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Tag Archives: Tribunales de drogas

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El reto de la Conadic

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Hace unos días, después de meses de estar acéfala, se anunció el nombramiento del Dr. Mondragón y Kalb como comisionado de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

No son pocos los retos del nuevo comisionado. La Conadic tiene entre sus encomiendas, derivadas de la reforma legal de 2011, la de impulsar una red de centros de tratamiento de las adicciones y divulgar los diagnósticos sobre la situación que prevalece en el país en esta materia; además de la coordinación intersectorial y elaborar anteproyectos en materia de adicciones como el Programa contra el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas, y el Programa Nacional para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia.

Pero estas disposiciones no son obstáculo para que los derechos de los usuarios especialmente el acceso a servicios de salud de calidad y a la no discriminación, en la práctica sean constantemente vulnerados, y en algunos casos gravemente.

El Cenadic afirma que 1 de cada 4 centros que cuentan con servicios de internamiento cumple con la norma, pero también que se han supervisado menos de la mitad de los que hay registrados.

Bajo este esquema, el 75% de los centros de tratamiento registrados no ha cumplido con la norma, si bien en distintos grados. No es lo mismo, desde luego, tener carencias en las instalaciones, que practicar métodos violatorios de los derechos humanos de los internos, al grado de cometer actos de tortura. Pero el hecho es que el Estado no ha logrado poner en orden una oferta de servicios, generalmente privada o civil, en la que los abusos se encuentran a la orden del día. Es decir, en materia de tratamiento, el país tiene un déficit en la oferta y la calidad del mismo para la mayoría de los usuarios problemáticos de drogas, legales o ilegales.

El primer gran reto de la nueva Conadic es, por lo tanto, hacer cumplir la norma a todos los centros de atención y tratamiento de usuarios de drogas.

Pero además, el Gobierno Federal se ha propuesto ampliar la instalación de Tribunales de Tratamiento de Adicciones –versión mexicana de las Cortes de drogas norteamericanas, política que se originó durante el pasado sexenio. Estos tribunales suponen perpetuar, en el ámbito penal al uso de sustancias o cualquier acto consustancial al consumo, como un delito en sí mismo.

En el caso de los usuarios de drogas, el delito al que se encuentran más expuestos de ser acusados, es el de posesión simple –sin fines de comercio-. Durante el periodo en el que el Dr. Mondragón fue Jefe de la policía de la ciudad de México, por ejemplo, la dependencia a su cargo detuvo, por posesión de drogas, a 31,200 personas entre 2009 y 2012. Es decir, en cuatro años se detuvo por posesión a una persona por cada cuatro usuarios habituales de la ciudad de México -112,000 aproximadamente, según datos de la ENA 2011.

Así, pese a que el Estado no ha podido garantizar el derecho al tratamiento para los usuarios problemáticos, ahora propone que se brinde tratamiento coaccionado, a usuarios acusados de algunos delitos consustanciales al consumo, y muy especialmente la posesión.

El segundo reto del nuevo comisionado consistirá, en consecuencia, en hacer que los usuarios detenidos en posesión de drogas y procesados por ello, adopten un tratamiento contra las adicciones. El hecho de que el doctor Mondragón sea médico y policía parece apuntar claramente el rumbo que toma esta administración frente al uso de drogas.

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Crónica de una sentencia anunciada: tribunales de drogas

Doble cara

Con bombo, platillo y concurrencia del Gobierno Federal, ayer se anunció la puesta en marcha de un nuevo dispositivo de impartición de justicia en el estado de Morelos: los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA).

Estos tribunales, especializados en procesar a usuarios de drogas, fueron ideados en los Estados Unidos durante la epidemia de crack de la década de los ochenta, y forman parte de la estrategia general actual de ese país: la tercera vía, un enfoque que promueve políticas de drogas que agregan aspectos sanitarios al solamente represivo.

Desde hace algunos años, los tribunales de drogas se han difundido en la región. En parte porque es un modelo que se nos ha vendido como un recurso eficaz para enfrentar el consumo de drogas, la violencia, el delito y la sobrepoblación carcelaria. Todo al mismo tiempo, y bajo la premisa moral de que los “usuarios de drogas no merecen la cárcel por cometer delitos menores y no violentos, sino tratamiento”.

Lamentablemente, no sólo la presión norteamericana ha hecho posible el avance de estos tribunales, sino también que distintos gobiernos, nacionales y locales han abrazado ciegamente la nueva estrategia.  

En principio, los TTA parecieran partir de una base que pensamos compartida. Es imposible no estar de acuerdo en explorar sanciones alternativas ante la comisión de delitos menores. Todos reconocemos que las cárceles no cumplen con sus propósitos de reinserción social, y en cambio son sumamente contraproducentes para la propia seguridad pública.

