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“¿Qué es la iniciativa Mérida?” y “La propuesta de Bolivia” Cuadernos CUPIHD 4

La producción, comercio y consumo de las sustancias psicoactivas ilegales conocidas genéricamente como “drogas” son aspectos de un mercado que rebasa las fronteras nacionales debido a la manera de actuar de los grupos de la delincuencia organizada en busca de los altos beneficios económicos que representa el comercio ilegal de estas sustancias.

La violencia con la que estos grupos están dispuestos a defender este millonario negocio propicia que un tema claramente relacionado con la salud de las personas se convierta en un asunto de seguridad. De ahí que los intentos por controlar este fenómeno se basen en iniciativas tendentes a usar la fuerza como medio para contener el crecimiento del llamado narcotráfico.

Es el caso de la Iniciativa Mérida, un acuerdo bilateral del cual Jonathan González, en esta entrega de los Cuadernos Cupihd, hace un análisis preciso y muy bien documentado para ubicar con claridad el momento histórico en el que nos encontramos con respecto a este acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos.

Por su parte, Brenda Pérez pone sobre la mesa los intentos que Bolivia ha realizado frente a la comunidad internacional para regular una sustancia que forma parte de su cultura: la hoja de coca, que también es la materia prima para la elaboración de cocaína. El caso de Bolivia sienta un precedente porque es un intento por preservar su autonomía frente a la comunidad internacional sin contradecir las Convenciones de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes.

Ambos casos reflejan las implicaciones que la política prohibicionista ha tenido de manera particular en las naciones que signan los acuerdos internacionales para el control de los estupefacientes.

El cuaderno 4 lo puedes descargar dando click aquí.

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El Reporte Mundial de Drogas 2014. Entre el reconocimiento y la negación.

Negación 1

Como cada año, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC) presenta un recuento de los principales indicadores de los resultados de la política de drogas a nivel global. Los resultados del Reporte Mundial de Drogas 2014, como todos los años, no son nada alentadores.

A la par que la UNODC reconoce el aumento del tráfico de Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA), presenta a la vez argumentos para justificar las dificultades de contener la producción y el comercio de estas drogas.

Uno de ellos señala, por ejemplo, que: “Si bien Internet sigue utilizándose para el tráfico de drogas y el comercio ilícito de precursores, ha venido aumentando el empleo de la llamada “red oscura”. Dicha red constituye un mercado virtual al que no se obtiene acceso buscando en la web y en el que resulta difícil para los organismos de represión identificar a los propietarios y usuarios de los sitios web, porque estos ocultan su identidad con métodos muy complejos. Ello convierte a la señalada “red oscura” en refugio seguro para los compradores y vendedores de drogas ilícitas…”. En otras palabras, la ONUDC acepta el fracaso en el intento de contener el comercio de drogas con la política convencional, pero no da visos de saber cómo mejorarla.

El Informe también señala que la disponibilidad de ETA continúa en aumento: tan solo las cantidades incautadas se incrementaron un 50% en 2 años. Un aumento de disponibilidad que, quizás en parte, explique el descenso en los índices de consumo de cocaínas fumables, en las regiones donde esto sucede.

Este aumento sugiere también la necesidad de monitorear la posible emergencia sanitaria que representan las ETA; algo que debería preocupar en México, dado que somos campeones en cuanto al número de laboratorios productores de estas drogas, mismas que se han establecido en la mayor parte del país, incluyendo el Distrito Federal.

La proliferación de éstos laboratorios también ha implicado la proliferación de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) en los mercados negros, las cuales pasaron de 251 en julio de 2012, a 348 en diciembre de 2013. El número de NSP en circulación supera ya al total de las sustancias psicoactivas sujetas a fiscalización: 234.

Otro elemento relevante de este informe refiere a los tratamientos para usuarios con dependencia. En su presentación, el Director Ejecutivo de la UNODC, Yuri Fedotov, señala los retos que implica la provisión de tratamientos para usuarios dependientes. Como ya ha sido documentado, éstos son inadecuados y muchas veces incluyen tratos crueles; por lo que parte de los retos de la provisión de tratamientos es que se apeguen a las normas.

