y de su disputa, no solo faltan políticas de prevención que ayuden a la contención del mercado, sino también capacitación a las autoridades encargadas de su combate; según cifras de la procuraduría local, entre agosto y diciembre de 2012 solo se incautaron 0.7 gramos de metanfetamina.

En este sentido, es necesario brindar información a los usuarios sobre los riesgos y daños del consumo de ETA, así como garantías de que las sustancias de uso sean de calidad adecuada para su consumo. Es necesario, también, que las autoridades conozcan de la expansión de este mercado, que ya se encuentra como el segundo mayor de la ciudad, y que formulen formas más eficaces de controlarlo, incluyendo entre tales posibilidades a las medidas de reducción de riesgo y daño, y de regulación de mercados. Al fin y al cabo, es ésta la última petición de México a la ONU. Hora del cambio, y no de la evasión.

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Las prioridades en el combate al narcomenudeo en el Distrito Federal

Balanza

A partir de este día, 25 de febrero de 2013, la SSPDF tendrá una policía especializada para combatir el narcomenudeo en la Ciudad de México. Esta policía consistirá de unos 200 elementos capacitados para perseguir y detener a presuntos narcomenudistas.

Tal capacitación es, sin duda,  necesaria en una corporación que hasta hace poco detenía un promedio anual de 8, 842 presuntos narcomenudistas (según números de la propia SSPDF) cantidad inverosímil en un mercado no mayor a 85 mil usuarios, según la ENA 2011.

Con  un grupo especializado en su combate, sin embargo, no vemos posibilidades reales de poder erradicar la oferta de drogas. Especialmente cuando observamos que las modalidades de venta empiezan a desplazarse, desde un mercado con hegemonía de puntos de venta fijos -casas o locales comerciales-, a uno donde se mezclan cada vez más puntos de venta móviles o semifijos como locales de películas, lugares de esparcimiento y espacios públicos.

Esto es así por que estas últimas modalidades de venta tienen como objetivo el poder evitar la aplicación en su contra de la ley de extinción de dominio. La delincuencia organizada se está adecuando, así, a los métodos que evitan las sanciones más altas en las nuevas leyes.

Además, debe considerarse que, según la EUDI, el 48% de los usuarios de drogas de la Ciudad de México conoce de 2 a 5 puntos de venta y 34% conoce de 6 a 10, por lo que la detención de alguno de sus proveedores no limita de forma importante su acceso a las drogas.

Por ello, insistimos en que una manera complementaria o alternativa a la del combate a la oferta, sería la de integrar el acceso seguro a los usuarios adultos de mariguana. Esto es, el Estado debería permitir y regular el acceso seguro a éstos usuarios ya que en el caso de la Ciudad de México, 92 de cada 100 usuarios de drogas ilícitas usan esta droga. De este modo se inhibiría, por la vía no violenta, a los grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, al restarles una parte importante de la clientela que demanda drogas.

En este sentido, son los clubes sociales del cannabis una forma alternativa de regular el mariguana y representan una manera de ofrecer un acceso regulado a la población que la consume, tal como ya se hace en el País Vasco, en Cataluña, y ahora en el estado de Washington. Con los clubes sociales, no se rompen las leyes internacionales en tanto la mariguana no llega al mercado negro, sino que se distribuye exclusivamente entre socios. Una distribución sin fines de lucro entre adultos, que además podrían acceder a servicios de apoyo sin riesgos de ser criminalizados.

Por otra parte, con los clubes brindan un acceso seguro a los usuarios, lo que inhibiría su contacto con el mundo delictivo y les otorgaría un espacio seguro dónde fumar, con lo que se disminuiría el consumo en vía pública. A su vez, disminuiría el número de detenciones de usuarios que suelen ser presentados por posesión de drogas y que son tratados como presuntos narcomenudistas por las autoridades.

Como nunca antes, el gobierno local tiene la posibilidad de ejercer una política autónoma en materia de drogas. Las ventajas de ello se verían inmediatamente reflejadas en favor de los derechos de los ciudadanos que usan drogas, de modo tal que se proteja a toda la población, ya no que se centren en perseguir a las personas que usan drogas. Una política que nunca ha dado resultados: ni en materia de salud, ni de seguridad públicas.