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Tag Archives: Tratamiento

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Aplausos lejanos

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En días previos, el gobierno de México recibió el premio Europeo de Prevención de Drogas 2014, por el proyecto Jóvenes en Acción para la Prevención. Este premio lo ofrece el Grupo de Cooperación para Combatir el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas del Consejo de Europa (Grupo Pompidou), conocido por su respaldo a las políticas de Tolerancia Cero.

El galardón fue entregado al Comisionado Nacional contra las Adicciones, Dr. Mondragón y Kalb, aunque bien a bien no se sabe por qué lo recibió éste a nombre del gobierno mexicano, toda vez que el proyecto corresponde una Asociación Civil, los Centros de Integración Juvenil (CIJ) y no directamente al gobierno o alguna dependencia del Estado. Y tampoco se entiende por qué se otorgó el premio a México, si el reconocimiento se refiere a prevención en el consumo de drogas, ya que según cifras oficiales el número de usuarios creció de unos 1,050,000 en 2008, a 1,200,000 en 2011; esto es, 150,000 usuarios en tres años, o bien un crecimiento anual de 5 puntos porcentuales. Nada que celebrar.

Del mismo modo, la más reciente encuesta de consumo de drogas entre estudiantes de nivel medio de la Ciudad de México refleja que el uso de drogas en esta población tuvo un incremento superior al 25% entre 2009 y 2012, y del 50% en el caso de la marihuana, cuyo consumo pasó de 8,1% a 12,2% de los estudiantes en el mismo período. Justo cuando el Dr. Mondragón, como jefe de la policía, estuvo a cargo de combatir la oferta de drogas en la ciudad de México.

Más allá de los premios a los hechos, e incluso a las buenas intenciones, la realidad de los usuarios de drogas es cada vez más complicada. En México hay cientos, sino es que miles supuestos centros de tratamiento en los que los abusos y las violaciones a los derechos humanos no sólo son cotidianos, sino incluso centrales en la prácticas que tales centros realizan.

El Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic) ha reconocido, por ejemplo, que son más de 2000 los centros que ofrecen tratamiento en internamiento en el país, y al mismo tiempo, la Secretaría de Salud admite que sólo 433 cumplen con los criterios mínimos de la norma. Según éstas cifras, por lo tanto, sólo 1 de cada 4 centros cumple con la norma oficial en la materia.

Realizado por Cupihd, el video ¡Ay Padrino! ¡No me ayudes! recopila testimonios de abusos y violencia hacia los usuarios de drogas que son internados en estos centros de tratamiento, muchas veces en contra de su propia voluntad, y en los que es común encontrar personas que no tienen dependencia por las drogas que consumen: según los propios datos oficiales, menos de la mitad de quienes son internados en centros de tratamiento padece una posible dependencia (Conadic, 2011).

Como se mencionó, es común encontrar en tales centros usuarios que, independientemente de su patrón de consumo, son internados de forma involuntaria, frecuentemente con base en mentiras de sus parientes o llevados a la fuerza por militantes de estos grupos.

Pese a que muchas de estas anomalías son oficialmente reconocidas, en todo México continúan sucediendo casos de abusos y malas prácticas, en un contexto discriminatorio hacia todo usuario de drogas, que complica también el ejercicio del derecho a la salud para las personas con consumo problemático de sustancias.

Regular de manera efectiva a los centro de tratamiento que no cumplen con la norma oficial sería un gran motivo para el reconocimiento a la Conadic, y no sólo de una organización europea, sino de toda la sociedad mexicana.

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Los anexos de la política de drogas

Rehabilitación de drogas MazatlánLa agenda política continúa excluyendo programas de salud que brinden servicios de calidad a las personas con dependencia a drogas. Al reiterar la importancia de los programas de prevención del consumo, las autoridades en la materia se han olvidado de cubrir los servicios de salud a la población que usa drogas, con lo que en los hechos las discrimina, al tiempo que omite la responsabilidad que le confiere la Constitución en su Artículo 4º.

Los datos así lo muestran: el sistema oficial de salud cubre menos del 5% de la demanda de atención por consumo problemático de drogas, por lo que la inmensa mayoría de tratamientos lo continúan ofreciendo particulares, que suelen no contar con recursos ni apoyos oficiales para la realización de sus actividades. Incluso, muchos centros de tratamiento ni siquiera cuentan con las garantías mínimas para sus actividades.

Los casos extremos se encuentran en aquellos centros que no cuentan con el apoyo del Estado para cubrir el derecho a la seguridad de los internos. Un caso reciente es el de la masacre ocurrida en el Centro de rehabilitación “La Victoria”, en Torreón, Coahuila, donde hubo 11 muertes y una decena de heridos por el ataque de un comando armado. Los hechos no solo evidencian la impunidad con que se realizan masacres a plena luz del día (17:30 horas), sino que muestran la inacción institucional para proteger la seguridad de los centros de rehabilitación y, con ello, la de los internos. Cabe recordar que en años recientes ya han acontecido cuando menos cinco ataques a centros de este tipo en diversas ciudades del norte del país.