Este es el caso de México, donde hay 2,027 centros residenciales registrados por el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, pero menos de 1 de cada 3 cumple con la Norma Oficial en la materia. Además, en múltiples centros residenciales del país se continúan practicando tratos indignos y degradantes hacia los internos, lo que incluye abusos que van de la privación de la libertad, hasta actos de tortura.

Por último, en lo que parece ser un acto desesperado por contrarrestar la ola de políticas de regulación en el mundo, la UNODC señala en el informe que la mayor parte de los delitos por uso personal se asocian al cannabis; lo cual no deja de ser una verdad de Perogrullo, en tanto la mayoría de los usuarios de drogas ilícitas son usuarios de cannabis.

Este dicho, sin embargo pareciera justificar la criminalización de usuarios de mariguana y los múltiples arrestos que de ésta se derivan, muchas veces bajo la figura de “posesión”. Nada más contradictorio con los derechos y el bienestar de las personas que la misma ONU dice defender.

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Apoye, no castigue

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El jueves 26 de junio se celebra, como todos los años desde 1988, el “Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”.

Vale la pena señalar la fecha, ya que en ese mismo año se firmó también la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, el tercero y último de los tres instrumentos que componen el sistema internacional de control de drogas.

No deja de resultar paradójico, en este sentido, que la ONU conmemore cada año la perpetuidad de una política punitiva que ella misma ha ayudado a sostener. La evolución de los tres tratados es significativa para comprender cabalmente las consecuencias del propio sistema de control a nivel global.

Mientras que en un principio la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 se propuso reunir todas las disposiciones internacionales sobre comercio de drogas desde fines del siglo XIX, finalmente se centró en el control de tres plantas maestras: amapola, coca y cannabis.

Sin embargo, la expansión del consumo de todo tipo de sustancias continuó acentuándose en poco tiempo, especialmente en las sociedades de consumo masivo. Por ello, en parte, la Convención Única fue enmendada por el Protocolo de Sustancias Psicoactivas de 1971, que amplió la gama de drogas sujetas a control internacional y profundizó en un abordaje más punitivo y moral, que apegado a criterios científicos y a los derechos humanos.

Finalmente, Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, como su nombre lo dice, se enfoca en disposiciones casi exclusivamente punitivas para combatir el mercado ilegal que, de un modo u otro, el propio sistema de control había creado, o por lo menos, escalado a nivel global.

Esta última convención propone el endurecimiento de las penas de los delitos contra la salud, entre ellos la posesión, lo que afecta de manera central los mercados locales de drogas. El enfoque de las políticas de drogas actuales ha dado resultados positivos muy limitados y consecuencia negativas de gran magnitud, por lo que se encuentra actualmente en entredicho el simbolismo original del día internacional contra las drogasy comienza también a cambiar la opinión pública mundial.

Ejemplo de ello es la campaña internacional Apoye, no castigue, en la que CuPIHD participa junto a miles de personas y muchas otras organizaciones en México y del mundo, que se centra en una idea sencilla: el uso de drogas debe atenderse como un fenómeno de salud y con apego a los derechos humanos, no a través del castigo y la represión indiscriminada.

La campaña tiene diversas formas de participación, todas muy sencillas y que se pueden encontrar en este vínculo. Además, registrándose aquí, es posible asistir a su lanzamiento en la Ciudad de México el día 26 de  junio. El objetivo es llamar la atención del daño que produce la criminalización y la estigmatización de los usuarios, pero también al resto de la sociedad.

Apoye, no castigue, llama a poner fin a la retórica punitiva de la política de drogas para comenzar a construir un enfoque más humano, más efectivo y más cercano a la salud y a la seguridad de todas las personas. Es momento de la acción. Participemos globalmente, actuemos localmente.

 

 

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¿Nuevos tiempos para la política de drogas en el país?