Pero el dispositivo se basa en una premisa no sólo endeble, sino abiertamente sesgada: el consumo de drogas conduce directamente al delito. ¿Cuáles drogas, qué delitos, cuál es el vínculo? Ni un solo dato que respalde la premisa.

Las dinámicas sociales de consumo entre usuarios intensivos de alcohol, mariguana, estimulantes o depresores son muy distintas. Suponer que todas ellas por igual incitan a conductas delictivas es un estigma discriminatorio que no solo pesa aún fuertemente sobre los usuarios, sino que ahora se pretende institucionalizar jurídicamente. El sistema en realidad coloca al usuario en riesgo de ser penalizado por lo único que no lo estaba: el consumo personal. Desde luego, el consumo problemático de drogas es un tema de consideración para la seguridad de cualquier comunidad. En el caso del alcohol, por ejemplo, se ha probado su relación con muchos tipos de violencia -familiar y otras- así como con accidentes, muchos de ellos graves. 

Pero cabe preguntarse, si el tratamiento es un derecho sea la persona un delincuente o no ¿Por qué construir un sistema de justicia alterno para hacer efectivo ese derecho y sólo para ciertas personas que el sistema mismo elige? Nuevamente, el estigma y la discriminación disfrazadas de bondad.

Adicionalmente, la experiencia concreta de nuestro país con este sistema demuestra que, como respuesta a los problemas que pretenden resolver, los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA) dejan mucho qué desear. De enero de 2009 a mayo de 2012, en Nuevo León, por ejemplo, estado pionero en Tribunales para el Tratamiento de Adicciones (TTA) se habían admitido 103 casos. 68% de ellos por uso problemático de alcohol, y la mayoría por violencia familiar y accidentes. Los egresados certificados del programa habían sido 18, en tres años y medio de operación. ¿Disminución del consumo, prevención del delito, descongestionamiento de cárceles?

En el fondo, los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones no ocultan en su propio nombre, su verdadera intención: Hacer pasar  todo uso de drogas como problemático y delictivo, con el fin de determinar cómo se debe castigar –con cárcel o abstinencia- a los “beneficiarios” del sistema: como delincuentes o como enfermos.

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Narcomenudeo en las Américas

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Pareciera que las perspectivas sobre las políticas de drogas en el mundo están cambiando. Algunos países de las Américas se encuentran ahora ante una realidad antes poco reconocida: el crecimiento de los mercados locales de drogas en toda la región.

Y después de décadas de políticas dirigidas casi exclusivamente a interceptar grandes cantidades de drogas con dirección hacia el norte, las autoridades nacionales se cuestionan ahora, también, cómo enfrentar los mercados propios.

La semana anterior tuvo lugar el 55 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD) organismo especializado en drogas de la OEA. Varios fueron los temas tratados.

Las delegaciones nacionales analizaron el tráfico en pequeñas cantidades, lo que en México se conoce como narcomenudeo; nuestro mercado interno.

El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de Colombia –país que ocupa la presidencia de la CICAD-, Fernando Ruiz Gómez, señaló que: “La primera conclusión que resulta de las deliberaciones consiste en la necesidad de generación de conocimiento sobre el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo cual no ha sido estudiado de manera suficiente, como fenómeno particular, complejo y multi-causal, que afecta a todos los países del hemisferio”.

La autoridad colombiana sostuvo que la experiencia ha demostrado la imposibilidad de contener el mercado de pequeñas cantidades mediante el mero combate a la oferta, y resaltó la importancia de actuar hacia la reducción del daño que el microtráfico genera en nuestras sociedades.

Y es que, al igual que en México, los mercados de drogas de América Latina no sólo han crecido y permanecen a pesar de las políticas de control de la oferta, sino que son cada vez más diversos y lucrativos.

A los ya tradicionales mercados de mariguana y cocaínas – y de heroína en ciertos países-, se han sumado los de estimulantes de tipo anfetamínico, drogas psicodélicas y de diseño e incluso de drogas médicas de comercio restringido, además de los disolventes inhalables.

Los debates sostenidos en la CICAD señalaron que los grupos dedicados al tráfico internacional de drogas han fortalecido su influencia en los mercados locales, y que a su vez éstos controlan parte importante de los distribuidores al menudeo en distintas ciudades del hemisferio.

Pero esos mismos debates revelaron que ni autoridades nacionales ni locales han logrado contener el crecimiento de un fenómeno delictivo que se adapta con facilidad a las políticas de control de la oferta, y lo mismo florecen grupos que distribuyen drogas en zonas abiertamente marginadas de las ciudades, que distribuidores móviles que entregan a domicilio o en determinados espacios de consumo.