Pero la política de tratamiento no sólo obvia la seguridad de los centros y sus internos, también olvida la supervisión del cumplimiento de la norma oficial (NOM 028). Ejemplo de esto último es la violencia con la que se continúa tratando a los internos en algunos centros de rehabilitación: un caso grave y reciente ocurrió este fin de semana en ciudad Nezahualcoyotl, donde un interno murió. Según la nota habría sido golpeado por los “padrinos” del centro, y si bien no se aclara si la muerte fue causada por los golpes o como resultado de una combinación de los golpes con la condición física del interno, si deja ver que la violencia está lejos de ser erradicada de los centros de rehabilitación.

En este sentido, se puede decir que la estrategia no ha cambiado. Es por esto que señalamos que la política de tratamiento para personas con uso problemático de drogas continúa estando en el cajón anexo del escritorio en que laboran las autoridades en materia de adicciones.

El Consejo Nacional contra las Adicciones debería coordinar una política de drogas eficiente, y que cumpla con el mandato que la constitución señala. Eficiente en contener el abuso y la dependencia a las drogas, pero también en proveer tratamiento digno y de calidad a los usuarios con problemas derivados del consumo de las mismas o, cuando menos, para subrogar la atención de las adicciones a organizaciones que cumplan con la norma, y supervisar su cumplimiento.

Una posibilidad de cumplir con la sociedad es ofrecer alternativas de tratamiento a las personas con problemas por consumo, pero es importante empezar por ofrecer a parientes y amigos de personas que abusan o dependen de drogas información sobre centros donde se ofrece ayuda de calidad y con respeto a los derechos de los pacientes, así como herramientas para reconocer el tipo de ayuda que se requiere, pues no todo es prevención, ni todo usuario requiere internamiento.

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Los Tribunales de drogas… otra vez

La semana previa, durante su visita a Washington, nuestro Secretario de Gobernación señaló que se destinarán mayores recursos de la Iniciativa Mérida a proyectos de prevención del delito y justicia penal. En el mismo sentido, el subsecretario de prevención y participación ciudadana de la misma secretaría, señaló haber percibido un interés genuino de los Estados Unidos para apoyar la política de “Cortes de drogas”. Al respecto, hay que hacer notar que estas Cortes o tribunales de drogas son un esquema que se ha difundido en años recientes tanto en ciudades de Estados Unidos como de Latinoamérica, con éxitos muy relativos. En México, sin embargo, y a diferencia de los Estados Unidos y otros países, el consumo de drogas no es un delito en sí mismo, una característica esencial para entender por qué tal sistema no es una alternativa recomendable para México.En general, el modelo de las cortes de drogas permite a presuntos delincuentes detenidos por primera vez, por delitos no graves cometidos bajo el influjo de sustancias, conmutar la pena de cárcel por tratamiento contra las adicciones. Este sistema —se dice— ayuda entre otras cosas a: 1) disminuir el consumo de drogas, 2) disminuir el índice delictivo y 3) descongestionar el sistema carcelario. O al menos esa es la intención declarada en la iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa bajo el nombre de Ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones en el Distrito Federal. Sin embargo, es necesario considerar que, al menos en el caso de México, (Monterrey donde se ha implementado el programa hasta ahora) no se ha demostrado que ninguno de esos supuestos suceda. Si consideramos que según el más reciente Informe mundial sobre las drogas, sólo entre el 10 y 20% de los usuarios de drogas llega a incurrir en consumo problemático, y que de éstos no se sabe qué proporción llega a delinquir, podemos deducir que el modelo no impactará realmente en el objetivo de disminuir el consumo, ni el delito, mucho menos la sobrepoblación carcelaria.El caso de Monterrey, durante los años recientes, es significativo, ya que no se ha demostrado una disminución del índice delictivo. De los 103 primeros admitidos, sólo 18 habían concluido su tratamiento, y ello a pesar de los estrictos criterios de admisión al mismo. Por el contrario, la experiencia ha mostrado que este es un enfoque poco sostenible en términos de costo beneficio.

Además, en tanto los delitos no graves son merecedores de fianza —aún más en el caso de primodelincuentes— la alternativa parece no ser la adecuada. El tratamiento no debe ser considerado un beneficio, sino un derecho. En este sentido, es mejor alternativa cumplir con la ley del nuevo sistema penal en todo el país, de modo que se evite lo más posible la prisión preventiva, pues los acusados no sentenciados continúan conformando la mitad de los presos a nivel nacional.

Otro riesgo de las Cortes de drogas es que pueden ser utilizadas por delincuentes no dependientes de ellas; por ejemplo, ladrones de autopartes podrían consumir alguna droga para asegurarse de dar positivo el antidoping en caso de ser aprehendidos, y argumentar que el robo fue a causa de su consumo.

En resumen, si bien es necesario admitir que alternativas como las cortes o tribunales de drogas pueden funcionar en algunos casos de uso problemático, la realidad es que éstas deben adaptarse a las condiciones y realidades de las sociedades en que se establezcan, a modo de limitar los riesgos que cualquier uso de drogas conlleva. Pero no en la nuestra.