Steve CND

Foto: Steve Rolles

Aún es incierto afirmarlo, pero por primera vez en años pareciera asomar en los ámbitos públicos local, nacional e internacional, un tema que ya no es posible evitar con independencia de la posición  —personal o institucional— que se tenga, ante eventuales reformas en el área. Ya no se trata de “estar de acuerdo con el debate”, sino de asumir y defender posiciones en él con argumentos sólidos y evidencia empírica.

Y hay evidencia abrumadora de que los costos que implica sostener un enfoque moral que no admite el más mínimo cambio, una visión que se ha mantenido prácticamente inamovible en 50 años, ya no es inapelable, y ha dado paso a preguntarnos: ¿Qué hacer y cómo hacerlo?

No hay respuestas sencillas. La política de drogas no puede ser la única solución, por sí misma, a condiciones sociales, económicas y políticas estructurales que determinan también sus alcances y margen de acción.

Hasta donde hemos podido constatar, al menos en el terreno internacional, México no tiene una posición definida al respecto, pero su papel en la recientemente terminada Comisión de Estupefacientes (CND) de la Organización de las Naciones Unidas ha dejado en claro, a la comunidad internacional, que se debe reconocer la existencia de debates nacionales y regionales más allá de los márgenes de los órganos de control de la propia ONU (además de la CND, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito), autonombrados todos “guardianes de los tratados” en materia de drogas.

El viraje no es menor. Ante las terribles consecuencias sufridas por nuestro país debido al “sistema internacional de control”, la inexorable y progresiva regulación de la mariguana en los Estados Unidos, y el establecimiento de nuevas políticas hacia ella en Uruguay, las políticas de drogas han comenzado a dejar atrás posiciones morales inamovibles, para sustituirlas con algo más de realismo y pragmatismo.

Pero los desafíos aún son enormes. La Comisión de Estupefacientes es una bóveda hermética de Estados, impermeable al más mínimo cambio, mientras que la UNODC y la JIFE no se muestran nada dispuestos a que otras agencias, como la Organización Mundial de la Salud y los mecanismos de Derechos Humanos, intervengan en el tema de las drogas.

Este año, así, el papel de México se centró en hacer que la Declaración Ministerial Conjunta que abre la CND, incluyera un párrafo (No.11) en el que se reconociera un debate regional en curso; y en resaltar la importancia de considerar un mejor balance entre reducción de la oferta de drogas y políticas de salud hacia ellas; así como en proponer una resolución que delineara el camino a seguir para la organización de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 (UNGASS 2016) propuesta por México a fines de 2012, de modo tal que el proceso incluya la participación de otros cuerpos y órganos de la ONU, de distintos organismos regionales, como la OEA, y de la academia y la sociedad civil.

A duras penas, la propuestas mexicanas lograron colarse en medio de distintas muestras de insatisfacción, y evidentes intentos de bloqueo por parte de los países que prefieren el status quo por sobre todas las cosas.

A pesar de todos los obstáculos ahora, sin embargo, la puerta se mantiene abierta a nuevas visiones y experiencias. Una oportunidad que debemos estar dispuestos a aprovechar al máximo.

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El prohibicionismo global: adiós al sueño puritano

Disenso ONUPor más que muchos quieran voltear hacia otro lado, lo cierto es que hoy más que nunca el mundo demanda -y comienza a actuar- a favor de un cambio en el enfoque tradicional que encarna el sistema internacional de control de drogas, es decir, el del prohibicionismo, la “tolerancia cero”, la inflexibilidad, la criminalizacion  y la excepción a la vigencia de los derechos humanos cuando se trata de asuntos de drogas.

Lo anterior quedó revelado por el periódico inglés The Guardian con una nota por demás excepcional en materia del debate global de drogas: la filtración de un documento de la ONU -preliminar y en discusión- en el que se resalta la falta de consenso y los intentos de diversos países por abandonar el modelo exclusivamente represivo hacia ellas que han respaldado –e impuesto al mundo- los Estados Unidos y algunos de sus aliados en los últimos 50 años.