Las sesiones de la CICAD también incluyeron debates sobre los desafíos y los posibles impactos de la regulación del cannabis en el Continente, con enfoque especial en los casos de Colorado y Uruguay. Es importante tomar nota de tales experiencias, dado que aportan a la discusión elementos importantes para la reflexión sobre prácticas impositivas, generación de empleos y de actividad económica. Incluso se habló de las dificultades que presenta el cultivo doméstico para controlar la calidad que requiere el uso terapéutico.

Finalmente, otro tema importante en la CICAD fue el de las cortes de drogas o tribunales de tratamientos de adicciones, que son presentados como una alternativa para descongestionar cárceles, evitar el delito y disminuir el consumo de drogas en la sociedad, pero cuya instrumentación también ha generado numerosas suspicacias y desconfianza entre la sociedad civil de la región.

La CICAD ha sido tradicionalmente un espacio dominado por políticas muy conservadoras hacia las drogas, especialmente las de los Estados Unidos. Ahora, sin embargo, la omnipresencia de éstas en todo el Continente, obliga a los países a replantear estrategias y prioridades.

En relación al narcomenudeo, por lo pronto, las conclusiones parecieron claras:

Contener los mercados locales y la disponibilidad de drogas no ha sido posible, ni es realista.

Es necesario, entonces, crear o redirigir políticas para contener los impactos más negativos de los mercados locales: la violencia, y el abuso en el consumo. No se trata ya de combatir la existencia del mercado mismo, sino de enfocar esfuerzos en sus efectos más negativos, tanto en las personas como en sus comunidades.

Una idea mucho más razonable, pero a la que aún le falta comprensión y decisión política.

 

 

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Los Tribunales de drogas… otra vez

La semana previa, durante su visita a Washington, nuestro Secretario de Gobernación señaló que se destinarán mayores recursos de la Iniciativa Mérida a proyectos de prevención del delito y justicia penal. En el mismo sentido, el subsecretario de prevención y participación ciudadana de la misma secretaría, señaló haber percibido un interés genuino de los Estados Unidos para apoyar la política de “Cortes de drogas”. Al respecto, hay que hacer notar que estas Cortes o tribunales de drogas son un esquema que se ha difundido en años recientes tanto en ciudades de Estados Unidos como de Latinoamérica, con éxitos muy relativos. En México, sin embargo, y a diferencia de los Estados Unidos y otros países, el consumo de drogas no es un delito en sí mismo, una característica esencial para entender por qué tal sistema no es una alternativa recomendable para México.En general, el modelo de las cortes de drogas permite a presuntos delincuentes detenidos por primera vez, por delitos no graves cometidos bajo el influjo de sustancias, conmutar la pena de cárcel por tratamiento contra las adicciones. Este sistema —se dice— ayuda entre otras cosas a: 1) disminuir el consumo de drogas, 2) disminuir el índice delictivo y 3) descongestionar el sistema carcelario. O al menos esa es la intención declarada en la iniciativa presentada ante la Asamblea Legislativa bajo el nombre de Ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones en el Distrito Federal. Sin embargo, es necesario considerar que, al menos en el caso de México, (Monterrey donde se ha implementado el programa hasta ahora) no se ha demostrado que ninguno de esos supuestos suceda. Si consideramos que según el más reciente Informe mundial sobre las drogas, sólo entre el 10 y 20% de los usuarios de drogas llega a incurrir en consumo problemático, y que de éstos no se sabe qué proporción llega a delinquir, podemos deducir que el modelo no impactará realmente en el objetivo de disminuir el consumo, ni el delito, mucho menos la sobrepoblación carcelaria.El caso de Monterrey, durante los años recientes, es significativo, ya que no se ha demostrado una disminución del índice delictivo. De los 103 primeros admitidos, sólo 18 habían concluido su tratamiento, y ello a pesar de los estrictos criterios de admisión al mismo. Por el contrario, la experiencia ha mostrado que este es un enfoque poco sostenible en términos de costo beneficio.

Además, en tanto los delitos no graves son merecedores de fianza —aún más en el caso de primodelincuentes— la alternativa parece no ser la adecuada. El tratamiento no debe ser considerado un beneficio, sino un derecho. En este sentido, es mejor alternativa cumplir con la ley del nuevo sistema penal en todo el país, de modo que se evite lo más posible la prisión preventiva, pues los acusados no sentenciados continúan conformando la mitad de los presos a nivel nacional.

Otro riesgo de las Cortes de drogas es que pueden ser utilizadas por delincuentes no dependientes de ellas; por ejemplo, ladrones de autopartes podrían consumir alguna droga para asegurarse de dar positivo el antidoping en caso de ser aprehendidos, y argumentar que el robo fue a causa de su consumo.

En resumen, si bien es necesario admitir que alternativas como las cortes o tribunales de drogas pueden funcionar en algunos casos de uso problemático, la realidad es que éstas deben adaptarse a las condiciones y realidades de las sociedades en que se establezcan, a modo de limitar los riesgos que cualquier uso de drogas conlleva. Pero no en la nuestra.