La nota no es menor. Durante los últimos 20 años al menos, diversos países han ido abandonando paulatinamente un enfoque represivo que no sólo no ha dado los resultados esperados por la propia comunidad internacional, sino que ha fomentado una gran cantidad de “consecuencias no intencionales” reconocidas ya por la propia ONU: crecimiento de organizaciones criminales locales y globales, violaciones de los derechos humanos, aparición de nuevas sustancias psicoactivas de peligrosidad aún indeterminada, desestabilización de las instituciones democráticas, violencia, estigmatización de usuarios, diseminación de enfermedades como el VIH-SIDA y la hepatitis C, dificultad para acceder a medicinas esenciales, y un largo etcétera.

Este abandono paulatino de un enfoque exclusivamente represivo al uso de drogas ha dado pie a una reflexión global sobre cómo trasladar la política desde un enfoque moral, hacia uno más pragmático y efectivo.

En este debate, el papel de los derechos humanos, de la bioética y de la ciencia médica tienen aún mucho qué decir, mientras que la política y los políticos se enfrentan a la inevitable necesidad de abordar un tema incómodo para la popularidad y el populismo. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, el prohibicionismo, hasta hace poco la única postura moralmente aceptable por la comunidad internacional, comienza a ser rechazado cada vez menos discretamente por muchos países.

La discusión se ha movido, así, de insistir en la inmovilidad absoluta y la negación terminante a cualquier alternativa de control, hacia cómo procesar un cambio impostergable con respecto a las drogas. Entre otras, flotan en el aire la regulación de la mariguana y de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), la introducción de servicios de reducción de riesgos y daños cuando la abstinencia no es posible, la descriminalización del uso de sustancias y el reconocimiento progresivo de que los usuarios tienen los mismos derechos que el resto de la población.

Este proceso, sin embargo, no está exento de inflexibles detractores que insisten en promover una suerte de excepcionalidad para el problema de las drogas, en la que intentan disfrazar la continuación del status quo a través de medidas supuestamente novedosas, como por ejemplo son los tribunales de drogas, un verdadero horror disfrazado de bondad; o bien la demonización de la mariguana mediante la manipulación de un lenguaje supuestamente científico.

Se percibe, así, que aun falta mucho por hacer para lograr un cambio verdadero en la política de drogas, tanto a nivel local como global. Para ello, sin embargo, en 2016 se llevará a cabo la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la ONU, en la cual habrán de debatirse, por primera vez, alternativas al enfoque inflexible del prohibicionismo. Y como ha sido desde la instauración del actual sistema de control, el principal obstáculo seguirá siendo la persistencia de una moral privada, hija del puritanismo decimonónico más rancio, que se empeña en negar la evidencia y la eficacia en aras de las buenas intenciones. Un camino del que, como reza el dicho, está empedrado el camino al infierno.

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Michoacán: el extremo de los daños colaterales

Michoacán

Hace apenas un par de décadas nadie lo hubiera pensado, pero la negativa de regular los mercados de mariguana ha generado enormes ganancias para aquellos grupos delictivos que luchan por mantener y/o aumentar los recursos económicos derivados del control de los centros de producción, las rutas del tráfico y los mercados de consumo.

Michoacán es hoy el ejemplo más grave. Sus condiciones geográficas no sólo han propiciado el cultivo ilegal de mariguana en parte de su territorio, sino también la importación ilegal de precursores químicos a través de sus costas. De hecho, el mercado negro de drogas químicas (especialmente las de tipo anfetamínico) representa ya mayores ganancias que el de la mariguana.

Para nadie es un secreto que los recursos que estos mercados generan han servido para armar a cientos de células criminales que, con base en su poder de fuego, han ido controlando y expandiendo –ellos sí- la producción, el tráfico y el mercado de las drogas.

Sin embargo, este mismo poder de fuego también ha servido para controlar otras actividades ilícitas y, ya pasados al extremo, lesionar directamente a la sociedad a través de extorsiones, cobros de piso, secuestros, violaciones y asesinatos, así como para derrocar al Estado –a través de controlar decenas de cuerpos de seguridad pública y los recursos de diversas dependencia municipales y locales-.

En otras palabras, las décadas de las mismas políticas antidrogas, basadas casi exclusivamente en el control policiaco de la oferta, han tenido como consecuencia colateral extrema la pérdida total de control estatal de buena parte de Michoacán, ahora en manos de grupos criminales, beneficiados económicamente de los mercados que el Estado se ha negado a regular, simplemente volteando hacia otra parte.

Por ello, es tiempo de pasar de la discusión sobre sí la mariguana es terapéutica o dañina para la salud pública o personal. Los daños colaterales que ha propiciado su prohibición sobrepasan los daños que su consumo pudiese tener.

Michoacán es el ejemplo extremo de los daños colaterales que, por cierto, han sido reconocidos en el Reporte Mundial de Drogas de 2009  por la misma Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC).

“El argumento más sólido contra el actual sistema internacional de control de drogas no estriba en el costo económico de su instrumentación, ni siquiera en su efectividad para reducir la disponibilidad de drogas. Estriba en la violencia y la corrupción asociada a los mercados ilegales. El problema principal del sistema de control no se encuentra en las limitaciones de los esfuerzos encaminados a suprimir el uso de drogas, una aspiración similar a las de eliminar la guerra o la pobreza. El problema se encuentra en que, al perseguir estas metas, el sistema ha enriquecido a criminales que asesinan y corrompen en los países productores, así como en aquellos que sirven de tránsito de las drogas hacia los países consumidores.”

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La vergüenza de México

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Uno de los últimos actos políticos de alcance internacional de la pasada administración llamó la atención por el viraje sustancial que implicó con respecto a todo el sexenio: junto a otros dos Estados -Guatemala y Colombia- México propuso una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas, debido a los pocos resultados positivos arrojados en las últimas décadas por el sistema actual de control para ellas. “La Organización de las Naciones Unidas debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado”, decía la petición que fue aceptada para 2016.

La propuesta, que parece muy pertinente para un país como México y para una región Latinoamericana profundamente afectada por la llamada “guerra contra las drogas”, fue considerada con buenos ojos por la mayoría de los países de la comunidad internacional, aunque no por los Estados Unidos y algunos aliados que, sin embargo, no pudieron hacer nada para evitarla.

Hasta aquí todo bien. Pero apenas el viernes 11 recibimos una nueva sorpresa de parte del gobierno mexicano: discretamente y sin hacer publicidad alguna, México se unió en Nueva York, mediante documento oficial, a otros 14 países del mundo (EEUU, Alemania, Reino Unido, Rusia y Suecia, entre otros) para rechazar la petición de reingreso de Bolivia a la Convención sobre Estupefacientes de 1961, país que hace un año solicitó una modesta enmienda: diferenciar entre la hoja de coca y la cocaína, para así garantizar el derecho del pueblo boliviano a mascar la planta, una práctica milenaria en toda la región de los Andes. Afortunadamente, los objetores no lograron el número necesario para bloquear a ese país.

México fue el único país de América Latina en rechazar la propuesta boliviana; pero para mayor vergüenza -o tal vez lo más inquietante para nuestra política exterior en materia de drogas- son los motivos oficialmente expuestos: se reitera el reconocimiento de “los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus usos y costumbres”, pero se advierte también que “La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes es un instrumento de alcance universal entre cuyos objetivos se encuentra la preservación de la salud humana. México está convencido que sólo manteniendo su integridad se alcanzarán sus propósitos”.

¿Por fin? ¿Creemos que es imprescindible un cambio para adecuar el régimen internacional a las nuevas circunstancias y mejorarlo; o bien consideramos que cualquier cambio pone en riesgo todo el sistema de control?

Al parecer, nuestro actual gobierno tendrá que cantinflear intensa y largamente para explicar a la comunidad internacional, y también a la sociedad mexicana, cómo es que se puede estar a favor del sí y del no al mismo tiempo. Por lo pronto, en política de drogas, los mexicanos ya tenemos un motivo para desconfiar de nuestro propio gobierno.